La huelga indefinida de los transportistas por carretera puede concluir pronto. Ya llevan 8 días pero ahora están reunidos con el Gobierno que confía poder llegar pronto a un acuerdo.
El Secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, ya mostró el pasado viernes, en una visita al Campo de Gibraltar, la disposición del Gobierno de España para atender muchas de las reivindicaciones expresadas en las movilizaciones del sector del transporte por carretera por su “justeza”.
Santiago marcó la diferencia entre las dos tablas reivindicativas de la huelga: una laboral, con reivindicaciones de acceso a la jubilación y de reconocimiento de enfermedades profesionales, entre otras, “que por supuesto se van a trabajar con todo detenimiento, al igual que el resto de trabajadores de este país”, según Santiago; y otra que “no son un problema de control del gobierno, al depender de los contratos con los suministradores y las grandes cadenas de supermercados”, donde el Secretario de Estado afirma que “quizás habría que intervenir más en el mercado, pero sobre eso no hay consenso”.
El campo lanza un SOS, se asfixia
El domingo 20 de marzo, alrededor de 150.000 personas se manifestaron en la capital madrileña, en la Plaza de Colón, con el lema “Juntos por el campo”. Fue la mayor movilización conocida de agricultures, ganaderos y trabajadores que viven del campo. Convocada por organizaciones agrarias como UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias lanzaban un SOS porque no ven futuro: los costes de carburantes, nitratos, fertilizantes, la electricidad, los piensos y los efectos de la sequía no compensan su trabajo.
La convocatoria reunió a personas de muy variada clase social. Entre los primeros convcantes estaban la Federación Española de Caza y los Criadores de Toros de Lidia, que pedían respetar sus “tradiciones y costumbres”.
La manifestación, que entre otras medidas demandaban una ley contra la venta a pérdidas, estuvo apoyada por PP y VOX, quienes votaron en contra de esa misma ley, llamada Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de septiembre.
