El pasado mes de diciembre la Plataforma de Infancia, que agrupa a más de 70 organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos de la infancia y adolescencia, celebró en Madrid una jornada alertando de la grave situación de uno de los organismos que ha servido de referencia en políticas de infancia a muchos países, entre ellos España: El Comité de Derechos del Niño y la Niña, y actualmente cuestionado por las acciones liquidacionistas de países como EE.UU., Israel o Argentina.
Esta nueva situación viene derivada de la profunda contracción entre derechos humanos y de las infancias y las políticas migratorias, sociales (o literalmente infanticidas) que vienen realizando estos países en los últimos años. Curiosos tiempos en donde es precisamente la izquierda política y las organizaciones sociales que han criticado intensamente muchas decisiones de Naciones Unidas o su funcionamiento, las que tenemos que salir en defensa del multilateralismo ante los Trump, Netanyahu o Milei que han decidido asfixiar y exterminar las organizaciones multilaterales que lo sustentan.
El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa y vigila la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados Parte, así como de los tres Protocolos Facultativos de la Convención. Está compuesto por 18 expertos en derechos de la infancia, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes con sede en Ginebra. Esta Convención ha sido ratificada por 196 países que reciben una serie de Observaciones Generales emitidas por el órgano y que son básicamente respuestas a análisis de la situación de la infancia en cada país o a denuncias individuales de violaciones graves o sistemáticas de los derechos amparados en la Convención y Protocolos Facultativos. El Comité envía al Estado Parte una serie de recomendaciones a cada país miembro. Para su elaboración, el Comité cuenta con las aportaciones de las partes interesadas (ONGs, instituciones nacionales de derechos humanos, UNICEF y otros órganos de Naciones Unidas, expertos independientes y los propios niños y niñas), que identifican los temas prioritarios y urgentes para la revisión del Estado en ese ciclo. Dichas aportaciones se remiten también a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
A lo largo de estos 30 años de existencia, el Comité ha elaborado recomendaciones a España que se han centrado tanto en su sistema de protección de menores en situación de desamparo, como en las cuestiones relacionadas con la exclusión y pobreza infantil, recomendaciones que han significado, por ejemplo, la asunción de 68 compromisos por parte del Estado español, muchos de ellos ya cristalizados en forma de políticas públicas o acciones legislativas.
El Tratado de Derechos del Niño y la Niña fue el primero que reconoció que los niños y adolescentes tienen derechos propios y que los adultos son responsables de garantizarlos
Pese al boicot inicial de EE.UU., (que no ha ratificado nunca el Tratado de Derechos del Niño y la Niña), este tratado es el más ratificado de los relacionados con los derechos humanos y fue el primero que reconoció que los niños y adolescentes tienen derechos propios y que los adultos son responsables de garantizarlos.
Pese al NO de EE.UU., fundamentado en su día en la negativa del Senado norteamericano a adecuar su marco normativo para incluir los 54 artículos que conforman la convención, el comité había podido funcionar en los restantes países sin demasiados sobresaltos, hasta que, con la llegada de Trump y la decisión de retirar fondos de las NN.UU., se ha generado una profunda crisis de funcionamiento en el órgano. Ya no se trata solo de que EE.UU. estuviese boicoteando el funcionamiento en su territorio de los preceptos del comité y la convención, sino que ahora se impide que trabaje en el resto de los países del planeta. Esta situación de crisis de liquidez ha llevado incluso a la cancelación de sesiones por la imposibilidad técnica de realizarlas, entre ellas la propia evaluación que el comité realiza periódicamente a nuestro país. Sin duda nos encontramos, de facto, ante la suspensión del sistema internacional de defensa de los derechos de la infancia por la apuesta de Trump y sus aliados por acabar con el sistema multilateral de Naciones Unidas.
Para España, las recomendaciones y dictámenes del Comité han sido fundamentales para dar pasos firmes adelante como con la actual LOPIVI (actualmente en proceso de reforma a iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia) u otras iniciativas en materia de reforma del sistema de protección, actuaciones en materia de política migratoria o lucha contra la trata y explotación de niños, niñas y adolescentes.
Asistimos a un nuevo modelo de relaciones internacionales y económicas donde “todo sea posible” en base a unos intereses geoestratégicos o económicos
Reconocido por el propio comité, España es quizás el país que más ha asumido en sus políticas públicas un compromiso con el sistema multilateral, la cooperación internacional y el orden global basado en normas en lo que respecta a la infancia y sus derechos. La situación global, con la internacional reaccionaria atacando al sistema de derechos humanos del que nos dotamos tras la 2º Guerra Mundial para sustituirlo por la ley del más fuerte, ha hecho que se afiance este compromiso y el papel de España se haya vuelto en la ONU cada día más relevante, tejiendo a la vez una alianza para su defensa con otros aliados importantes en Latinoamérica o África.
Pero pese al compromiso del gobierno de coalición, urge la necesaria alerta social de lo que significa la voladura del Comité de Derechos del Niño y la Niña y de sus políticas de salvaguarda y extensión de derechos, porque no se trata solo de eliminar la ONU y sus organismos, sino que asistimos a un nuevo modelo de relaciones internacionales y económicas donde “todo sea posible” si es en base a unos intereses geoestratégicos o económicos. Incluso así sea dinamitando los consensos sobre los derechos de la infancia en un contexto en el que la digitalización, los nuevos modelos de conflictos bélicos o los crecientes impactos del cambio climático vuelven a amenazar a la infancia en cualquier rincón del planeta.
