El 4 de febrero de 1937 la Gaceta de la República hacía público y por lo tanto en vigor de pleno derecho el decreto ley por el que el Ministerio de Justicia reconocía la igualdad de derechos civiles para ambos sexos.
Decía el entonces ministro de Justicia, Juan García Oliver, que era más que necesaria la adecuación de la Carta Magna de la II República, ya que “así lo exige la revolución jurídica operada en nuestro país, incompatible con los arcaicos privilegios que las leyes conceden y otorgan por razones de sexo”. Y destacaba además algo de una evidencia incuestionable: “La igualdad de derechos ha de ser absoluta para ambos sexos, sin otras limitaciones que las diferencias impuestas por la naturaleza”.
Éste y otros muchos avances en cultura, sanidad, derechos sociales, educación y justicia social hicieron posicionarse a la España Republicana a la vanguardia de Europa pero, con la sublevación militar y la guerra provocada por aquel cruento golpe de Estado que acabó imponiendo el régimen dictatorial del felón Franco, todos esos avances se desplomaron de la noche a la mañana tachados de ilegales, obscenos, marxistas y anticristianos, sumiendo al país en una ignorancia impuesta que le hizo retroceder siglos en todas esas cuestiones.
Durante los treinta y seis años de dictadura y otros tantos de ‘democracia’ estuvimos inmersos en ese atraso sociocultural y no fue sino hasta bien entrados los años 90 del pasado siglo que se empezó a avanzar aunque muy tímidamente en cuanto a la igualdad de sexos se refiere, llegando al espaldarazo definitivo en 2007 con la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
