Ben Gvir presume de la tortura en las cárceles israelíes y amenaza con endurecer el castigo contra las presas palestinas

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, vuelve a exhibir públicamente su desprecio por los derechos de las personas palestinas detenidas bajo custodia israelí. En un vídeo difundido por el propio ministro, aparece durante una visita a una prisión de mujeres mientras una interna denuncia ante una traductora unas condiciones de reclusión que describe como inhumanas.
La presa explica que las internas sufren una grave falta de condiciones básicas: ausencia de agua en las habitaciones, enfermedades sin tratamiento, falta de intimidad y dificultades incluso para ducharse o cambiarse de ropa. Según su testimonio, ella y sus compañeras llevaban tres días sin poder ducharse ni cambiarse la ropa interior.
Lejos de mostrar preocupación por las denuncias, Ben Gvir responde con una amenaza. “Se acabaron los campamentos de verano en las cárceles israelíes”, afirma, antes de asegurar que, mientras él esté al frente, quienes hayan “hecho daño” a israelíes no disfrutarán de “condiciones de hotel”.
El episodio vuelve a poner de manifiesto la utilización política de las condiciones penitenciarias de los presos palestinos por parte del ministro ultraderechista, que ha convertido la humillación y el endurecimiento de las condiciones de detención en uno de los ejes de su discurso público.
El vídeo adquiere especial gravedad por producirse en un contexto en el que organizaciones de derechos humanos han documentado un fuerte deterioro de las condiciones de los palestinos detenidos desde el 7 de octubre de 2023. Según datos obtenidos por Médicos por los Derechos Humanos Israel, al menos 104 detenidos palestinos han muerto bajo custodia israelí desde entonces. La organización ha señalado como posibles factores la tortura, la negligencia médica y la privación de alimentos.
Una política penitenciaria convertida en espectáculo
No es un episodio aislado. Ben Gvir ha difundido en repetidas ocasiones imágenes de presos palestinos con el objetivo de exhibir el endurecimiento de las condiciones penitenciarias. Su actuación pública ha convertido incluso el sufrimiento de las personas detenidas en material propagandístico.
Este mismo mes, el ministro difundió otro vídeo en el que anunciaba la construcción de una “instalación de ahorcamiento” destinada a ejecutar a personas condenadas a muerte. En otra intervención pública llegó además a reclamar el asesinato de entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza.
La sucesión de declaraciones y actuaciones dibuja una política en la que la privación de derechos, el castigo colectivo y la amenaza de ejecución aparecen presentados como instrumentos legítimos de seguridad. Una concepción que organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente y que vuelve a quedar expuesta con la difusión del último vídeo.
Mientras las autoridades israelíes presentan estas medidas como una respuesta contra quienes considera responsables de ataques, las denuncias procedentes de las propias cárceles apuntan a una realidad mucho más grave: personas privadas de libertad que aseguran no disponer siquiera de condiciones higiénicas básicas y que denuncian enfermedades sin atención y malos tratos.
El vídeo de Ben Gvir no solo muestra las condiciones denunciadas por una presa palestina. Muestra también la respuesta de quien tiene la responsabilidad política sobre las prisiones: no una investigación de las denuncias, sino una amenaza de mayor castigo.