El pasado viernes 20 de febrero el rey Felipe VI realizó unas declaraciones en el en el acto de clausura de la promoción Jacques Delors 2024/2025 del Colegio de Europa, en Bélgica, lugar de formación para los altos funcionarios en las instituciones de la Unión Europea, en las cuales advirtió que el refuerzo de las capacidades de seguridad y defensa en Europa ha pasado de ser un ámbito de cooperación relevante pero limitado a una «necesidad real y apremiante» que cuenta con un «amplio margen de mejora y un enorme potencial».
Ese respaldo público a las políticas de rearme por parte del jefe del Estado ha llevado al PCE a condenar enérgicamente la intromisión ilegítima del Rey en asuntos que exceden sus competencias constitucionales. «La orientación de la política exterior y de defensa del país, son ámbitos reservados al Gobierno y al control democrático de las Cortes Generales, son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y del Parlamento», han declarado en un comunicado y le recuerdan que «la Constitución establece con claridad el carácter simbólico y no deliberativo de la figura del Jefe del Estado. Le corresponde sancionar y promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, representar al Estado en actos oficiales y ejercer funciones de moderación institucional, sin interferir en la acción política ni asumir competencias ejecutivas o legislativas».
Para el PCE, la vulneración del principio de neutralidad por parte de la jefatura del Estado constituye un hecho de extrema gravedad que pone en cuestión el propio equilibrio institucional.
Estas declaraciones suponen también un hecho especialmente grave —señalan— porque se producen tan solo unas horas después de que el el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviara una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresando la oposición del Ejecutivo español al incremento del 5% del gasto militar. «En lugar de respaldar institucionalmente esa posición del Gobierno —expone el PCE en su comunicado— el monarca ha optado por contradecirla de forma pública, anteponiendo su agenda belicista al interés general del país».
Frente a esta situación, desde el PCE han exigido el restablecimiento del respeto a la legalidad constitucional y al principio de separación de poderes, llamando a todas las fuerzas políticas y sociales a pronunciarse contra esta deriva autoritaria y a defender el marco democrático y la soberanía popular y exigiendo al monarca ceñirse estrictamente a las funciones que le atribuye la Constitución, absteniéndose de emitir opiniones o presiones que excedan su papel institucional.
Tras esta nueva injerencia del monarca en las decisiones de un gobierno democrático, el PCE se reafirma en su convicción republicana, única forma de gobierno que garantiza la calidad democrática de todas las instituciones públicas
Finalmente el PCE reafirma su compromiso con la paz, el desarme y la vía diplomática como única salida frente a la escalada militarista que amenaza la seguridad y la estabilidad internacionales.
