Ayer el Senado de Argentina aprobó la Ley de Bases que cambia la estructura económica hacia un régimen ultraliberal que abre la puerta al desmantelamiento del Estado argentino. Fue una votación larga y reñida y con una brutal represión contra la población que se manifestaba en la calle contra la ley omnibus. La periodista Melisa Molina iniciaba así su crónica en la publicación argentina Página 12: «En medio de amenazas, cambio de votos por cargos y represión a los manifestantes en las afueras del Congreso, el gobierno logró la aprobación en general de la ley Bases en el Senado, aunque con modificaciones en el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones y la continuidad de la moratoria previsional”. La votación terminó igualada a 36 votos y la que desempató fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, “que justificó el voto y la represión callejera”.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, y legisladores como Anabel Fernández denunciaron que la senadora de Juntos por el Cambio, Lucila Crexell, pudiera haber aceptado votar la ley a cambio de su nombramiento como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. «Es como si se hubiera normalizado que las extorsiones que han recibido muchos senadores fueran normales. No es normal», explicaron. El secretario general de ATE considera que ese comportamiento podría ser delito de cohecho, regulado en el artículo 419 del Código Penal, que establece una pena de prisión de uno a seis años para aquellos que soliciten o acepten favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Y añade que “no se puede descartar la compra de otras voluntades”, según recoge la agencia Prensa Latina.
Esta ley reducirá la intervención del Estado en la economía con la eliminación de regulaciones, la privatización de empresas estatales y la descentralización de funciones públicas. La ley incluye incentivos a las grandes inversiones durante los próximos 30 años, brinda beneficios aduaneros, tributarios, legislativos y ambientales para los grandes capitales, extranjeros en su mayoría. También recoge una reforma laboral, privatizaciones y una polémica delegación de facultades legislativas a Milei, lo que supone un paso crucial para el gobierno del presidente, que a seis meses de comenzar no ha logrado respaldo legislativo.
Argentina vive una fuerte recesión económica, con una inflación que roza el 290% interanual y un ajuste fiscal que permitió en el primer trimestre del año el primer superávit desde 2008, pero con miles de despidos y el deterioro de salarios y jubilaciones de la población. Con esa ley, que tendrá que volver a Diputados continuará empeorando la situación laboral económica y social de la población, que en los 6 meses de mandato de Milei avanza a la carrera hacia el empobrecimiento.
El delirio de Milei confunde el derecho a la manifestación con terrorismo y golpe de Estado
Mientras se discutía en el Senado, en la calle se manifestó la población. Participó la Confederación General del Trabajo, La Cámpora, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la CTA Autónoma y el Frente Patria Grande. También lo hizo el Frente de Izquierda, el de Universidades Nacionales, las Madres de Plaza de Mayo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), colectivos feministas, estudiantes, jubilados y representantes de pequeñas y medianas empresas, entre otros.
Y representantes de las y los trabajadores de Radio Nacional, la Televisión Pública, Correo y Aerolíneas Argentinas entregaron a los senadores un documento con más de un millón de firmas contra la privatización de esas entidades.
La respuesta del presidente fue una brutal represión de la que se vanaglorió. Acusó de «terroristas» a los manifestantes y dijo que la violencia policial evitó un «golpe de Estado».
Y se pronunció oficialmente en estas palabras: «La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina» (sic).
«De ahora en más van a reprimir todas las movilizaciones populares. El régimen se tornará cada vez más violento en sus discursos y en su proceder y las cárceles comenzarán a llenarse de militantes populares” fueron algunos de los comentarios publicados en las redes sociales.
