Yolanda Díaz en los actos de Sumar, está siendo tajante con una idea: la necesidad de impulsar una reforma fiscal para «reinventar el estado del bienestar para el siglo XXI», para obligar a aportar a su país a aquellos que se «escaquean» a la hora de tributar.
Puede parecer, que es lo de siempre, la izquierda hablando de progresividad fiscal y de que pague más quien más tiene, pero lo cierto es que se repite esta propuesta una y otra vez, porque no se cumple. Los ricos pagan pocos impuestos, pero es que los opulentos todavía pagan menos.
Así lo demuestran los últimos datos que se han conocido de donde se desprende que el 1% más rico de la población más acaudalada de España tributa en el impuesto sobre el patrimonio a un tipo efectivo de tan solo el 0,03%, una cifra muy inferior al 0,25% que soportan de media los cerca de 180.000 altos contribuyentes que abonan cada año el tributo sobre la riqueza.
Estamos hablando de 1.800 personas aproximadamente, que tienen una riqueza media inicial de 19.019.731 euros, registran un patrimonio de 19.014.460 euros tras sus obligaciones fiscales, una aportación de apenas 5.000 euros que se explica principalmente por las exenciones que prevé el impuesto, según recoge el Diario Cinco Días.
Las cifras las ha desvelado el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), un centro del Ministerio de Hacienda especializado en formación e investigación. Nuria Badenes Plá, la coordinadora de área e investigadora ha dividido a los 183.523 liquidantes del impuesto en el año 2019 en deciles, es decir, 10 partes iguales. El último decil, a su vez, lo ha segregado en centiles para obtener una radiografía mucho más precisa del 10% con más patrimonio dentro de este colectivo.
Impuestos a medida
Esta antiprogresividad, que hace que el que más tenga, apenas aporte a las arcas del Estado. Ello se explica únicamente por las exenciones con las que cuenta el impuesto, que benefician más al grupo de los más ricos. “Las exenciones son la clave principal para reducir la factura”, recalca la investigadora. El impuesto sobre el patrimonio, con carácter general, afecta a los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 700.000 euros, aunque las comunidades autónomas pueden modular esta cantidad.
Además, la vivienda habitual está exenta hasta los 300.000 euros. A partir de aquí hay una serie de deducciones y exenciones que suelen afectar a los patrimonios improductivos (es decir, que no generan renta) como las antigüedades, las obras de arte o las joyas. Los cuadros y esculturas integrados en el Patrimonio Histórico y con un valor monetario máximo que depende de cada objeto, por ejemplo, están exentos y pueden minorar la base imponible.
También hay otras exenciones que son utilizadas por los ricos, como por ejemplo los bienes artísticos de mayor cuantía, ya que están libres de tributar si se exponen públicamente en museos, fundaciones o instituciones culturales. La empresa familiar tampoco tributa, de igual manera que el límite de renta y patrimonio permite que la cuota íntegra del pago del IRPF y Patrimonio no exceda del 60% de la suma de las bases imponibles del impuesto sobre la renta. Todas estas fórmulas, añade Badenes Plá, son las que benefician a los contribuyentes con más patrimonio.
Toda esta maquinaria y sus consecuencias, concluye la investigadora, muestran que el efecto redistributivo que logra el impuesto sobre el patrimonio es prácticamente testimonial, llegando a ser incluso negativo en el 10% más rico. “Es un impuesto con un tipo tan bajo y tan poco cambiante que es difícil conseguir un efecto redistribuidor real”, apunta. Aun así, añade, sorprende que la desigualdad aumente después de que el 10% más acaudalado abone el tributo. Por ello, recuerda, si se decide que la imposición patrimonial debe tener efectos redistributivos no queda otra que aumentar los tipos y hacerlos más progresivos.
