Sumar considera, junto a las organizaciones de derechos humanos, que el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) alcanzado el pasado mes de diciembre supone un retroceso y dificulta el acceso al derecho de asilo. Entre algunos de los aspectos más precoupantes es que crea zonas grises donde no operarían las normas nacionales o internacionales.
Como las regulaciones de la UE no impiden que cada Estado mantenga un grado de protección más elevado si así lo considera, el grupo parlamentario de Sumar ha registrado hoy una proposición de ley para facilitar el acceso al derecho de asilo y facilitar y garantizar las solicitudes de protección internacional en embajadas y consulados. De esta manera se establece un canal seguro para su tramitación y que contará con la asistencia de las entidades de atención humanitaria para valorar los riesgos de seguridad que sufren las y los solicitantes
Con esta iniciativa se trata de plasmar en la ley un principio que está establecido con claridad en el derecho internacional: la necesidad de garantizar el acceso a la protección internacional de las personas que, si bien no se encuentran en territorio español, están bajo el control efectivo de las autoridades de nuestro país. De este manera se garantiza el principio de no devolución. Asimismo se propone facilitar los procedimientos reduciendo los tiempos de espera y ampliando las vías para obtener el reconocimiento de la protección internacional”.
Con esta proposición de ley se cambiarían los artículos 16, 17 y 38 de la ley 12/2009 para dejar claro, entre otras cosas, que el derecho a solicitar protección internacional incluye también a aquellas situaciones donde las personas se encuentran bajo el control efectivo de las autoridades españolas (buques, espacios en las fronteras…). Se evitarían así las zonas grises que crea el acuerdo europeo.
Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, presentó la propuesta explicando que tras el pacto europeo de migración y asilo es obligado abordar las dificultades de acceso: “ este pacto es un mínimo y cada Estado puede establecer un marco más garantista”; y en ese sentido Sumar pide garantizar la protección internacional “sin que sea requisito imprescindible hallarse en territorio español, como el caso de las personas interceptadas en aguas internacionales o espacios fronterizos. Hay que garantizar el principio de no devolución de la Convención de Ginebra de 1951”.
