Pisto líquido, raciones escasas, alimentos en mal estado y niños que salen del comedor con hambre. Las quejas de las familias andaluzas han puesto en el centro del debate la gestión de los comedores escolares públicos, cada vez más concentrada en manos de grandes empresas de catering.
La multinacional Mediterránea, adquirida el pasado marzo por el grupo francés Sodexo, gestiona ya 606 comedores externalizados en Andalucía, el 42% del total, y acumula reclamaciones en varias provincias. La Junta ha abierto un expediente sancionador por deficiencias detectadas en 21 colegios de Córdoba.
El problema, sin embargo, va más allá de una empresa. Según un diagnóstico de la organización Justicia Alimentaria, más del 80% de los comedores escolares externalizados está en manos privadas y el número de empresas que prestan el servicio ha pasado de 21 en 2019 a solo nueve. Un sistema de contratación que, según las asociaciones de familias, favorece a las grandes compañías y prima las ofertas económicas frente a la calidad de la alimentación.
La comida se prepara habitualmente en cocinas industriales, se transporta en recipientes de plástico y llega a los colegios para ser recalentada. Este modelo de línea fría permite centralizar el servicio, pero las familias denuncian sus consecuencias: menús poco apetecibles, cantidades insuficientes y alimentos que, en algunos casos, presentan problemas de calidad. Una encuesta realizada por Justicia Alimentaria a cerca de 4.000 familias en el curso 2022-2023 ya señalaba que el 83% del alumnado de comedores externalizados salía con hambre o rechazaba la comida por su sabor, aspecto o cantidad.
Las familias pasan de las quejas a la protesta
La indignación ha desembocado en movilizaciones en distintos puntos de Andalucía. El pasado 23 de octubre, familias de más de una veintena de centros cordobeses respaldaron una huelga de asistencia al comedor escolar. En colegios de Córdoba y Málaga, madres y padres organizaron comidas reivindicativas a las puertas de los centros para denunciar la calidad y la escasez de los menús.
En el colegio Noreña de Córdoba, la asociación de familias recibió 105 quejas en solo tres semanas. En Málaga, la federación de asociaciones de madres y padres FDAPA ha registrado 25 reclamaciones durante el inicio de curso, con denuncias coincidentes sobre la calidad y la cantidad de los alimentos. Las quejas también alcanzan a centros de Granada y Sevilla.
La organización de consumidores Facua ha reclamado a la Junta que revise las concesiones del servicio en toda Andalucía. La entidad recuerda que, tras denunciar el caso de un colegio de Dos Hermanas el curso pasado, la Administración detectó cantidades inferiores a las previstas en los contratos, con reducciones de hasta el 32% respecto a lo establecido en los pliegos, además de problemas en el tamaño de las raciones.
Las familias exigen que se garantice una alimentación saludable y suficiente, y plantean recuperar las cocinas propias de los colegios allí donde existan instalaciones para ello. No es una reivindicación menor: para muchos hogares, especialmente los más vulnerables, el comedor escolar es una parte fundamental de la alimentación diaria de sus hijos.
Por Andalucía reclama revertir la privatización
El diputado de Por Andalucía y secretario general del PCA, Ernesto Alba, ha pedido a la Junta que revierta la externalización de los comedores y apueste por una alimentación de calidad, fresca y de proximidad. La coalición considera que el Gobierno de Juanma Moreno está priorizando los beneficios de las empresas adjudicatarias frente a la salud del alumnado.
Alba propone utilizar las cocinas existentes en los centros educativos para elaborar allí las comidas y, donde no sea posible, recurrir a cocinas centralizadas que garanticen la calidad y frescura de los menús. También ha solicitado la comparecencia del Consejo de Gobierno en el Parlamento andaluz para aclarar la gestión del servicio y exigir responsabilidades.
La posición de Izquierda Unida coincide con una reivindicación que la organización viene defendiendo desde hace años: priorizar la gestión pública directa de los comedores frente a los contratos con empresas de catering. IU ha advertido históricamente de que la externalización convierte un servicio educativo en una actividad lucrativa y ha reclamado que la calidad de los alimentos, las condiciones laborales y el carácter social del servicio prevalezcan sobre el precio de las licitaciones.
Un servicio público sometido a la lógica del negocio
La Junta sostiene que los menús cumplen las recomendaciones sanitarias y asegura haber exigido a la empresa un plan para reforzar los controles, aumentar las raciones y revisar los menús. En Córdoba, el expediente sancionador sigue su curso y la compañía dispone de plazo para presentar alegaciones.
Pero las familias y las organizaciones educativas consideran insuficientes las respuestas centradas en corregir incidencias concretas. Reclaman cambiar un modelo que ha concentrado el servicio en pocas empresas y que, a su juicio, dificulta la supervisión y aleja la preparación de los alimentos de los centros escolares.
La polémica afecta a un servicio del que dependen cerca de 188.000 escolares andaluces y al que la Junta destina unos 97 millones de euros anuales. En una comunidad donde el 7,2% de los menores no puede permitirse una alimentación adecuada, según datos de condiciones de vida recogidos por Save the Children, garantizar que los niños coman bien en la escuela no puede quedar subordinado a la rentabilidad de las concesiones. Las protestas ponen sobre la mesa una pregunta de fondo: si la alimentación escolar es parte de la educación pública, ¿por qué su gestión debe organizarse prioritariamente como un negocio? Las familias reclaman que la Junta deje de limitarse a supervisar a las empresas y recupere el control efectivo de un servicio esencial.
