Cesa el jefe de la policía tras una denuncia por agresión sexual

Marlaska niega haber conocido los hechos, abre una investigación interna y asegura que dimitirá si la víctima no se ha sentido protegida, mientras la justicia cita al exjefe operativo el 17 de marzo.
Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

La dimisión del jefe operativo de la Policía Nacional tras la denuncia por agresión sexual presentada por una subordinada ha sacudido este miércoles el Congreso y ha abierto un debate incómodo pero necesario: cómo reaccionan las instituciones cuando la denuncia apunta a la cúspide del poder.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no tuvo conocimiento previo de la querella contra el comisario principal José Ángel González Jiménez, hasta este martes por la tarde. “Evidentemente no sabíamos nada. A la mínima se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato como se hizo ayer”, ha afirmado antes de la sesión de control. Según su versión, el abogado de la denunciante mantuvo los hechos en secreto y, una vez conocida la querella, la gravedad de los mismos no dejaba margen de maniobra.

La respuesta del Ministerio fue fulminante: requerimiento de renuncia y cese inmediato. También se ha abierto una información reservada sobre otro mando policial acusado de presuntas coacciones hacia la denunciante, a quien —según el relato trasladado por el ministro— habría ofrecido “cualquier puesto” en la Policía. Marlaska ha pedido que se le releve de responsabilidades mientras se estudian los hechos.

En el Congreso, el Partido Popular exigió la dimisión del ministro entre gritos desde los escaños, mientras la bancada socialista respondía con aplausos. El clima bronco evidenció hasta qué punto una denuncia de extrema gravedad puede convertirse en arma arrojadiza. Marlaska acusó al PP de “instrumentalizar” el caso y negó cualquier intento de encubrimiento. Fue más allá: aseguró que dimitirá si la víctima considera que no se ha sentido protegida por él o por su departamento. “De la única persona que podré aceptar cualquier crítica es de la propia víctima”, sostuvo.

La causa está ya en manos de la justicia. El juez David Maman Benchimol ha citado a declarar el próximo 17 de marzo tanto al comisario como a la denunciante. En el auto se apunta a la posible existencia de delitos de agresión sexual y se acuerdan las diligencias necesarias para determinar los hechos.

La querella describe una relación previa entre ambos, cuando ella era subordinada del mando policial. Según el relato, tras poner fin a la relación comenzó una conducta “obsesiva” de acoso que culminó el 23 de abril de 2025 con un intento de acercamiento sexual rechazado “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada”. Siempre según la denuncia, el comisario habría actuado con violencia física e intimidación, aprovechando la situación de aislamiento, la superioridad física y su posición de autoridad institucional. Después de los hechos, la mujer denuncia un acoso constante por parte del propio mando y de otro alto cargo presente el día de la agresión.

El caso adquiere una dimensión política adicional por la trayectoria del comisario. Ingresó en la Policía en 1984 y desde 2018 ejercía como máximo mando operativo del cuerpo, coincidiendo con la etapa de Marlaska al frente de Interior. En noviembre de 2024, el Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal incluida en un real decreto. Aquella decisión ya fue cuestionada por la oposición y por sectores policiales.

Hoy, sin embargo, el foco no debería estar en la disputa partidista ni en los cálculos de desgaste. La cuestión de fondo es otra: si las estructuras jerárquicas más cerradas del Estado están preparadas para proteger a quienes denuncian abusos de poder en su interior. Que un alto mando policial sea investigado por una agresión sexual presuntamente cometida contra una subordinada interpela directamente a la cultura institucional, a los mecanismos de prevención y a la garantía de entornos laborales seguros.

La rapidez en el cese es relevante, pero no suficiente. La verdadera prueba será si la investigación judicial avanza con plena independencia y si la denunciante cuenta con protección efectiva frente a cualquier represalia. Porque cuando la denuncia afecta a quienes encarnan la autoridad, la credibilidad del Estado se juega precisamente en su capacidad para no mirar hacia otro lado.