El Gobierno ha dado un paso en su estrategia para abordar la crisis de acceso a la vivienda con el registro en el Congreso de una proposición de ley que introduce un ambicioso paquete de medidas fiscales. El objetivo: penalizar la especulación inmobiliaria y fomentar el alquiler a precios asequibles, al tiempo que se refuerzan los incentivos para la rehabilitación energética y se blinda el parque público de vivienda.
El texto, impulsado por el Grupo Parlamentario Socialista en coordinación con el Ministerio de Vivienda, articula su acción en torno a tres grandes ejes: combatir el déficit estructural de vivienda (estimado por el Banco de España entre 400.000 y 450.000 unidades), corregir las distorsiones del mercado inmobiliario y reforzar el apoyo a los colectivos más vulnerables.
Entre las medidas más llamativas figura la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos, una reivindicación largamente sostenida por organizaciones sociales y que, según el Gobierno, pretende poner freno a una actividad económica que ha contribuido al encarecimiento del alquiler en muchas ciudades. Además, se prevé un nuevo impuesto estatal que gravará la adquisición de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios y no residentes, con el fin de desincentivar la compra especulativa.
El paquete incluye también un cambio relevante en la fiscalidad de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), que pasarán a tributar del 15% al 25% —excepto si destinan su parque de viviendas al alquiler asequible, en cuyo caso podrían beneficiarse de importantes reducciones. De hecho, se contempla la posibilidad de una exención total si reinvierten sus beneficios en viviendas con rentas limitadas durante los tres años siguientes.
En paralelo, se plantea una penalización reforzada para la vivienda vacía, con el objetivo de incentivar su entrada en el mercado del alquiler, y una extensión de las bonificaciones fiscales del IRPF para propietarios que rebajen los precios de sus rentas o destinen los inmuebles a usos sociales o en colaboración con administraciones públicas.
También se actualizan las deducciones por obras de rehabilitación energética, ampliando su vigencia hasta 2025. Las reformas que reduzcan el consumo energético de la vivienda podrán beneficiarse de deducciones de hasta el 60%, siempre que se acredite una mejora significativa en la calificación energética o una disminución del consumo de energía primaria no renovable.
Otro de los elementos de la propuesta tiene que ver con la gestión del suelo público. Se facilitará la transmisión de suelos del Patrimonio del Estado a SEPES, la entidad estatal de suelo, para destinarlos exclusivamente a vivienda asequible. Además, se modificará la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de esas viviendas, blindando su función social.
El anuncio ha sido recibido con reacciones diversas. Desde Sumar, socio de coalición del PSOE, su portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, ha valorado positivamente algunos aspectos de la iniciativa, como la subida del IVA a los apartamentos turísticos (una medida que, recuerda, fue propuesta previamente por su grupo y rechazada entonces por los socialistas), así como el incremento de la tributación de las SOCIMI. Sin embargo, ha expresado reservas respecto a los incentivos fiscales a los propietarios. “Nada de subvencionar IRPF. Creemos que la mera concepción de la vivienda como un bien de mercado se aleja del derecho constitucional a una vivienda”, ha señalado.
Más dura ha sido la crítica de Alejandra Jacinto, abogada, activista del Derecho a la vivienda y miembro de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quien ha puesto en duda la verdadera ambición de las medidas anunciadas: “Como táctica sigo sin entender eso del PSOE de anunciar ‘medidas históricas’ de vivienda como ‘el impuesto a la vivienda vacía’, del que luego leyendo la letra pequeña compruebas que es una birria”. Jacinto ha añadido además que “el problema añadido, es que los especuladores ya saben que el PSOE va de farol”.
En un contexto de emergencia habitacional y creciente presión sobre el mercado del alquiler, el Gobierno busca así reforzar su papel regulador, combinando incentivos y sanciones. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para apoyar una ley que, en sus palabras, “pone freno a la especulación y abre la puerta a un nuevo modelo de acceso a la vivienda en España”.
La tramitación de la proposición de ley está prevista para el mes de junio, con el objetivo de que muchas de estas medidas puedan empezar a aplicarse antes de final de año. El debate promete ser intenso, con un fondo que va más allá de lo fiscal: el modelo de ciudad, el papel del Estado en el mercado y el significado mismo del derecho a la vivienda.
