Robert F. Kennedy Jr. ha destituido a los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, establecidos bajo la administración Trump, buscando reemplazarlos con aliados. La decisión ha suscitado críticas en la comunidad médica, que advierte sobre el daño a la confianza pública y la integridad científica en las políticas de salud.
La presencia de la extrema derecha en el Congreso ha reabierto el debate sobre la publicidad institucional. Periodista Digital recibe considerable financiación pública a pesar de tener baja audiencia, mientras medios críticos como El Salto no reciben apoyo. Esto plantea interrogantes sobre el uso político de fondos públicos y la sostenibilidad de una prensa libre.
El Parlamento húngaro aprobó una ley que prohíbe las celebraciones del Día del Orgullo, intensificando el autoritarismo del Gobierno de Viktor Orbán. Con 136 votos a favor, la medida, que relaciona la visibilidad LGTBIQ+ con «propaganda» perjudicial, permite el uso de tecnología para identificar participantes. La Comisión Europea evalúa acciones legales contra Hungría.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha alcanzado un preacuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2025, buscando consolidar su posición ante la presión por una investigación judicial. Este pacto incluye medidas controvertidas sobre inmigración y medio ambiente, generando críticas de la oposición y tensiones dentro del Partido Popular.
Una jueza de Madrid ha condenado al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez a indemnizar con 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos por difamación, tras publicar insinuaciones sobre su salud mental. La sentencia subraya que la inmunidad parlamentaria no permite insultos ni ataques personales, marcando un precedente en la lucha contra la desinformación.
Más de la mitad de los jóvenes británicos ve con buenos ojos un liderazgo autoritario, según una encuesta. Este apoyo a un «líder fuerte» refleja una crisis de credibilidad en la democracia. A la vez, hay una creciente influencia de discursos de extrema derecha en redes sociales, produciendo divisiones generacionales y de género.
Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, critica a las derechas por su rechazo a medidas del Gobierno que beneficiaban a pensionistas y familias vulnerables. Denuncia un error estratégico que afecta a millones, haciendo un llamado a la sociedad para exigir responsabilidades a PP, Junts y Vox por su ataque a los derechos sociales.
Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, criticó a la derecha española por unirse para derogar dos decretos del Gobierno que beneficiaban al transporte público y a las pensiones. Defendió que el nuevo decreto asegura la protección de las pensiones y rechazó afirmaciones sobre el aumento de la edad de jubilación.
El Congreso de los Diputados rechazó un decreto del Gobierno que buscaba mitigar el impacto económico de la inflación y la crisis habitacional. Esta decisión afecta a 12 millones de pensionistas, elimina la prohibición de desahucios y la subvención de transporte público, dejando desprotegidos a muchos ciudadanos vulnerables ante la crisis.