El anuncio de Trump de la reactivación ampliada de la Operación Southern Spear, consolidó un escenario que ya era palpable en el Caribe: Estados Unidos ha decidido convertir la región en el escaparate de su maquinaria bélica.
Lo presenta como un operativo antidrogas, pero ningún funcionario serio puede justificar que para “interceptar embarcaciones sospechosas” se despliegue un portaviones nuclear, escuadrones de F-35, submarinos de ataque y fuerzas especiales. Eso no es control marítimo: es ocupación preventiva.
Durante semanas, helicópteros y drones estadounidenses han bombardeado lanchas sin identificar, sin órdenes judiciales ni evidencia verificable, y luego han difundido comunicados que hablan de “narcos neutralizados”.
No hay nombres, no hay pruebas, no hay investigaciones. Y lo más grave: todo indica que entre las personas asesinadas había pescadores y trabajadores caribeños, víctimas de una lógica que convierte a cualquier embarcación pequeña en objetivo militar.
Es el viejo método: primero disparan, luego construyen el relato. La presunta “interdicción” es, en realidad, la normalización de la violencia sin debido proceso, sin respeto a la soberanía marítima y sin rendición de cuentas.
La misma lógica se extiende a la política migratoria impulsada por Trump. Mientras militariza el Caribe, promueve en territorio estadounidense un régimen de criminalización masiva del migrante latinoamericano, reforzando redadas, deportaciones exprés y leyes diseñadas para expulsar a quien huye de la pobreza que el propio modelo imperial ha generado.
En el norte se levantan muros y centros de detención; en el sur, portaaviones y bombas. Es la misma matriz: controlar cuerpos, movimientos, territorios y economías.
En este contexto, Venezuela vuelve a ser el epicentro del pulso geopolítico. A pocos kilómetros de sus costas, un dispositivo militar estadounidense opera con total impunidad. La ofensiva no tiene que ver con narcotráfico —eso es humo— sino con impedir que un país decida su rumbo fuera del perímetro dictado por Washington. De ahí la insistencia en operaciones “por tierra”, los sobrevuelos intimidatorios y las narrativas prefabricadas sobre presuntas redes criminales. Lo que molesta no es lo que hace Venezuela, sino lo que representa: autonomía.
Y el mensaje viaja también hacia Colombia y México. Colombia ha empezado a cuestionar abiertamente la guerra contra las drogas, denunciando su fracaso histórico. México insiste en poner límites a la injerencia extranjera en su política de seguridad y migración. Para una potencia acostumbrada a dictar directrices, estos gestos son intolerables. De ahí que el despliegue no se limite a Venezuela: es un aviso general a cualquier gobierno que busque una política soberana.
Apoyar a Venezuela, a Colombia y a México es defender el principio elemental de que ningún país latinoamericano debe recibir amenazas navales por ejercer políticas independientes
Lo que está en disputa no es un canal marítimo lleno de lanchas sospechosas; es el lugar que América Latina ocupará en la historia. Y Estados Unidos, consciente de su declive relativo, responde con lo único que le queda incontestado: la fuerza militar. Cuando sus argumentos se agotan, cuando su hegemonía económica se erosiona, aparecen los portaaviones. Es la reacción automática de una estructura imperial que ya no convence, pero aún intimida.
Frente a ello, la región solo tiene una salida digna: afirmar su soberanía. Apoyar a Venezuela, a Colombia y a México no es solo una cuestión diplomática; es defender el principio elemental de que ningún país latinoamericano debe recibir amenazas navales por ejercer políticas independientes.
El Caribe no puede convertirse en un laboratorio donde se ensayan bombardeos selectivos y se ocultan cadáveres etiquetándolos como “objetivos de alto valor”.
La operación anunciada por Trump es un recordatorio brutal, pero también una oportunidad histórica: reafirmar que América Latina no va a aceptar que su destino se decida en salas de mando ubicadas a miles de kilómetros. Cuando un portaaviones se coloca frente a tus costas y tus pescadores aparecen muertos, el debate deja de ser teórico. Se vuelve cuestión de dignidad, de memoria, de futuro. Y ese futuro tiene que escribirse desde la soberanía e independencia de América Latina y del Caribe, no desde Washington.
Pero quizás lo más decisivo es que esta vez la región no es la de hace treinta ni veinte años. Hoy, incluso con ritmos distintos, América Latina ha recuperado una sensibilidad común: la consciencia de que sin soberanía no hay democracia, y sin independencia no hay futuro. El Caribe, convertido en línea de fuego por decisión de Washington, puede transformarse también en el punto donde los pueblos latinoamericanos decidan no retroceder ni un metro más.
El despliegue militar estadounidense, las lanchas bombardeadas sin pruebas, los pescadores asesinados y la maquinaria de deportaciones y muros que Trump exhibe con orgullo forman parte de un mismo orden, un orden que ya no puede sostenerse más que con violencia. Y cuando un orden necesita recurrir a la fuerza de manera permanente es porque ha perdido legitimidad, porque ya no convence, porque se sabe agotado.
No estamos seguros de qué hará Washington, pero sí tenemos la seguridad de que América Latina y el Caribe serán capaces de afirmar, una vez más, su soberanía frente al imperio, con la serenidad de quien no se arrodilla, de quien tiene claro que la dignidad no se negocia.
El portaaviones puede imponer miedo, pero no puede construir futuro. El futuro lo construyen los pueblos cuando se miran entre sí y reconocen que comparten un destino. Y es ahí, en esa conciencia común que empieza a despuntar, donde reside la única fuerza capaz de frenar al imperio: la certeza de que América Latina merece algo más que sobrevivir; merece existir de pie.
