Zapatero limitó el ejercicio de la jurisdicción internacional en España por presión de Israel cuando la Audiencia Nacional admitió una querella contra el ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben Eliezer y otros seis altos cargos del Ejército. Israel consiguió que cesaran las investigaciones judiciales por los delitos cometidos por Israel en Gaza y, por extensión, en otros países. Hasta entonces España fue uno de los Estados del mundo más activo y dejó precedentes judiciales internacionales de fundamental importancia para el derecho internacional, como los casos “Pinochet”, “Scilingo” o “Guatemala”. El PCE e Izquierda Unida no han cesado de batallar por recuperar la jurisdicción internacional. El PSOE de Sánchez apoya la proposición de ley de IU, presentada por Sumar, pero la tiene bloqueada.
Se denomina jurisdicción universal a la ejercida por los tribunales de cualquier país para perseguir delitos de guerra, de lesa humanidad, o genocidio —los llamados crímenes internacionales— ocurridos fuera de sus fronteras y que se encuentran en situación de impunidad en los lugares donde fueron cometidos por la ausencia de persecución efectiva.
Por mandato del derecho internacional es una obligación de todas las naciones del sistema de Naciones Unidas activar el ejercicio de esta jurisdicción ante situaciones de impunidad, estando expresamente contemplado, por ejemplo, en el Convenio contra el Genocidio de 1948, en las convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario de 1949, o en el Convenio contra la Tortura de 1984, entre otros. También se ha establecido en numerosas resoluciones de los organismos del sistema de Naciones Unidas.
España contó con normas de jurisdicción universal desde 1870, además de haber sido uno de los países del mundo en el que, tras la desaparición de la guerra fría, se ha desarrollado con mayor ímpetu esta jurisdicción universal gracias al impulso procesal dado por las acusaciones populares, propiciando que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sentasen precedentes judiciales internacionales expansivos en esta materia de fundamental importancia para el derecho internacional, como los casos “Pinochet”, “Scilingo” o “Guatemala”, llegando a declarar el Tribunal Constitucional, en su sentencia 237/2005, la plena aplicabilidad en España de esta jurisdicción de forma amplia y sin restricción alguna motivada por intereses de política nacional, de la jurisdicción universal.
La primera limitación del PSOE
La primera reforma de la jurisdicción universal fue aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero y limitó sustancialmente el ejercicio de la jurisdicción universal. Operada por la L.O. 1/2009, transformó la jurisdicción universal convirtiéndola en una aplicación restringida extraterritorial de la ley penal española. Contó con el voto favorable del PSOE, el Partido Popular, CiU y PNV. Restringió la competencia de la jurisdicción española al introducir la exigencia de un vínculo de conexión relevante con España, en contra del principio de concurrencia que rige en la jurisdicción universal.
El motivo fueron las presiones realizadas por Israel cuando en enero de 2009 el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió una querella contra el exministro de Defensa israelí Benjamín Ben Eliezer y otros seis altos cargos del Ejército por un bombardeo «desproporcionado» que mató a 14 civiles en Gaza en 2002. La embajada de Israel en España reconoció ante la prensa que se habían iniciado conversaciones con el Gobierno español para evitar una crisis política por el inicio este procedimiento judicial. Fue el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien adelantó las intenciones de cambiar la legislación a su homóloga israelí, Tzipi Livni, durante una conversación telefónica entre ambos que la prensa israelí recogió extensamente.
En la práctica la justicia española limitaba el ejercicio de la jurisdicción universal no en atención a la situación de impunidad efectiva, sino atendiendo únicamente a que existieran víctimas españolas. En esta reforma Zapatero limitó seriamente el ejercicio de esta jurisdicción e hizo inviable la continuación de las investigaciones judiciales por los delitos cometidos por Israel en Gaza.
Rajoy limitó la actuación a los casos contra españoles y suprimió la acusación popular, ejercida habitualmente por organizaciones de derechos humanos y de defensa de las víctimas
La jibarización del PP
Durante el gobierno de Mariano Rajoy se realizó una segunda reforma mediante la L.O. 1/2014, de la que resultó un modelo de jurisdicción universal restringidísimo, además con una redacción técnicamente muy deficiente. Desde entonces sólo se puedan investigar crímenes internacionales ocurridos fuera de España y en situación de impunidad, cuando el procedimiento se dirija contra un ciudadano español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en el Estado español o se encuentre en el Estado español y su extradición haya sido denegada por las autoridades españolas. Además se suprimió la posibilidad de iniciar el procedimiento mediante acusación popular —la ejercida habitualmente por las organizaciones de derechos humanos y de defensa de las víctimas— dejando exclusivamente la acción penal en manos del Ministerio Fiscal y de acusaciones particulares, muy difíciles de ejercer en este último caso al no encontrarse las víctimas en nuestro país y carecer de recursos para desplazarse con la finalidad de iniciar una acción judicial. Esta nueva limitación legislativa impuso nexos de conexión para cada delito en particular y mantuvo la subsidiariedad jurisdiccional, lo que en la práctica ha hecho imposible ejercer la jurisdicción universal desde los tribunales españoles.
Desde entonces Izquierda Unida ha trabajado para recuperar un marco legislativo que permita perseguir estos graves crímenes que ocurren fuera de nuestras fronteras cuando queden en la impunidad.
La derecha española ha mantenido una actitud sumamente cínica y contradictoria respecto a esta herramienta de defensa de los derechos humanos. En marzo 2018 el Congreso rechazó una enmienda a la totalidad del PP a la proposición de ley de ERC para recuperar la justicia universal. Aunque la enmienda a la totalidad fue rechazada la legislatura concluyó sin que se aprobará esta propuesta y por lo tanto sin recuperar esta importante vía contra la impunidad. Sin embargo cuando en octubre del 2018 representantes de todos los partidos presentes en el Congreso y la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, se reunieron con la familia del cámara español asesinado en Bagdad José Couso, la portavoz del PP se manifestó dispuesta a una reforma «en positivo», que permita «corregir aquello que no estuvo tan bien»,y rescatar las mejoras que se incluyeron en 2014, en cuanto al catálogo de delitos perseguibles. A pesar de estas buenas intenciones manifestadas tras la reunión con la familia del cámara asesinado, lo cierto es que la derecha española hasta ahora se ha opuesto a cualquier iniciativa para recuperar la jurisdicción universal.
La lucha tenaz de Izquierda Unida para recuperar la jurisdicción internacional
Durante el primero Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE y Unidos Podemos introdujeron en el acuerdo presupuestario para 2019 el compromiso de legislar la recuperación de la jurisdicción universal y posteriormente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, puso en marcha una comisión de expertos para redactar una propuesta que permitiera cumplir con este mandato de recuperación. La comisión se creó y los expertos emitieron un extenso y bien fundamentado dictamen. Aún no sabemos qué ocurrió. Lo cierto es que el gobierno nunca convirtió dicho dictamen en reforma legal.
En mayo de 2021, con la oposición del Partido Popular y Vox, la Comisión de Justicia aprobó una declaración propuesta por Unidas Podemos para la recuperación de la jurisdicción universal, pero ninguna iniciativa ha llegado al congreso impulsada por el gobierno a tal fin. En octubre de 2021 Unidas Podemos registró una proposición de ley en el Congreso, elaborada por Izquierda Unida, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y recuperar la jurisdicción universal. Nuevamente concluyó la legislatura sin que diera tiempo ni siquiera aprobar la toma en consideración.
Ya en la actual legislatura y tras los ataques de Hamás de octubre de 2023 y el inicio del genocidio y la limpieza étnica por Israel, se registró por el grupo parlamentario plurinacional de Sumar la proposición de ley de Izquierda Unida de recuperación de la jurisdicción universal. En febrero de 2024, el Congreso aprobó la toma en consideración de esta propuesta y desde entonces nuestros diputados y diputadas están intentando sacar adelante su tramitación, aunque lo cierto es que no ha sido posible hasta ahora por no contar con el impulso del Grupo Socialista, que si bien votó a favor de la toma en consideración, posteriormente no ha hecho nada por tramitar la reforma legislativa.
Nunca dejaremos de trabajar por la recuperación de esta herramienta de persecución de los más graves crímenes cometidos contra pueblos y colectivos agredidos por el imperialismo
Nuestro grupo parlamentario ha incorporado esta propuesta en distintas tramitaciones legislativas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se encuentran en marcha en el Congreso, por ejemplo en la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, que está tomada en consideración y cerrado el plazo de enmiendas, es decir pendiente de pasar a discusión de ponencia. No vamos a dejar de utilizar cualquier oportunidad para conseguir la recuperación de esta importante herramienta de persecución de los más graves crímenes cometidos contra pueblos y colectivos agredidos por el imperialismo.
Nuestra propuesta propone recuperar la acción popular, permitir la persecución de delitos que, según las leyes españolas o los tratados internacionales ratificados por el Estado español, pueden ser considerados delitos contra la dignidad humana por vulnerar los derechos humanos más básicos, y suprimir los diferentes condicionantes e impedimentos que han ido siendo introducidos en las últimas reformas legales realizadas tanto por el PSOE como por el PP. Incluso contemplan una vía para permitir que los procedimientos que fueron archivados por la reforma del año 2014 realizada por el Partido Popular, puedan reabrirse para continuar su proceso.
Con ocasión de la campaña de genocidio en Gaza y limpieza étnica en Cisjordania, ejecutada por Israel tras los crímenes de guerra cometidos por Hamás en octubre de 2023, Izquierda Unida ha reivindicado insistentemente la necesidad de acelerar la tramitación de esta ley. Los graves crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza se encuentran en una grave situación de impunidad que disfrutan sus muchos responsables, a pesar de los procedimientos abiertos en la Corte Penal internacional, una jurisdicción cada vez más limitada como se constata por su falta de parcialidad y su preferencia por perseguir crímenes cometidos en África y a pasar de largo sobre graves crímenes cometidos en otros continentes. Esta situación ha hecho que países africanos como Mali, Burkina Faso, Níger o Burundi se desvinculan del tratado que constituyó la Corte Penal Internacional. Por otros motivos, Filipinas y Hungría también la han abandonado, aunque en estos casos ha sido para permitir la impunidad de graves violadores de derechos humanos como el criminal Netanyahu.
Israel y Estados Unidos no atacan solo al pueblo palestino, están atacando a todo el derecho internacional hasta reducirlo a su mínima expresión o hacerlo desaparecer
Hay que destacar que Israel y Estados Unidos no solamente atacan al pueblo palestino, sino que están atacando a todo el derecho internacional hasta reducirlo a su mínima expresión o hacerlo desaparecer. Por eso hoy es imprescindible conseguir una amplia movilización social a favor de esta herramienta de combate a la impunidad así como crear las condiciones para que puedan forjarse mayorías parlamentarias democráticas y con voluntad de defender los derechos humanos para conseguir la recuperación y el fortalecimiento del ejercicio de la jurisdicción universal desde tribunales nacionales. Probablemente sea una de las pocas vías desde las que podremos luchar eficazmente contra la impunidad de graves crímenes contra la comunidad internacional como los que a diario comete Israel contra el pueblo palestino en el marco de una estrategia que claramente busca hacerlo desaparecer mediante un genocidio.
