Solo el 8% del electorado ha participado en la consulta popular del 1 de agosto para decidir si se investigaban los presuntos delitos de corrupción y contra los derechos humanos de los cinco presidentes anteriores.
El 90% de quienes han votado se manifestaron a favor de investigar y juzgar a los cinco presidentes anteriores, pero la consulta necesitaba una participación del 40% para que su resultado fuera vinculante.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de esta convocatoria a las urnas, responsabiliza del fracaso al Instituto Nacional Electoral, que separó la consulta de las elecciones legislativas y regionales, e instaló solo un tercio de las mesas de votación habituales.
El diario La Jornada (izquierda) acusa también de sabotaje electoral al Tribunal Supremo por establecer “un marco legal que no fue diseñado para permitir la expresión de la voluntad popular sino para obstaculizarla” y advierte que “México necesita una profunda democratización de sus instituciones judiciales y electorales”.
