El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida – Los Verdes en la Asamblea de Madrid ha presentado una propuesta para declarar a la Comunidad territorio libre de redadas racistas. La propuesta coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido por Naciones Unidas el 21 de marzo para combatir una lacra tan perniciosa como extendida.
La crisis del capitalismo constituye un caldo de cultivo fértil para este tipo de expresiones racistas o abiertamente fascistas, como lo estamos viendo en la mayoría de países europeos y de manera sorprendente en Grecia, con el ascenso de un partido neonazi que hace de los inmigrantes el chivo expiatorio de la dramática situación actual.
Como se recoge en la declaración del PCE con motivo del 21 de marzo, este tipo de manifestaciones sólo pueden ser combatidas desde una concepción internacionalista consecuente, la defensa de la universalidad de los derechos humanos y la lucha conjunta contra los recortes sociales. En nuestro país, la lucha conjunta contra los desahucios en todas las localidades y barrios de nuestras ciudades, que ha sido capaz de frenar muchos de ellos y marcar la agenda política con la iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), es un ejemplo concreto de lo anterior. Los enemigos son los poderosos, los banqueros usureros y quienes reprimen, nunca quienes sufren con más intensidad la crisis y la exclusión social.
Pero, más allá del avance de grupos fascistas de extrema derecha, el racismo se manifiesta con especial intensidad en las prácticas políticas de países que se dicen democráticos y respetuosos con los derechos humanos. El ejemplo más reciente en nuestro país es la restricción en el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes sin papeles, que cumple ahora seis meses, o la persistencia de los inhumanos Centros de Internamiento y las redadas racistas impulsadas por los últimos Gobiernos del PSOE y del PP.
No está de más recordar el origen de las actuales redadas para entender que su existencia no es producto del exceso de celo de unos policías, de la casualidad o de la mente calenturienta de los defensores de derechos humanos.
La generalización de los discursos agresivos de los partidos mayoritarios arranca hace ya una década con la vinculación entre inmigración y delincuencia, la falta de sensibilidad hacia los menores no acompañados y la falsa imputación del uso abusivo de los servicios públicos por los inmigrantes.
El gobierno del PSOE, tras su segunda victoria electoral, con su ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho a la cabeza, estrenó su mandato con un llamamiento al retorno como solución mágica ante la crisis y el paro entre los inmigrantes; aunque esta medida, como era previsible, no ha tenido más que una aplicación marginal, era un claro reflejo de una visión instrumental del trabajador inmigrante, de usar y tirar en función de la coyuntura económica y los intereses de los empresarios.
El Congreso de los Diputados aprobó en 2009 la cuarta reforma de la ley de extranjería. Una vez más, en línea con el modelo construido desde 1985 con la primera ley, en vez de apostar por un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración social en España, coherente con los derechos humanos, se consolidó la tendencia a construir un régimen de ‘extranjería’ que prima el control administrativo y refuerza el control policial. Aunque se recuperó el reconocimiento de los derechos fundamentales de asociación, sindicación, reunión, manifestación y huelga, consecuencia obligada de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primera reforma de 2000, el contenido de esta reforma fue inequívoco y muy coherente con la Directiva de la Vergüenza de la UE.
La reforma incrementó las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, amplió el periodo de internamiento hasta 60 días, a pesar del argumento empleado por el Gobierno de Zapatero al justificar su voto favorable a la Directiva de la Vergüenza con que no tendría consecuencias en España, y mantuvo los Centros de Internamiento (CIES), a pesar de las denuncias de diferentes organismos internacionales y organizaciones sociales debido a sus condiciones y los reiterados maltratos a los detenidos.
El 16 de febrero de 2010, el Sindicato Unificado de Policía emitía un duro comunicado en el que denunciaba los objetivos de rendimiento impuestos por el Ministerio del Interior a sus agentes, que les estaban obligando a realizar cientos de identificaciones indiscriminadas de inmigrantes en las principales ciudades de España, en lo que calificó como una práctica ilegal e inhumana; el portavoz del sindicato policial advertía a los agentes que, actuar como ordenaba el Ministerio, les podría llevar a ser condenados por un delito de detención ilegal.
La información sobre este tipo de exigencias para medir la productividad de los agentes no era nueva; ya a mediados de 2009 se conoció que una circular interna, colgada en el tablón de anuncios de una comisaría de policía en el distrito madrileño de Vallecas, establecía cupos diarios de detención, lo que generó una intensa polémica, la negación poco convincente de estas prácticas por la Delegación del Gobierno de Madrid y las protestas de las organizaciones sociales.
A pesar de los desmentidos oficiales, las comparecencias periódicas de Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que presentaba como un logro el número de expulsiones realizadas, no dejaban lugar a dudas del interés político del Gobierno español en ofrecer una imagen de eficacia y dureza en la gestión de la inmigración.
Con estos antecedentes, la inhumana práctica de las redadas masivas e indiscriminadas en las inmediaciones de centros educativos, sanitarios o estaciones de transporte público, se ha convertido en una constante en nuestra vida cotidiana urbana. No sólo hay que detener y expulsar más para que en la próxima comparecencia el ministro de Interior señale con orgullo la línea ascendente de las estadísticas, sino hacerlo a plena luz del día, en los lugares más concurridos, para que el impacto social sea mayor.
Lo más preocupante de estas prácticas es su mensaje implícito, que convierte al inmigrante en objetivo permanente de la actuación policial; en la vida cotidiana este mensaje se traduce en un acoso a aquellas personas con rasgos físicos distintos al prototipo del español tradicional. Es decir, en vez de combatir la extensión de la xenofobia y el racismo, en especial, la demagógica vinculación entre inmigración y criminalidad, el Ministerio del Interior echa más leña al fuego de un imaginario colectivo bien alimentado desde la derecha y los medios de comunicación sensacionalistas.
El PP en la oposición se sumó de forma interesada a la denuncia de las redadas pero, todavía hoy, los controles de identidad discriminatorios y las redadas policiales en la Comunidad de Madrid constituyen una realidad que cualquier observador atento puede constatar con el simple hecho de permanecer unas horas en el vestíbulo del metro en la Puerta del Sol o en cualquier intercambiador de transportes.
La demagogia y la hipocresía del PP han quedado patentes. Lo que ayer era una intolerable práctica represiva hoy no existe. Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos documentan en su página web la realidad innegable. Por eso Izquierda Unida ha querido conmemorar el 21 de marzo en Madrid, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, con una declaración institucional declarando la Comunidad territorio libre de redadas racistas.
Como era previsible el PP ha vetado la iniciativa, pero lo que no puede seguir negando es esta realidad a los ojos de todos los madrileños. IU seguirá en su empeño de denunciar las redadas y la miserable concepción política que las sustenta.
