A mediados de mayo llegaban a los hogares de medio mundo dantescas imágenes que creíamos del pasado. Las máquinas demoledoras, bien resguardadas por el ejército israelí, entraban en el campo de refugiados palestinos de Rafah, situado al sur de la franja de Gaza, allí donde el gobierno israelí quiere extender un cordón de seguridad entre la frontera de Egipto y Gaza, también conocido como ‘el corredor Filadelfia’. La excusa es siempre la misma: la búsqueda de ‘terroristas’ palestinos o desmantelar los canales clandestinos de suministro de armas a los que son, en verdad, ‘resistentes’ de la ocupación israelí.
Una semana después, más de cien palestinos habían muerto víctimas del fuego israelí, entre ellos mujeres y niños. Resultaba patético oír y ver que las ambulancias palestinas no podían llegar a los hospitales porque los soldados israelíes se lo impedían, o escuchar las llamadas a la concordia imploradas por los médicos cuando veían sus salas atiborradas, sin medicinas suficientes y, lo que es aún más ignominioso, sabiendo que muchos palestinos más aguardaban en la calle para ser atendidos.
El Comité Ejecutivo del PCE, reunido el pasado 22 de mayo -en plena borrachera de destrucción de casas de palestinos- aprobó una resolución en la que apunta directamente a la responsabilidad del «gobierno y las autoridades fascistas de Israel y de EE.UU». Pero va más lejos y recuerda que no sólo es culpable quien ejecuta, sino quien callando se convierte en cómplice «los gobiernos de los países que con su silencio y sus formas diplomáticas -para no perturbar a sus socios de Israel y EE UU- . En primer lugar, la Unión Europea y, excusándose en ella, el gobierno español, que es el que más directamente nos atañe».
La magnitud de la atrocidad ha penetrado, al fin, en las propias filas del ejecutivo israelí; su ministro de Justicia, Tomy Lapid, líder del partido Shinui, declaró a los medios de comunicación que «la demolición de casas en Rafah debe parar. No es humano, no es judío y nos causa un grave daño en todo el mundo» . Ya no son sólo los comunistas, la gente de izquierda o, en general, las personas de buena voluntad, los que elevamos nuestras voces contra el gobierno fascista de Sharon. Incluso, llegó a apuntar una cuestión largo tiempo mantenida por el PCE y organizaciones de derechos humanos: Sharon está cometiendo un delito de genocidio sobre el pueblo palestino.
Claro que Lapid no lo dijo así, si bien dio a entender algo similar cuando se atrevió a declarar que «nos van a echar a patadas de Naciones Unidas, van a llevar a los responsables ante el Tribunal Internacional de La Haya y nadie va a dirigirnos la palabra». Lapidario, pero olvida el ministro de Justicia dos detalles. Primero, la ONU es un organismo internacional creado tras la II Guerra Mundial con un único objetivo: impedir la tragedia mundial de esta contienda. A los pocos años de su fundación, en 1948, y de manera unilateral, nació el Estado de Israel y explotó la guerra abierta entre árabes y judíos.
Desde ese año, la ONU ha instado decenas de veces a que Israel reconozca el derecho del pueblo Palestino a constituir su propio Estado en Gaza y Cisjordania, a que Israel se retire de los territorios ocupados en la guerra de 1967. Una tras otra, más las condenas explícitas a la vulneración de los derechos humanos en territorio palestino -inclusive, el vergonzoso muro que está levantando a lo largo de la frontera con Cisjordania-, han sido rechazadas e incumplidas por Israel, con el tácito apoyo de EE UU a través de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad o, como máximo, la abstención, como sucedió esa misma semana cuando el Consejo condenó la actuación del ejército israelí.
La segunda cuestión que Lapid pasa por alto es que el Tribunal Internacional de La Haya tiene jurisdicción sobre aquellos países que reconocen su competencia para juzgar crímenes contra la humanidad. Por descontado, EE.UU no está entre ellos; si no, ya se habrían incoado centenares de causas contra sus actuaciones, por ejemplo, en Afganistán, en Guantánamo o en Iraq. No hay nada mejor para salir indemne que no admitir a un organismo independiente, neutral y no dominado por tus amigos.
Las aspiraciones de todo ser humano son la justicia, la igualdad, la libertad. Nada de eso tienen en las tierras cercadas y ocupadas de Palestina. Es, por tanto, muy necesario promover una ola internacional de protestas que conduzcan a otro 15 de Febrero, como el que levantó al mundo en 2003 contra los planes bélicos del presidente estadounidense, George Bush Jr., sobre Iraq. Un movimiento pacifista, solidario, humanitario. Sin olvidar que dentro de Israel hay muchos ciudadanos que desean la paz con sus vecinos palestinos, sus vecinos árabes. Sería un gravísimo error asociar a un israelí con la figura de Sharon, tanto como si a un español le hubieran directamente relacionado con Aznar cuando éste paseaba su megalomanía por el mundo.
«Nosotros estamos con la paz justa y duradera, con la aceptación de la Hoja de Ruta sin reservas», declaró el 20 de mayo el primer ministro palestino, Abu Ala, de visita en Madrid. Esa Hoja de Ruta fue diseñada por EE.UU; su desglose supone una rebaja máxima sobre las aspiraciones de los palestinos a disfrutar de su tierra y, sin embargo, es el gobierno de Sharon el que paraliza su ejecución con sus 14 reservas y con una condición sine qua non: que se cumplan punto por punto cada una de sus objeciones, de tal forma que no se pasaría a la segunda sin haberse cumplido lo anterior. Desde las autoridades palestinas se entendía el plan en conjunto; desde el otro lado, como un juego de dominó. Y eso que, estudiado a fondo su contenido, el plan favorece los intereses israelíes.
Mencionemos, por último, las palabras de Paco Frutos, Secretario General del PCE, a propósito de esta guerra leonina:»la historia de este conflicto ha estado plagada de hipocresía por parte de occidente, de un doble rasero por la comunidad internacional». Con todo ello, la tarea, la prioridad, consiste en generar una gran movilización mundial capaz de acabar con la barbarie. Y ahí estaremos los y las comunistas.
