España afronta una realidad de trata y explotación sexual de enormes dimensiones que, al mismo tiempo que permanece en buena medida oculta, está transformándose con rapidez. Las organizaciones especializadas advierten de que las redes criminales están desplazando progresivamente la explotación desde los espacios tradicionalmente asociados a la prostitución hacia pisos privados, viviendas turísticas, hoteles y plataformas digitales, dificultando tanto la detección de las víctimas como la intervención policial y social.
El informe La trata y la explotación sexual en España 2026. Una mirada desde la evidencia y la experiencia, elaborado por FIET con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, sitúa en más de 200.000 el número de mujeres víctimas de trata o explotación sexual en España. El documento combina datos oficiales con la experiencia de profesionales de la atención psicológica, jurídica y social y testimonios de mujeres que han conseguido salir de situaciones de explotación.
La dimensión de la demanda ayuda a explicar la magnitud de un negocio que, según FIET, encuentra en España uno de sus principales mercados. El informe señala que el 27,5 % de los hombres reconoce haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales, mientras sitúa a España como el primer país europeo y el tercero del mundo en demanda de prostitución y consumo de sexo de pago, por detrás de Puerto Rico y Tailandia.
Una explotación que cambia de escenario
La imagen tradicional de la trata vinculada a grandes clubes o establecimientos visibles resulta cada vez menos suficiente para comprender el fenómeno. FIET describe un progresivo desplazamiento hacia viviendas particulares, pisos turísticos y hoteles, espacios donde las inspecciones y el seguimiento de las posibles víctimas resultan mucho más complejos. A ello se suma una creciente movilidad territorial: las mujeres son trasladadas de unas ciudades y provincias a otras mediante la práctica conocida como «hacer plaza», dificultando que construyan redes de apoyo y que los equipos especializados puedan mantener un seguimiento continuado.
FIET describe un progresivo desplazamiento hacia viviendas particulares, pisos turísticos y hoteles, espacios donde las inspecciones y el seguimiento de las posibles víctimas resultan mucho más complejos.
La tecnología ha añadido una nueva capa de invisibilidad. Las redes sociales y otras plataformas sirven para captar mujeres, anunciar servicios y mantener formas de control a distancia, al tiempo que permiten presentar determinadas situaciones de explotación bajo una apariencia de normalidad. El informe destaca que la digitalización afecta a prácticamente todo el proceso, desde la captación hasta la publicidad y el control.
La dimensión digital también alcanza a menores y adolescentes. FIET recoge que uno de cada cuatro jóvenes menores de 12 años consume pornografía y que el 33,5 % de los jóvenes afirma haber mantenido contacto en internet con una persona adulta con fines sexuales. La organización relaciona esta exposición temprana con modelos de sexualidad marcados por la cosificación y advierte, además, de una evolución hacia prácticas sexuales más violentas dentro de la demanda.
La vulnerabilidad empieza mucho antes
El informe insiste en que la trata no suele aparecer de manera repentina. La pobreza, la exclusión social, la violencia sufrida durante la infancia, las relaciones violentas, la dependencia económica, la maternidad temprana o las responsabilidades familiares pueden configurar un escenario de vulnerabilidad que posteriormente es aprovechado por las redes. Las falsas ofertas de empleo, las promesas de estabilidad económica y las relaciones de confianza constituyen algunos de los mecanismos de captación descritos por los equipos especializados.
El perfil predominante recogido por FIET es el de una mujer de entre 25 y 35 años, de nacionalidad colombiana y en situación administrativa irregular. Colombia representa el 44,32% de las principales nacionalidades identificadas, seguida de Venezuela, con un 10,94 %, y Paraguay, con un 8,82 %.
La dependencia económica puede convertirse además en un obstáculo para escapar. FIET calcula que el 95 % de las mujeres atendidas sostiene económicamente a sus familias desde España, una circunstancia que puede hacer todavía más difícil romper con las redes cuando existen hijos o familiares a cargo.
Salir de la explotación tampoco supone el final del problema. El informe recoge que más del 60 % de las mujeres en situación de prostitución padece algún trastorno de salud mental, mientras un estudio de la Universidad Pontificia de Salamanca sitúa en el 68 % las que sufren estrés postraumático. FIET señala, además, que ha aumentado un 20 % el número de mujeres que atiende con problemas graves de salud mental.
Más víctimas identificadas, más organizaciones criminales
Los datos oficiales correspondientes a 2025 muestran también un incremento de las víctimas identificadas. Los cuerpos policiales detectaron 1.869 víctimas de trata y explotación sexual o laboral, un 4% más que en 2024. De ellas, 771 correspondieron a trata o explotación sexual, entre las que había 15 menores. La trata sexual aumentó un 46% respecto al año anterior y la explotación sexual un 6%.
Durante ese mismo año se realizaron 1.734 inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución y fueron identificadas 7.830 personas en situación de riesgo. Las operaciones contra la trata y la explotación sexual se saldaron con 656 detenidos y permitieron identificar 87 organizaciones criminales, la cifra más elevada de los últimos cinco años.
La respuesta judicial, sin embargo, continúa enfrentándose a importantes dificultades. En 2025 se iniciaron 181 procedimientos por trata de seres humanos y 110 por explotación sexual. En los procedimientos por trata con fines de explotación sexual se dictaron 14 sentencias condenatorias por trata, cuatro condenatorias por otros delitos y siete absolutorias. FIET señala que aproximadamente la mitad de los acusados por delitos de explotación sexual resultan absueltos.
A ello se suma la duración de los procedimientos. Según la experiencia de los profesionales recogida en el informe, un proceso penal por trata puede prolongarse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo, muchas víctimas permanecen en una situación de incertidumbre administrativa y deben enfrentarse en distintas fases del procedimiento a la reconstrucción de experiencias traumáticas.
Una protección que todavía depende demasiado de la denuncia
FIET identifica como uno de los principales problemas del sistema que la denuncia continúe siendo, en la práctica, la principal vía de acceso a los mecanismos de protección para las víctimas extranjeras de trata: más del 90 % accede a ellos mediante esta vía. La consecuencia es que muchas mujeres deben decidir entre enfrentarse a las redes que las explotan o permanecer en una situación de extrema vulnerabilidad administrativa.
La organización reclama por ello que el reconocimiento como víctima permita acceder a recursos asistenciales y garantías administrativas sin que la protección quede condicionada a la presentación de una denuncia. También plantea reducir la reiteración de declaraciones, reforzar la especialización judicial y establecer recursos estables que permitan a las mujeres reconstruir su autonomía mediante vivienda, atención psicológica, formación e inserción laboral.
En este sentido, FIET reclama una Ley Integral contra la Trata que termine con la actual dispersión normativa y permita coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad, fiscalía, órganos judiciales y entidades especializadas. El informe plantea además reformas del Código Penal para facilitar la persecución de la explotación, reforzar la actuación contra quienes obtienen beneficios de ella y reducir las dificultades probatorias asociadas a la investigación.
Una ley que sigue pendiente
La aprobación de una ley integral continúa siendo una reivindicación central de las organizaciones especializadas. El Gobierno incluyó en 2026 la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos en su Plan Anual Normativo, con el objetivo de transponer la nueva directiva europea y establecer por primera vez un marco conjunto para las distintas formas de trata y explotación.
El Ejecutivo ya había aprobado anteproyectos en 2022 y 2024, pero la norma no ha culminado todavía su tramitación parlamentaria. En 2026 sigue figurando, por tanto, como una iniciativa normativa pendiente y no como una ley en vigor.
Mientras tanto, las organizaciones que trabajan sobre el terreno reclaman que la respuesta no se limite a perseguir a las redes criminales. Su experiencia apunta a la necesidad de actuar simultáneamente sobre la prevención, la protección, la recuperación de las víctimas y las condiciones sociales que permiten que la explotación encuentre mujeres en situación de vulnerabilidad y una demanda dispuesta a pagar por ella.
El propio informe de FIET concluye que la trata sexual no puede abordarse únicamente desde la actuación policial o judicial. La organización vincula su persistencia con la desigualdad, la violencia previa, la normalización del consumo de prostitución, el maltrato sistémico a las personas migrantes y la exposición de niños y adolescentes a modelos de sexualidad basados en la cosificación. Frente a ello, plantea una transformación que combine protección efectiva, recursos para las supervivientes, educación en igualdad y una respuesta institucional capaz de adaptarse a unas redes criminales que también han aprendido a cambiar de forma.
