Un terremoto político ha sacudido Portugal este martes. El primer ministro del país, el socialista António Costa, ha dimitido tras conocerse una investigación contra él y varios miembros de su gabinete por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias en un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno.
La dimisión se producía un par de horas después de que saltase la noticia del registro de su residencia y la detención del jefe de su gabinete, el alcalde de Sines y dos administradores de su sociedad Start Campus. Se ponía así fin a ocho años de un Gobierno que en enero de 2022 había conseguido una mayoría absoluta.
La Fiscalía ha llevado a cabo el registro de más de 40 lugares, entre ellos los «espacios utilizados por el jefe de Gabinete» en la residencia oficial del primer ministro. Además, el ministerio público ha reconocido que varios sospechosos han implicado directamente a Costa por «desbloquear procedimientos». La investigación se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
Al tiempo que se daban los registros, la Policía detenía al jefe de Gabinete del primer ministro, Vítor Escária; al alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas; dos administradores de la sociedad Start Campus, Afonso Salema y Rui Oliveira Neves, este último es socio de uno de los despachos de abogados más grandes e importantes del país, Morais Leitão; y, por último, el abogado/consultor contratado por Start Campus, Diogo Lacerda Machado, amigo íntimo de Costa y padrino de su boda. También fueron declarados «arguidos» (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
Posición del PCP
El Partido Comunista Portugués (PCP) ha recordado que «no es obligatoria la disolución de la Asamblea de la República» y su secretario general, Paulo Raimundo, ha afirmado que «el país no necesita elecciones, sino soluciones». Además en unas primeras valoraciones han reclamado que es necesario que se completen las investigaciones en curso y se investiguen todos los hechos.
«La evolución de esta situación, que incluye la dimisión del Primer Ministro, es consecuencia del debilitamiento del Gobierno, que es inseparable de sus opciones políticas, que dejan sin respuesta y sin solución los principales problemas de los trabajadores y del pueblo», declaraba el líder de los y las comunistas de Portugal.
Para el PCP, el país está «ante un Gobierno y una mayoría absoluta constituidos sobre el argumento de la estabilidad y una operación de chantaje que contó con la colaboración del Presidente de la República», en clara referencia a los acuerdos tomados entre el Primer Ministro dimitido, miembro del Partido Socialista, con el Presidente luso, miembro del derechista PSD.
«A nivel constitucional, no es obligatorio que a la dimisión del Primer Ministro le siga la disolución de la Asamblea de la República», recuerda el máximo dirigente del PCP, quien ha aprovechando su valoración para recordar que corresponde al Presidente de la República la evaluación y decisión final sobre los futuros desarrollos institucionales, asumiendo las responsabilidades que de ellos se deriven. Además ha recalcado que en caso de convocarse elecciones, el Partido Comunista Portugués está preparado para afrontarlas.
«Lo que la situación del país requiere es el rechazo de la política de derechas que ha seguido el Gobierno del PS, que en todo lo que sirve al gran capital está acompañado por el PSD, CDS, Chega e IL, y la implementación de una política alternativa que asegure el aumento de salarios y pensiones, la defensa del SNS y el acceso a la sanidad, la garantía del derecho a la vivienda, los derechos de los niños y de los padres, la defensa de la soberanía y el desarrollo», concluye Paulo Raimundo, secretario general del PCP.
