Desde 1993 IU viene presentando en su programa electoral numerosas y diferentes medidas para paliar la situación existente en el mercado de trabajo español. De todas ellas cabría destacar las referentes a la toma en consideración de medidas para repartir el empleo existente, siendo la relacionada con la reducción efectiva de la jornada de trabajo, sin merma salarial, la que originó un mayor debate en nuestra sociedad al coincidir, además, con la aparición de un debate simultáneo, respecto de esta misma medida, en un país tan próximo a nosotros como Francia, y que dió lugar a la presentación junto con otras organizaciones sociales de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados durante la VI Legislatura. Adicionalmente, en sus distintas propuestas programáticas recogían la necesidad de plantear estas propuestas en el ámbito europeo, por considerar que este debería ser el lugar más conveniente para la formulación explícita de las mismas.

En España en la actualidad se está produciendo un diálogo social, protagonizado por los sindicatos mayoritarios y la patronal CEOE, que parece no estar llegando a acuerdo alguno y que de sus resultados dependen tanto el crecimiento en el nivel de empleo como la mejora en la calidad del mismo, más cuando la precariedad y la siniestralidad laboral son dos lacras de nuestro mercado laboral que nos hacen estar a la cabeza de la UE en este apartado.

M.O ¿Qué opinión le merece la ausencia de una verdadera política europea por el empleo y la construcción de una Europa social?
A.P. Desde luego el pleno empleo, la distribución justa de la riqueza y un espacio cohesionado socialmente no son hoy objetivos de la construcción europea. Su sesgo neoliberal orientado a los aspectos mercantiles y monetarios y las insuficientes políticas comunes en materia de empleo, la ausencia de armonización social y fiscal, y el raquítico presupuesto comunitario, hacen imposible el fortalecimiento de los derechos de la clase trabajadora y la construcción de una verdadera Europa social. Es paradigmático en este sentido los intentos que se hacen desde la UE para que los sectores esenciales como la cultura, la educación, los servicios sanitarios y todos los servicios relevantes del ámbito de los sistemas nacionales de protección social pudiesen someterse a una grave desregulación bajo los requisitos de competencia económica al igual que las mercancías, tal y como pretende recoger la Directiva Bolkestein.

MO.¿Qué opinión le merece la política laboral practicada por el Gobierno actual?.
A.P. Nuestra Constitución manda a los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico de nuestro país, y de manera especial, a que se realice una política orientada al pleno empleo. Así la creación de empleo estable y de calidad ha de ser el objetivo prioritario de la política económica.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha creado empleo con cierta intensidad, la precariedad y la siniestralidad laboral continúan instaladas de forma estructural en nuestro mercado de trabajo. El resultado es conocido por todos. El número de accidentes laborales se cobra alrededor de 4 vidas diarias, mantenemos una tasa de temporalidad en torno al 33%, y menos del 10% de los contratos que cada día se registran tienen un carácter estable. Todo ello nos hace estar en la cabeza de la UE en estas materias.

MO. ¿Por qué piensan que una jornada de 35 horas aumentaría el nivel de empleo?.
A.P. En la creación de empleo influyen, básicamente, la orientación de la política macroeconómica, las decisiones empresariales sobre inversión y gestión del excedente empresarial, o el reparto de las mejoras de productividad. En este sentido, hoy es importante apostar por un modelo de crecimiento económico basado en la productividad y alejado de ventajas comparativas espurias como son los costes laborales reducidos, una flexibilidad laboral mal entendida o una redistribución regresiva del producto social.

La reducción de la jornada de trabajo debe estar relacionada con todo lo anterior, ya que lo que persigue es un modelo de distribución mas justo, y de manera más beneficiosa para el empleo, de los incrementos necesarios de productividad entre salarios y excedente empresarial. Además es una vía para proporcionar la conciliación del trabajo y el ocio, de más productividad y menos tiempo de trabajo, de equilibrio entre vida profesional y ámbito personal.

Así mismo puede significar también un aumento de la eficiencia empresarial porque la propuesta es compatible con una organización del trabajo, en el ámbito de la negociación colectiva, que se adapte a los requerimientos de la producción. Y por supuesto, contribuye a crear empleo, directamente como consecuencia de la aplicación de una jornada inferior, pero también de forma indirecta derivada del salto cualitativo y cuantitativo que se originaría con una mejor organización del trabajo y con el desarrollo del ocio y nuevos hábitos de vida que permite la reducción del tiempo de trabajo asalariado.

MO. ¿Qué medidas piensa plantear IU en el Parlamento para aumentar el nivel de empleo?
A.P. En la actualidad Izquierda Unida está inmersa en una campaña «Por un empleo decente para todas y todos». La propuesta que encabeza esta campaña, no podría ser otra que la exigencia de una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin merma salarial. Esta propuesta ya en su momento alcanzó un alto nivel de movilización, gracias a una ILP auspiciada por IU, entre otras organizaciones sociales. Seguimos creyendo que esta medida supone una evolución lógica en el reparto más justo del trabajo y con ello de la redistribución de la riqueza que se genera en el país. Permitiría incorporar al empleo activo a buena parte de los más de 15 millones de hombres y mujeres inactivos existentes en nuestro mercado laboral.

Así mismo continuamos pensando que, más allá del debate maniqueo sobre la necesidad o no de adoptar esta medida mediante una ley o en el marco de la negociación colectiva, la realidad muestra que el debate de la reducción de la jornada laboral, es ya una realidad en buena parte de los convenios colectivos que se negocian anualmente, y que por tanto sería positivo ampliar este debate al conjunto de la sociedad, sin obviar ninguna consideración y sobre la base de las experiencias concretas existentes sobre esta materia.