El escándalo de la ‘Operación Frontino’ que implica a la empresa Acuamed, dependiente a su vez del Ministerio de Agricultura y gestionada por el Gobierno, en un presunto fraude cercano a los 25 millones de euros, aparece como un sarcástico recordatorio de los hechos que definen el país. Al igual que los treinta y cinco imputados y los trece detenidos (por el momento) entre los que se encuentran el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, el director general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini, el presidente de la empresa Pipeline, Manuel Moreno Maestre, así como la destitución y despido del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, perceptor de un sueldo de 130.000 euros de dinero público. También se encuentran detenidos María Gabriela Mañueco, directora de Ingeniería y Construcción de esta entidad, y sus delegados en la Región de Murcia y Valencia.
Presuntamente, la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) adjudicaba contratos inflando las cantidades copiosamente para dar lugar al reparto posterior. La sociedad se dedica a la gestión las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña. Según la Guardia Civil, Acuamed «presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias».
Fiel reflejo del turnismo político, la ‘Operación Frontino’ y el boom de las desaladoras se remontan a la ministra Cristina Narbona, durante el gobierno del PSOE en nombre del medioambiente y de la gestión del agua, pero las detenciones en Acuamed lo extienden a la actual Administración del Partido Popular. La sociedad recibe dinero público del Ministerio de Hacienda y responde a instrucciones del Ministerio de Agricultura. El propio Gobierno está siendo investigado.
Francisco Valiente, anterior director de Ingeniería y Obras de Acuamed denunció ante el consejo de administración estas supuestas prácticas corruptas, costándole el puesto. Valiente terminó acudiendo ante la Fiscalía Anticorrupción, quien abrió el procedimiento actual. La denuncia se produce en septiembre de 2014, mucho antes de que los ciudadanos y ciudadanas votaran al Partido Popular el pasado 20D. Es decir, mientras los votantes de PP introducían la papeleta en la urna, esto ya estaba ocurriendo y había sido denunciado.
Estos acontecimientos relacionados con Acuamed explican y demuestran la gestación, durante años, de una trama corrupta al amparo de lo público y en perjuicio de la sociedad, bajo un modelo de alternancia política desarrollado en una democracia de mínimos. El régimen bipartidista ha tomado hábilmente las instituciones durante la breve historia de nuestra democracia, a la par que ha asegurado su continuidad y permanencia en las mismas, a costa del bienestar social y en base a una extremada pobreza democrática que parece no alarmar en demasía a buena parte de la sociedad. Imprescindible el ejercicio asociativo para comprender el enorme engaño y abuso que sufrimos.
El 20D deja patente, por enésima vez, dos cuestiones: que a partir del momento que introducimos el voto en las urnas, no todos los votos valen lo mismo, y que a partir de ese momento cualquier cuestión deja de tener nada que ver con los ciudadanos/as, sólo asistimos a los acontecimientos, sin voz y sin más voto. Eso no es democracia, es justificar la indefensión social a través de una formalidad filtrada por una ley electoral embaucadora.
La propuesta de Unidad Popular es hoy, a la luz de la ‘Operación Frontino’ y de tantas otras, más necesaria que nunca. Es preciso comprender que nuestra democracia se encuentra recortada, simplificada a la mínima expresión para permitir la permanencia y el engaño. En este orden de cosas, sólo la construcción de la Unidad Popular puede traer la democracia y sus garantías a este país asaltado, el primer paso es identificarla como condición necesaria para recuperar la dignidad en nuestras vidas, el segundo es superar la frontera nominal y ser consecuentes. Implica igualmente, un modelo de compromiso personal extensible a toda la sociedad.
Resulta preciso detener este funcionamiento anormal de las instituciones, gobiernos y fuerzas del régimen bipartidista. Como también lo es que el conjunto de la población pueda acceder a un sistema democrático real y garantista. Se ha abierto un diálogo inevitable en torno a la Unidad Popular, para poner de acuerdo al conjunto de la sociedad organizada, a partidos políticos, movimientos sociales y ante todo a las personas cuya vida se haya visto afectada por las políticas del recorte y de la corrupción; quienes conformamos esta mayoría social afectada debemos hacer frente a las políticas del bipartito, a la actual construcción europea y a los poderes económicos.
No ha sido suficiente con votar, como nunca podrá serlo en una democracia de estas características, solo con la construcción de un Nuevo País mediante un proceso constituyente la ciudadanía tendrá el poder de decidir sobre su futuro.
