La ordenación del territorio para Canarias es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar, ya no solo porque somos conscientes de que la materia prima del archipiélago es nuestro clima y la peculiaridad del territorio, sino porque es nuestro motor económico.
La Ley del Suelo que pretende aprobar el Gobierno de Canarias, el mismo que ha venido ordenando nuestro territorio los últimos 30 años, altera la manera en que nos organizamos en comunidad y la manera en la que nos ganamos el sustento.
Esta Ley facilita la inversión en el suelo rústico, lo que supone una amenaza para nuestro paisaje, la cultura agraria y el medio rural. Queda desprotegido porque, además, el Gobierno de Canarias transfiere sus competencias en materia de control ambiental a los ayuntamientos y cabildos, quienes podrán dar permiso para construir sobre tierra agraria de forma discrecional mediante una disposición transitoria.
Pero lo que supone una auténtica mofa, y que la eurodiputada Ángela Vallina solicitará a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se investigue, es que los mismos que conceden los permisos para el uso del suelo son los encargados de la evaluación ambiental, lo que a toda luz es una fórmula, cuándo menos, poco garante del desarrollo sostenible.
Para el Partido Comunista de Canarias (PCC) esta ley lo que hace es desregularizar el territorio en una sociedad con cuotas elevadas de pobreza, donde la oligarquía canaria acumula la riqueza y bajo el amparo que este marco legislativo otorga a unos pocos el poder de construir basándose en un supuesto “interés público sobrevenido” que en realidad no es otra cosa que interés especulativo.
Esta ley abre un gran margen para la especulación y la corrupción. Favorece a especuladores y perjudica a la mayoría social.
Desde la UE, a través de la eurodiputada Paloma López, conocíamos hace unos meses que se estará vigilante sobre cómo se desarrolle esta ley.
La defensa de nuestra tierra también pasa por exigir que se derogue la llamada Ley Turística de las islas verdes que permitirá la construcción de más de 30 hoteles y 6 campos de golf en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, las tres Reserva de la Biosfera.
Sufrimos una crisis en nuestro modelo productivo desde hace años, mucho antes de la llamada crisis del ladrillo. El Gobierno de Canarias debe abandonar el modelo desarrollista y expansionista y sentarse con todas las fuerzas políticas, con el tejido social organizado y hacer uso de las herramientas de participación ciudadana porque así no podremos continuar mucho más tiempo. Es insostenible llenar los bolsillos de unos pocos a costa de los jornales de muchos, de nuestro patrimonio paisajístico y no estamos dispuestas a ponérselo fácil a los mismos que llegan ahora con la fórmula magistral para ordenar los desastres de su gestión los últimos 30 años.
Canarias no es un solar, Canarias se respeta.
