El pasado día 23 de octubre el Congreso nombró a José Antonio Sánchez nuevo Presidente del Consejo de RTVE. Sánchez ya estuvo al frente en una de las etapas más oscuras de la radio-televisión pública, entre 2002 y 2004, cuando los bochornosos episodios de manipulación informativa alrededor del hundimiento del Prestige, la huelga general de 2003, la guerra de Iraq o los atentados del 11-M en Madrid, hicieron sonrojar a la opinión pública. Posteriormente Sánchez ha sido máximo responsable de Telemadrid y protagonista de un ERE que ha supuesto una auténtica purga política de profesionales, al tiempo que ha hundido sus audiencias y la ha convertido en un ejemplo de medio manipulado y parcial en sus informaciones.
A los pocos meses del inicio de esta legislatura, el Gobierno del PP aprovechó su mayoría parlamentaria para, vía Real Decreto Ley, cambiar en la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, la mayoría cualificada de 2/3 del Congreso que la ley requería para nombrar al Presidente, requiriéndose solamente mayoría absoluta. Tras aquel golpe de timón se nombró a Leopoldo González-Echenique, quien dimitió hace pocas semanas tras las desavenencias mantenidas con el ministro Montoro y los sectores más ultra del PP sobre la forma de dirigir la radio-televisión pública. Estos exigían una política de recortes más agresiva al tiempo que un mayor control partidista sobre las informaciones emitidas.
Sánchez llega con el encargo de reconducir la línea informativa bajo el estricto control de los intereses del PP y hacer todas las reformas y recortes necesarios para enjugar el galopante déficit y la deuda acumulada por RTVE.
La Ley 8/2009 que regula la financiación de RTVE, que veía eliminada la publicidad como una fuente de ingresos, establece tres vías básicas de financiación de la corporación: las aportaciones del Estado, la tasa por el uso del espacio radioeléctrico y las aportaciones tanto de operadores de telecomunicaciones como de las televisiones privadas -que se quedaron con todo el pastel de la publicidad que antes debían compartir con la pública-. Pero estas fuentes de financiación han sufrido importantes quebrantos en los últimos ejercicios. El Gobierno ha recortado sus aportaciones, al tiempo que las cuantías previstas por tasas y aportaciones se han reducido como consecuencia de la crisis económica. RTVE ha visto incrementarse sus deudas y su desequilibrio económico. Dentro del actual sistema, la forma más rápida y fácil de evitar el desastre económico que se cierne sería aumentar las aportaciones desde los Presupuestos Generales del Estado, pero esa vía ha sido desestimada por el Gobierno del PP, motivo por el que se ha decidido situar al frente de la Corporación a un auténtico enterrador de la televisión pública. Al menos ese es el papel que ha ejercido en Telemadrid, condenada a unas audiencias marginales en un muladar de manipulación.
La incertidumbre se extiende sobre la gestión futura de José Antonio Sánchez. Los sindicatos muestran su expectación ante la posibilidad de un nuevo ERE que, con la excusa de la reducción de gastos, ataque los derechos laborales y sirva para hacer una depuración de profesionales no adictos al régimen. Queda prácticamente un año de legislatura en el que el futuro de la radio y televisión pública va a estar en serio peligro. El modelo televisivo popular aplicado de forma paradigmática en Telemadrid y también en la RTV Valenciana, condena a las emisoras públicas a su marginalidad cuando no a su desaparición, un camino que también se ha seguido en países duramente afectados por la crisis como Grecia. Se ataca a nuestra RTVE en diversos ámbitos descalificando la profesionalidad o el número de trabajadores, cuando la capacidad y sacrificio de los profesionales ha quedado sobradamente demostrada con la asunción de reiterados recortes para garantizar el trabajo y el futuro de la corporación. Tampoco el número de trabajadores admite comparación con el de otras radio televisiones públicas de los países de nuestro entorno. Ni siquiera con las privadas que disponen de una maraña de productoras en sus mismos grupos empresariales en las que se cobijan un gran número de trabajadores, no computados entre los de la “productora madre”, en unas condiciones laborales cada vez más precarias.
En los últimos ejercicios RTVE ha ido acumulando un déficit anual de más de 100 millones de euros y una deuda global de más de 800 millones. Antes de su salida González-Echenique puso en marcha medidas de ajuste que implicaban una disminución de servicios y calidades. Alguna de ellas como el cierre de emisiones de Radio Exterior de España en su centro de Noblejas ya se ha ejecutado, dejando solamente como vía de emisión Internet, condenando a nuestra radio al silencio en las todavía muchas áreas del planeta a las que no llega la red de redes. Otras medidas esperan una ejecución anunciada, como el cierre de Teledeporte y la incorporación de parte de sus programación a La 2, lo que irá en detrimento de la diversidad de contenidos ahora suministrados.
El Gobierno no ha comprometido las aportaciones necesarias que contrarresten el hundimiento del resto de ingresos. La vía de la publicidad sigue cerrada. Desde IU apostamos por que se corrijan por la vía de urgencia los desequilibrios financieros actuales y se ponga en marcha también con urgencia un nuevo modelo de financiación que dote de estabilidad financiera a RTVE. Es también fundamental blindar la independencia de sus profesionales y la pluralidad informativa para que nunca vuelvan a producirse bochornosos episodios de manipulación.
