Alberto Cubero, máximo responsable del Partido Comunista en Aragón y concejal de Zaragoza en Común, espera una sentencia judicial que puede sacarle de las instituciones. VOX presentó una querella acusándole de delitos de odio contra el partido de ultraderecha por las siguientes declaraciones del dirigente comunista realizadas el 20 de abril de 2021 durante una comisión de Hacienda en el Consistorio: “En política fiscal y económica se les cae la careta, y luego les pasa lo que les pasa, que van a Vallecas y los reciben como los reciben. Ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España». Por estas palabras VOX solicita una pena de 4 años y 9 meses de prisión, además de una indemnización económica de 10.000 euros. La Fiscalía, por su parte, mantiene su petición de dos años y medio de cárcel, junto a una sanción económica de 5.400 euros. El juicio celebrado el pasado 15 de septiembre está a la espera de sentencia.
La querella forma parte de la estrategia judicial y política de la extrema derecha contra dirigentes de izquierdas y sociales para tratar de ocasionarles el mayor perjuicio posible. En el caso de Cubero, el objetivo de VOX es inhabilitarlo políticamente. A esta estrategia se le llama guerra jurídica o lawfare, y se traduce en una injerencia en los asuntos políticos, dirigida a desgastar a una fuerza política y a intentar inhabilitar electoral y políticamente a sus más destacados dirigentes. Alberto Cubero es uno de ellos. Antes lo sufrió Alberto Rodríguez, que acabó dejando el escaño en el Congreso de los Diputados, y que definió este tipo de actuaciones como un “uso abusivo de procedimientos judiciales, manteniendo apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra oponentes e incluso debilitar o deponer gobiernos”.
Alberto, ¿Qué busca VOX en este juicio contra ti?
Cuando Vox anunció desde Madrid esta querella dijo claramente que su objetivo era la inhabilitación política, aunque en términos generales esta guerra judicial busca amedrentar al conjunto de cargos públicos de la izquierda para que no continuemos señalando a Vox como lo que son, una expresión de la ultraderecha de este país con todo lo que ello implica de propagación del discurso de odio, racista, machista y homófobo. Por ello la querella implica también la normalización de ese discurso de la ultraderecha.
De momento lo que tenemos es una querella admitida a trámite y un juicio realizado con unas peticiones de pena por parte de Vox y, lo que es más preocupante, por parte de la Fiscalía, lo que denota que en esa estrategia de guerra judicial Vox cuenta con la colaboración de parte de la estructura del Estado.
El primer paso de la guerra jurídica, y el más fácil, el de hacer daño, ya lo han conseguido. ¿Cómo te ha afectado esa querella y qué esperas de la sentencia?
Sufrir un proceso judicial no es plato de buen gusto, aunque en lo personal lo llevo bien pues tenemos la firmeza y claridad de hacer lo correcto, que es plantar cara a la ultraderecha, en nuestro caso también desde la tribuna del Ayuntamiento de Zaragoza. De la querella esperamos lo que consideramos justo, la absolución.
¿Cuál será el siguiente paso?
Ahora, esperar la sentencia, en caso de no ser absolutoria evidentemente continuaremos el proceso judicial apelando hasta las últimas instancias y continuando la campaña política por la absolución.
Es significativo que la intervención por la que te levantan la querella comience por un “Me encanta hablar con VOX de política fiscal… porque se les cae la careta”. ¿Por qué tienen tanto miedo a enfrentarse a un discurso comunista?
Vox no soporta un debate sobre fiscalidad, ni sobre soberanía nacional, porque como decíamos en la intervención se les cae la careta y muestra su verdadera naturaleza de clase. La ultraderecha tampoco está dispuesta a soportar determinados planteamientos desde una tribuna pública, consideran que el Estado les pertenece y hasta cierto punto es cierto cuando lo utilizan para que así siga siendo.
También es preocupante que unas declaraciones políticas puedan llevar penas de cárcel mientras los responsables de casos probados de corrupción desfilan glamurosos por los platós de televisión. ¿Qué tipo de justicia tenemos en este país?
Es un salto importante que un cargo público por unas declaraciones en el ejercicio de sus funciones, sufra un proceso penal con petición de cárcel e inhabilitación, hasta ahora los casos de los compañeros Alberto Rodríguez o Isa Serra eran por cuestiones fuera del ejercicio de cargo público, incluso anteriores, que se reanudan sin pruebas con la misma intención de la inhabilitación.
Esto no ocurre con los casos de corrupción, ni con declaraciones de otros cargos públicos que sí son delitos de odio, pues atentan contra colectivos vulnerables como son precisamente las declaraciones de cargos públicos de Vox. El doble rasero es más que evidente y para ello la ultraderecha cuenta con el poder mediático, pero también el judicial. La Transición no llegó a los tribunales, el TOP se acostó un día franquista y al día siguiente se levantó demócrata de toda la vida en forma de Audiencia Nacional.
La campaña de apoyo #YoConCubero ha sido una fuerte respuesta al fascismo, no sólo de las filas comunistas sino del mundo antifascista. Háblanos de esta campaña.
Desde un primer momento interpretamos esto como un juicio político y que por lo tanto se debía enfrentar también en el plano político, de ahí surge la campaña #YoConCubero en la que han colaborado no solo camaradas, también compañeros del resto de organizaciones donde milito, fundamentalmente IU y Zaragoza en Común, que es la candidatura municipalista por la que soy concejal. Pero como muy bien dices se ha apoyado por el mundo antifascista de toda España.
Como en todas las campañas se han hecho materiales, concentración en la puerta de los juzgados o una recogida de firmas. La respuesta ha sido más amplia de lo que nos imaginábamos y ha permitido la visualización de este caso que esperamos sirva para la concienciación de la realidad en la que nos encontramos, donde la ultraderecha tiene más tentáculos de poder de los que nos imaginamos a simple vista.
Te acusan de ser un apólogo del comunismo ¿Vamos a tener que seguir haciendo campañas diciendo que ser comunista, que ser antifascista no es un delito?
La querella de Vox incluye esa acusación, argumentándola con la infame resolución del Parlamento Europeo que trata de equiparar al comunismo con el nazismo y con toda una serie de pruebas de mi militancia política en el PCE a través de mis publicaciones en redes sociales. Finalmente la acusación es por un delito de odio, pero que una querella pueda incluir eso y no sea archivada, que en el trascurso de mi declaración en una sede judicial se hable del PCE y de mi pertenencia a él trae recuerdos muy preocupantes de otras etapas de la historia de este país, y dice poco de la calidad democrática de la actualidad.
Seguiremos defendiendo que ser antifascista no es un delito como dice uno de los lemas de la campaña, es un deber histórico, lo hemos hecho siempre en la calle y ahora nos toca también en los tribunales.
