Izquierda Unida ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que solicita explicaciones al Gobierno sobre las causas y la gestión del reciente incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La formación pide datos concretos y plantea si el siniestro podría estar relacionado con la “inadecuada y poco transparente” administración del Cabildo Catedral, a quien acusa de priorizar el uso religioso sobre la preservación del valor histórico y patrimonial del monumento.
La proposición, firmada por todos los diputados de IU, incluidos Enrique Santiago, Toni Valero, Francisco Sierra, Engracia Rivera y Nahuel González, interroga además al Ejecutivo sobre las medidas que piensa adoptar para impedir que el templo se utilice como almacén de enseres del Cabildo, algunos compuestos por materiales “altamente inflamables”.
Según la información recabada por la formación, el incendio se originó en una zona próxima a la capilla del Espíritu Santo, utilizada como almacén de maquinaria y mobiliario, pese a su “incalculable valor patrimonial”. El fuego afectó a varias capillas de la ampliación de Almanzor (siglo XI), provocando daños en cubiertas, arcos y enfoscados.
IU reconoce la “eficaz respuesta” del cuerpo de bomberos y la activación inmediata por parte del Ministerio de Cultura del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, coordinado con la Junta de Andalucía. Sin embargo, advierte que la gestión del Cabildo “ha puesto en riesgo” un patrimonio que, recuerda, es bien de interés cultural y Patrimonio de la Humanidad.
La iniciativa también pone el foco en el modelo de explotación económica del monumento. IU denuncia que, mientras buena parte de las restauraciones han sido financiadas por el Estado, los beneficios de su uso litúrgico y turístico —más de 22 millones de euros en 2024, libres de impuestos, con un superávit superior a 5,5 millones— son percibidos en exclusiva por la Iglesia Católica.
La formación recuerda que la Mezquita-Catedral fue inmatriculada por la Iglesia en 2006 por solo 30 euros, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Por ello, IU pregunta al Ejecutivo qué mecanismos prevé para que el Cabildo asuma el coste de la rehabilitación y si adoptará medidas para reconocer la titularidad pública del templo, establecer una gestión transparente y consensuar, en el marco del plan director, un Código de Buenas Prácticas junto a administraciones, colectivos ciudadanos y la UNESCO.
