Las personas y organizaciones del colectivo LGTBIQA+ que asumen su lucha desde una perspectiva de clase siempre han sido aliadas y han estado presentes en todas aquellas reivindicaciones esenciales para la dignidad colectiva, caminando junto a las luchas feministas, obreras, democratizadoras y antifascistas, y que tantas dificultades han encontrado en el marco del incompleto proceso de estabilización democrática característica del Estado español. Así nos permite entenderlo también un análisis histórico de los lemas que han orientado las convocatorias anuales por el Orgullo, del mismo modo que otras citas ineludibles como las correspondientes a la visibilidad de las distintas orientaciones —trans, lésbica, bisexual, intersex— o el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, denunciando la persistente LGTBIfobia, entre otras. De esta forma, las numerosas manifestaciones y concentraciones reivindicativas convocadas por todo el Estado con motivo del mes del Orgullo LGTBIQA+ 2026 evidencian la persistencia de una conexión ideológica y organizativa indispensable: una perspectiva de clase que debe sumar todas las disidencias en su lucha contra el capitalismo y el fascismo. Por ello, junto a la idea de resistencia como respuesta reactiva ante la ofensiva reaccionaria internacional —con tintes tradicionalistas y conservadores a nivel local—, se desarrollan otros planteamientos como la necesidad de la movilización y de ocupar las calles para mostrar la visibilidad. Todo ello para seguir proponiendo medidas concretas de acción social, económica, cultural e institucional que protejan los logros alcanzados y marcar un horizonte deseable y utópico: necesario.
El miedo a la diferencia ha sido siempre un negocio redondo para el capital porque divide a la clase trabajadora, la enfrenta consigo misma y la vuelve más dócil frente a la explotación
Pero para entender la urgencia de ese horizonte, no podemos perder de vista que la ofensiva reaccionaria no es un fenómeno aislado ni improvisado. En los últimos años hemos asistido a una coordinación internacional de la ultraderecha que criminaliza la diversidad sexual y de género como parte de su programa de adiestramiento y control social, desde las leyes que castigan con pena de muerte la homosexualidad en varios países hasta las restrictivas normativas sobre identidad de género aprobadas en más de veinte estados de Estados Unidos, pasando por las políticas de Hungría, Polonia o Rusia que equiparan la educación afectivo-sexual con «propaganda pedófila». El Estado español no es una excepción en esta deriva, sino un laboratorio donde la coalición entre el Partido Popular y Vox está ensayando el desmantelamiento de políticas públicas de atención a la diversidad, la retirada de fondos a asociaciones LGTBI, la anulación de convenios de colaboración con entidades que llevaban décadas trabajando en prevención del suicidio juvenil y el acompañamiento a personas trans, o la eliminación de unidades de diversidad en las consejerías autonómicas de educación. Todo ello mientras se importan manuales de odio de la ultraderecha global, financiados por redes ultracatólicas y por fondos de inversión que ven en la diversidad un obstáculo para su proyecto de acumulación y control social. Esta realidad no es casual, sino estructural: el miedo a la diferencia ha sido siempre un negocio redondo para el capital porque divide a la clase trabajadora, la enfrenta consigo misma y la vuelve más dócil frente a la explotación.
La mutación de las violencias contra las personas del colectivo y las distintas formas en que se expresan nos impone la necesidad de diversificar y articular respuestas de todo tipo que abarcan desde la educación hasta el fortalecimiento de las sanciones a incorporar o reforzar en el ordenamiento jurídico con el propósito de perseguir y prevenir los delitos de odio y su peor consecuencia: las agresiones físicas. Las instituciones públicas han sido, habitualmente, fuentes de violencia estructural que han convertido las Administraciones en ecosistemas hostiles en lugar de fuentes de garantía y protección. Prueba de ello han sido, históricamente, las agresiones institucionalizadas durante el Franquismo y la Transición, o las medidas discriminatorias impuestas, más recientemente, por PP y Vox en una senda histórica que reivindica el paquete completo de medidas franquistas en coalición con las medidas represivas de la coalición fascista internacional. Y es que no podemos olvidar que la Transición española no fue un modelo ejemplar de convivencia democrática, sino un pacto de silencio que dejó fuera a muchas disidencias, entre ellas las de carácter afectivo sexual. El Frente de Liberación Homosexual de Castilla y otros colectivos pioneros fueron perseguidos, multados y disueltos; la primera manifestación del Orgullo en Madrid, en 1977, fue cargada por la policía, y muchos de sus participantes acabaron en comisarías donde, además de por su identidad sexual, se les interrogaba por su militancia sindical. Esa memoria viva es la que hoy se intenta enterrar bajo discursos de «ideología de género» o “religión queer”, pero no lo conseguirán, porque sabemos que los mismos jueces que entonces aplicaban la Ley de Peligrosidad Social son los que hoy firman sentencias que cuestionan la autodeterminación de género, y que los mismos empresarios que despedían a trabajadores por «escándalo público» hoy externalizan su homofobia mediante cláusulas morales en contratos temporales y entornos laborales hostiles donde la diferencia se paga con precariedad.
Los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han aumentado un dieciocho por ciento en los últimos dos años, coincidiendo con la entrada de Vox en gobiernos autonómicos y ayuntamientos
Esta realidad explica la importancia de seguir valorando y tejiendo redes de solidaridad, fortaleciendo la comunidad para mejorar la autoprotección, sin perder de vista la agenda institucional como forma de trasladar a las leyes, la planificación pública y los presupuestos, todo el programa y el acervo en materia de diversidad y derechos humanos. Esta forma de organización ha tenido como propósito atender situaciones de emergencia social, expulsión familiar, agresión física o crisis sanitarias. Históricamente hemos conocido tristes trayectorias de vida que no solamente vulneraban la dignidad e integridad moral de las víctimas, sino que las dejaron —y las siguen dejando— en la ruina por el hecho de ser como eran y querían ser. Y no se trata de un discurso retórico: los datos son demoledores. Según el último informe del Observatorio contra la LGTBIfobia, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han aumentado un dieciocho por ciento en los últimos dos años, coincidiendo con la entrada de Vox en gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Pero la violencia estructural se mide también en números fríos que reflejan desigualdades materiales: el setenta por ciento de las personas trans ha sufrido discriminación laboral directa; la tasa de paro en mujeres trans supera el cuarenta y cinco por ciento y alcanza el cincuenta y cinco por ciento en personas no binarias; el cuarenta por ciento de los jóvenes LGTBIQA+ ha pensado en el suicidio, y el veintiocho por ciento ha llegado a intentarlo; y más de tres mil personas son expulsadas de sus hogares cada año por su orientación o identidad, terminando la mayoría en situación de sinhogarismo. Estos no son números fríos: son vidas rotas por un sistema que convierte la diferencia en castigo y que luego se lava las manos con eslóganes de «libertad de expresión» o «respeto a las creencias», mientras desmantela los servicios públicos que podrían sostener a esas personas. En el comunicado del PCE con motivo del 17 de mayo se defendía la necesidad de situar el deterioro en la protección de los derechos «dentro de un sistema capitalista y patriarcal que reproduce desigualdades y oprime a quienes no se ajustan a la norma cisheterosexual» (PCE, 18/05/2025). Y esa diagnosis es clave porque nos impide caer en el moralismo o en el asistencialismo: no se trata solo de ser más amables, sino de cambiar las condiciones materiales que producen la discriminación.
La lucha de la clase obrera no puede obviar el resto de luchas por la ciudadanía, también desde una óptica internacionalista, y se suma a todas las columnas de acción que batallan, día a día, por conquistar, ensanchar y blindar derechos fundamentales
En un contexto en el que PP y Vox desmantelan las políticas públicas de atención a la diversidad y retiran fondos o anulan convenios de colaboración con las entidades que lo hacían —y siguen haciendo, ahora con la solidaridad del pueblo—, es más urgente que nunca entender que construir comunidad significa cubrir necesidades materiales que el sistema niega como sanción ejemplificadora y agresiva contra la disidencia. De esta forma, la lucha de la clase obrera no puede obviar el resto de luchas por la ciudadanía, también desde una óptica internacionalista, y se suma a todas las columnas de acción que batallan, día a día, por conquistar, ensanchar y blindar derechos fundamentales. Porque la sanidad pública, la educación de calidad y con garantías, unos servicios públicos universales y eficaces, unos salarios dignos, unas condiciones laborales que consigan la igualdad y la no discriminación al colectivo LGTBI en el entorno laboral, o una vivienda digna, no son cuestiones ajenas a la agenda LGTBIQA+: son su condición de posibilidad. No hay libertad sexual sin seguridad económica, ni hay autonomía corporal sin acceso a la salud pública, ni hay desarrollo afectivo pleno sin un techo y un trabajo que no te humille. Quien defiende recortes en sanidad está recortando las hormonas y los tratamientos de las personas trans; quien bloquea el acceso a la vivienda está condenando a las jóvenes expulsadas de sus familias a la calle; quien precariza el empleo está diciéndole a una trabajadora lesbiana que su orientación es un motivo más para pagarle menos. Y todo ello forma parte de un vínculo de lucha compartida en un contexto en el que formar parte del colectivo es un potenciador de las vulnerabilidades y de las dificultades materiales, no una identidad cultural desgajada de lo económico.
El miedo y la discriminación no solamente son consecuencias del capitalismo, sino que le son funcionales al mismo
Esa doble cara —inclusión superficial, exclusión real— es precisamente lo que debemos desenmascarar desde una crítica radical, porque no queremos arcoíris en los logotipos bancarios
En consecuencia, la LGTBIfobia no es solamente una cuestión de batallas o identidades culturales, como si de un divertimento de la sátira política burguesa se tratara. La LGTBIfobia es, ante todo y fundamentalmente, un mecanismo dirigido a producir, reproducir y rentabilizar, a nivel económico y material, divisiones y diferencias sociales definidas por la cuestión de género. El miedo y la discriminación no solamente son consecuencias del capitalismo, sino que le son funcionales al mismo. Cuanto más miedo y discriminación exista en los distintos espacios cotidianos e institucionales de la vida en sociedad, mayor capacidad tienen las estructuras económicas y políticas que las sirven para seguir intensificando la represión, reproducir las lógicas de expropiación de recursos, dominar el tiempo de vida y repartir los roles por razón de género con un propósito económico y moralizador. El capitalismo tardío ha aprendido a cooptar símbolos del Orgullo para vendernos productos —el llamado pinkwashing— mientras recorta presupuestos en educación sexual, salud mental y políticas de empleo. Esa doble cara —inclusión superficial, exclusión real— es precisamente lo que debemos desenmascarar desde una crítica radical, porque no queremos arcoíris en los logotipos bancarios; queremos que los bancos dejen de financiar empresas que discriminan a nuestras compañeras. No queremos banderas en los ayuntamientos; queremos presupuestos municipales que sostengan refugios para jóvenes expulsados de sus hogares. No queremos felicitaciones institucionales en el mes del Orgullo; queremos planes de igualdad efectivos con sanciones económicas para quienes los incumplan. La lucha por la dignidad no admite concesiones estéticas que oculten la podredumbre del sistema, y por eso debemos proponer medidas concretas que vayan desde la creación de una fiscalía especializada en delitos de odio con formación obligatoria en diversidad para jueces, fiscales y cuerpos policiales, hasta un plan de vivienda pública para jóvenes LGTBIQA+ con acompañamiento psicológico y laboral, pasando por protocolos contra el acoso escolar y laboral con unidades móviles de intervención rápida, presupuestos participativos vinculantes que garanticen al menos el 0,5 % del presupuesto estatal en políticas sociales para colectivos de la disidencia, y una educación afectivo-sexual obligatoria desde primaria hasta bachillerato, diseñada por profesionales y colectivos y no por grupos religiosos o ideológicos que conciben la diversidad como una amenaza.
No hay emancipación de la clase trabajadora sin emancipación de las disidencias sexuales, porque el mismo sistema que explota el trabajo también expropia los cuerpos, y la misma lógica que precariza el empleo también patologiza la identidad
La dignidad humana y la integridad moral dependen, fundamentalmente, del ejercicio de la autodeterminación y la libertad de ser quien se quiera y se necesite ser para contar con todo el potencial de despliegue intelectual, afectivo y de proyección ante una misma y ante la sociedad. La dignidad tutelada a través de la represión no es una opción. La ofensiva organizada de la reacción fascista internacional proclama reiteradamente la erosión y laminación del acervo de garantías por la diversidad afectivo-sexual como una de sus principales tareas. Por ello, el programa de organización política alternativa, transformadora y movilizadora que necesita la clase trabajadora y los pueblos del Estado debe proclamar de forma explícita su compromiso y alianza con las necesidades del colectivo. De lo contrario, persistirá el lamento que Alana Portero hacía constar en La mala costumbre, cuando reconoce que: «había desarrollado mi conciencia obrera sabiendo que ellos y ellas, mis iguales de clase, mis compañeros, me dejarían caer las veces que hiciese falta antes que adaptar una parte de la lucha común para hacerme un hueco». Esa fractura interna, esa desconfianza legítima de quien ha sido abandonada por quienes debían ser sus aliados de clase, no puede repetirse. Y no se repetirá si somos capaces de entender que la lucha obrera y los derechos LGTBIQA+ no solamente son compatibles: son inseparables. No hay emancipación de la clase trabajadora sin emancipación de las disidencias sexuales, porque el mismo sistema que explota el trabajo también expropia los cuerpos, y la misma lógica que precariza el empleo también patologiza la identidad. La clase obrera no es un sujeto homogéneo ni monocromático: está atravesada por géneros, orientaciones, raíces y trayectorias diversas, y solo desde el reconocimiento de esa diversidad podrá construir un proyecto hegemónico frente al capital. Quien pretenda hacer una revolución solo para los varones cis heterosexuales no está haciendo una revolución; está reproduciendo el orden viejo con otro nombre.
Para finalizar, conviene no olvidar la especial relevancia que cobra la defensa de los derechos para las personas transexuales como parte más vulnerable del conjunto del colectivo, sobre la que se ciernen e intensifican situaciones de discriminación laboral, precariedad económica, rechazo social y/o familiar, o mayor exposición a distintas violencias. El ensañamiento feroz que de forma indistinta se ha producido por parte de sectores conservadores, fascistas y tradicionalistas, pero también de personas que se reivindican de izquierdas, indica la necesidad de seguir incorporando y fortaleciendo una agenda transformadora que no admita exclusiones ni discursos discriminatorios. Es necesario descifrar que el capitalismo ha invertido grandes esfuerzos en favorecer la división de los movimientos, las organizaciones y los partidos progresistas, haciendo uso de uno de los colectivos más vulnerables y minorizados; el debate sobre las personas trans ha sido utilizado como cebo para fracturar alianzas que podrían ser poderosísimas. La lejanía, el desconocimiento y la deshumanización son la antesala de ataques a los derechos humanos, pero también una irresponsabilidad, al prestarse a la fragmentación de la resistencia. No hay espacio para el debate sobre si las mujeres trans son mujeres o sobre si los niños trans existen: eso no es un debate político, es una agresión disfrazada de reflexión. La izquierda que se precie no puede caer en esa trampa, y debe defender sin fisuras el derecho a la autodeterminación de género, el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos en la sanidad pública, el reconocimiento legal de todas las identidades y la protección frente a cualquier forma de violencia, incluida la que se ejerce desde discursos supuestamente críticos que reproducen los mismos prejuicios que dicen combatir. El Orgullo 2026 no será una fiesta ni un desfile comercial: será una trinchera. Las carrozas y los arcoíris son bienvenidos, pero los verdaderos protagonistas serán los colectivos de base, las familias elegidas, los sindicatos combativos, los centros educativos que enseñan diversidad, los ambulatorios que atienden sin prejuicios y los vecinos que salgan a defender sus derechos porque saben que lo que está en juego es el derecho a existir sin pedir permiso. Porque la utopía no es un sueño irrealizable: es una dirección política que se construye cada día con redes de apoyo mutuo, con huelgas generales feministas, con asambleas vecinales que incluyen la diversidad en sus programas y con una internacional de la disidencia que no pida permiso, sino que exija justicia. Y esa justicia no vendrá desde arriba: vendrá de la calle, de la fábrica, de la universidad, del centro de salud, de la asociación de vecinos y del barrio entero, porque la clase obrera LGTBIQA+ sabe que su liberación no es un apéndice ni una concesión, sino el corazón mismo de la lucha contra el capital y contra todas sus formas de opresión.
