Miles de personas reclaman en Madrid la paralización de la Ley Ómnibus de Ayuso

Convocadas por más de 50 organizaciones, unas cinco mil personas han desfilado entre Atocha y la sede del Goierno autonómico en Sol contra la Ley Ómnibus, la controvertida “Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración” que en las próximas semanas se debatirá y aprobará en la Asamblea de Madrid.

Durante la protesta los manifestantes han lanzado continuas consignas contra la corrupción, exigiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el escándalo del contrato adjudicado a su hermano para importar mascarillas con un alto sobrecoste y a cambio de una jugosa comisión.

“La creación de una Agencia de Contratación sanitaria, opaca y sin control ciudadano, que incluye la Ley Ómnibus, facilitará que se den casos como el de las mascarillas de Ayuso, por eso tenemos que pararla”, ha afirmado un portavoz se la plataforma impulsora de la manifestación en la Puerta del Sol, ante la sede del Ejecutivo autonómico.

En su comunicado, los convocantes de la marcha recuerdan las “terribles consecuencias” que puede tener para la población y el medio ambiente la inminente aprobación de una norma que modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos.

“No nos resignamos a ver cómo el Gobierno regional de Díaz Ayuso desregula los derechos públicos y los bienes comunes para dárselos en bandeja al sector privado con el objetivo de que hagan negocio con ellos. Tenemos muchas razones para parar la Ley Ómnibus”, han indicado los manifestantes.

A parte de la citada Agencia de Contratación, “una puerta abierta a las corruptelas, ya que puede estar participada y financiada por empresas privadas del ramo sanitario”, en el ámbito del transporte público “ahonda en un proceso de desregulación y precarización del Servicio Público del taxi, para continuar hacia un modelo depredador y uberizador que solo favorece a un grupo de empresas y no beneficia ni a sus profesionales ni a la ciudadanía”.
En urbanismo “promueve la transformación especulativa y la privatización del territorio madrileño permitiendo que los Proyectos de Alcance Regional (como lo era el polémico Eurovegas) se puedan construir en cualquier clase de suelo, sea cual sea su grado de protección. Además, suaviza los requisitos para la modificación de las normas de construcción en pueblos y ciudades”, subrayan las organizaciones sociales.

La Ley Ómnibus “consolida la posibilidad de que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, dándoles la opción de pagar a cambio una cantidad monetaria. Esto eliminará la obligación de ceder suelo público para la construcción de dotaciones como viviendas sociales, zonas verdes, zonas deportivas, servicios sanitarios, centros educativos, etc. Con todo ello, desaparece la «red de viviendas públicas de integración social» como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos y se apuesta decididamente por un modelo de construcción de vivienda protegida privatizada”, han asegurado ante miles de personas.

En medio ambiente, “supone un retroceso en la conservación de los valores naturales al reducir la protección de las especies vegetales de flora silvestre, así como del arbolado que no sea de especies estrictamente protegidas; y reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos, al permitir usos y actividades (como la caza, la construcción y negocios hosteleros) en zonas hasta ahora incompatibles por su alto valor ambiental”, afirma el comunicado.

“La Ley Ómnibus es una vuelta de tuerca más contra los derechos ciudadanos, y supone un claro deterioro de los servicios públicos y una privatización de los bienes comunes de la región de Madrid”, han concluido en la Puerta del Sol los portavoces de la organización de la marcha.

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