En su alocada carrera, el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución Europea ha franqueado hasta ahora los obstáculos menores. Grecia se ha convirtió el 18 de abril en el sexto país de la UE en ratificar el texto, por la vía parlamentaria, después de que lo hicieran Lituania, Hungría, Eslovenia e Italia, así como España en el referéndum del 20 de febrero.
La prueba más importante llega con la cita del 29 de mayo, cuando los franceses acudan a las urnas para dar o no su aprobación al texto constitucional. Todas las encuestas han reflejado un rechazo mayoritario de la opinión pública. El Partido Comunista, los sindicatos y una parte importante del Partido Socialista han hecho una campaña muy activa por el No, basada en la defensa de los servicios públicos, de los derechos sociales y de la paz. De otra parte, la derecha que lidera el soberanista De Villiers y el Frente Nacional del ultra Le Pen se han pronunciado igualmente por el No, calificando de federalista esta Carta Magna, en su opinión contraria a la independencia de Francia. En la otra orilla, los republicanos del presidente Chirac y los Verdes han hecho campaña por el Sí, argumentando la necesidad de fortalecer a Europa frente a EEUU, preservar el modelo social e incrementar el peso de Francia en el Consejo de Ministros de la Unión.
Bruselas, tenemos un problema
Si Francia dice No, esta Constitución podría darse por enterrada. Sólo Niza permanecería en vigor. Según la Declaración número 30 anexa al Tratado constitucional, el Consejo Europeo sólo podría estudiar el asunto si en los próximos dos años al menos 20 de los 25 Estados miembros ratifican el texto. En síntesis, es evidente el hecho de que se abrirían varios escenarios. Algunos Estados que hayan dicho No podrían recurrir a la triquiñuela de convocar referéndum por segunda vez, añadiendo excepciones a la regla general, como se hizo en Dinamarca en 1992, con el Tratado de Maastricht, y en Irlanda, en 2001, con Niza. Pero esos dos Estados pequeños tienen poco que ver con el tamaño y peso político de Francia.
Además, un No francés tendría un efecto dominó en otros países que han convocado referéndum. Es el caso del 3 de junio en Holanda, donde se observa un fuerte rechazo; Polonia, donde se requiere una participación improbable del 50% del electorado; Dinamarca; Irlanda y, finalmente, el Reino Unido, donde se prevé referéndum para el otoño de 2006.
Jaque a la directiva Frankestein
El Parlamento Europeo ha iniciado el debate de la directiva Bolkenstein que tanta polémica ha generado por su intento de liberalización a ultranza de los servicios. La ponente del informe parlamentario, la socialdemócrata alemana Evelyne Gebhardt, ha introducido dos enmiendas de fondo: los servicios públicos no se incluyen en la norma y cuando una empresa quiera prestar un servicio en otro país de la Unión deberá respetar las normas mínimas del país de destino sobre derechos sociales, medio ambiente y protección del consumidor. La ponente cree que su propuesta contará con la mayoría del Parlamento, gracias a la alianza entre la izquierda y el apoyo de la derecha francesa, defensora de los servicios públicos.
Como se recordará, el proyecto de directiva elaborado por el ex comisario Bolkenstein establecía que las empresas que presten servicio en otro país lo podrían hacer respetando sólo la normativa de su país de origen. Aquel principio provocó una fuerte protesta social al permitir, por ejemplo, que una constructora polaca enviara albañiles a España pagándoles el salario vigente en Polonia, un tercio de la media española.
En su lugar, el Parlamento Europeo exige que se aplique el principio del «país de destino» de forma que el prestador de servicios se atenga a los estándares de allí donde ofrece sus servicios y que sea el país de destino el que vele por el respeto de los derechos del consumidor y de la normativa medioambiental.
