Durante los próximos 11,12 y 13 de julio del presente año, el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez estará en Madrid. Con ésta visita Uribe pretende reafirmar e involucrar a todos los países de la Unión Europea en el conflicto Colombiano para la financiación de su plan de guerra, legalización e impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad (grupos paramilitares). Estas medidas que aplica soberbia y arbitrariamente el presidente de Colombia, están generando una profunda crisis social en este país del subcontinente latinoamericano.
El gobierno de Uribe Vélez, aparentemente democrático, ha negado una salida política al largo conflicto social y armado colombiano, con su política económica agrava la situación de la población civil en todo el territorio nacional. Con su plan de «Seguridad Democrática» ha descartado durante su mandato la adopción de acuerdos y compromisos humanitarios, especialmente los que garantizan la protección de la población civil no combatiente.
En este país, la situación social es de extrema precariedad y bajo el nombre de democracia el Estado sigue siendo el principal violador de los derechos humanos. La desigualdad social y la inequidad en la distribución de la riqueza son el principal problema que enfrenta el país. Para el año 2004 el 31% de la población vive en la indigencia y el 66%, en la absoluta pobreza, en un país de inmensos recursos naturales.
La situación de los derechos humanos es una completa hecatombe. Colombia vive una profunda crisis humanitaria en la que 4.000 personas fueron asesinadas por violencia política, durante el año 2004, fueron desaparecidas 182 y se cometieron 317 masacres, según CODHES en el primer trimestre del presente año 2005 la población desplazada fue de 62.000 personas, 11 murieron diariamente y 2.100 salieron de Colombia, todos y todas por causa del conflicto.
La negociación y desmovilización de los grupos paramilitares ha generado gran preocupación en la comunidad internacional. La impunidad se confirma durante este proceso; se han cometido 1.899 violaciones al cese de hostilidades, pactado en diciembre de 2002, las fuerzas de seguridad del Estado están también involucradas en actos criminales, como la masacre de San José de Apartado (Febrero 2005).
Además, el Gobierno niega la existencia de un conflicto armado, esta afirmación no corresponde a la realidad. El país sigue viviendo una crisis humanitaria, con 3 millones de personas internamente desplazadas y 4,5 millones al exterior. Colombia es el tercer país del mundo con mayor desplazamiento forzado después del Sudán y de la República Democrática del Congo.
A todos y todas os invitamos a que nos manifestemos contra la política del señor Uribe, pero también para que las instancias de la Unión Europea y el gobierno de España en particular le exijan el respeto a los derechos humanos, el cese de la impunidad, la solución política negociada para el conflicto interno, concretando de inmediato acuerdos y compromisos humanitarios.
