El 15 de enero de este año se formó en Guatemala un nuevo Gobierno con la coalición de tres fuerzas políticas bajo la Gran Alianza Nacional y con Oscar Berger como Presidente. En los cuatro años anteriores, fue el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), un partido de extrema derecha dirigido por el general Efraín Ríos Montt, quien tiene un proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional de nuestro país por el delito de genocidio y crímenes contra la humanidad. Ríos Montt, además, presidió el país con un gobierno de facto entre 1982 y 1983, que fue el momento de las mayores masacres y violaciones de los derechos humanos.

La herencia de Ríos Montt dejó una herencia muy triste para Guatemala, un país desmantelado y saqueado. Nosotros hemos atravesado una guerra interna de alrededor de 36 años, en la cual mucha gente murió -no sólo campesinos-, porque fue un plan bien organizado, empezando por descabezar a los movimientos populares para que éste no creciera; luego, fue fácil para ellos ir y masacrar a la gente en sus comunidades. Nosotros calculamos que sobre una población de unos 9 millones de habitantes, al menos un millón y medio huyó y unas 200 mil víctimas entre muertos y unos 40 mil desaparecidos.

En este contexto, el FRG, a pesar de haber encabezado la represión, gobernó a partir del miedo de la gente, es decir, que se necesitaba a ese general de mano dura, que si ellos no ganaban iba a volver la guerra, la represión. Así ganaron las elecciones anteriores. Pero, con el FRG no paró la delincuencia, los presos aumentaron, la violencia se incrementó en las comunidades.

Ahora mismo, en Guatemala los jóvenes no tienen expectativas y se han agrupado en pandillas («maras») que se dedican al robo, que además están dirigidos por grupos del crimen organizado al servicio del tráfico de armas, el narcotráfico, los secuestros, el robo de bancos, etc. El FRG no resolvió este problema, porque tiene parte de su gente entre estos grupos. Es por eso que los guatemaltecos votó a favor de un nuevo Gobierno.

Unidad de autoprotección

Oscar Berger dirige el nuevo Gobierno, que es una mezcla de partidos políticos. El 95% de su gabinete tiene su origen en los empresarios tradicionales, en las familias más poderosas. Vuelven a tener el Gobierno, tal y como ocurrió en los años previos al mandato del FRG. La novedad es que a este Gobierno se ha incorporado algunos miembros de la sociedad civil, tanto activistas de derechos humanos como investigadores. Son muy pocos y con poco poder, si bien se ve alguna apertura.

En el 2000, con el FRG en su primer año en la presidencia del país, empezamos a ver a cómo se deterioraba aceleradamente la situación y decidimos crear un Movimiento Nacional por los Derechos Humanos. Hoy, cuenta con la participación de unas 160 organizaciones en 21 de los 22 departamentos de Guatemala.

Al principio trabajamos en el examen de lo que sucedía en cada lugar. Nos dimos cuenta de que los defensores de los derechos humanos sufrían ataques muy graves. Por eso, trabajamos a nivel nacional e internacional porque se reconozca a estas personas. No es sólo defender el derecho a la vida, sino también defender el derecho a defendernos porque nos atacaron diciendo que éramos terrorista, comunistas, desestabilizadores…Ahora, bajo la influencia de las leyes antiterroristas de EE UU, nos andan investigando como si tuviéramos relaciones con Al Qaeda. De ahí que creáramos esta unidad de autoprotección.

Con la represión de los años últimos, quedó yerma toda una generación de líderes defensores de los derechos humanos, de tal manera que muchos jóvenes guatemaltecos no entienden qué es eso de defender los derechos humanos. Los que sobrevivimos a aquellos años tenemos un compromiso con el país, debemos mantener viva esta lucha.

Los grupos de represión se vieron fortalecidos durante el Gobierno anterior. Hoy, agreden a los líderes de los movimientos campesinos, a quienes demandan el derecho a la tierra, el derecho al desarrollo agrícola sostenible, a los defensores de los espacios naturales. También actúan contra quienes intentan defender los derechos laborales, sobre todo quienes protegen a las trabajadoras de la ‘maquilas’ (industria textil), ya que Guatemala y Honduras ofrece unas condiciones muy favorables a estas empresas, cuyos propietarios son, en su mayoría, coreanos. En estas empresas se impide la sindicalización, no hay ninguna seguridad laboral o social.

Incluso, recibimos una nueva agresión. Es el hecho de que frente a una demanda nuestra, se nos pone demandas en nuestra contra por difamación, lo que nos obliga a escondernos si no queremos ir presos. Para eso creamos esa unidad de protección; pero no es suficiente. Tenemos que actuar legalmente para construir un verdadero Estado de derecho.

Queremos que estos grupos represivos sean disueltos, desenmascarados, juzgados. Para eso se ha propuesto la creación de una comisión de investigación contra estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, lo que allá se conoce como CICIACS. Sería una comisión internacional que apoyase al sistema judicial guatemalteco para que los procesos sean neutrales. Esta vía de acción se complementa con el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).