La izquierda europea, con la presencia de sindicalistas de diferentes países de la Unión, debatieron el pasado 17 de enero en Estrasburgo las propuestas contenidas en el Libro Verde presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas con el título «Modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI». En este encuentro se analizó con detenimiento tanto la descripción sobre la situación laboral actual europea como las propuestas que se plantean en el documento
En la reunión, la primera en celebrarse en torno a este tema en el marco europeo, y convocada a propuesta del grupo Izquierda Unitaria Europea, participó una nutrida asistencia de diputados europeos del grupo Izquierda Unida Europea y representantes del grupo socialista, así como sindicalistas de Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Grecia, Chequia, España, Portugal, Holanda, Suecia y un representante de la Comisión Europea En el curso del debate se puso de manifiesto la postura crítica de la inmensa mayoría de los participantes respecto al contenido del Libro Verde por considerar que algunas de las recomendaciones que incluye, como la que se denomina «flexiguridad» sólo contribuirán a desregularizar las relaciones laborales en Europa.

Por el contrario, el debate puso de manifiesto la idea central, sostenida por la mayor parte de los asistentes, de que la modernización del derecho laboral no puede pasar por fórmulas que permitan mayor facilidad en los despidos de trabajadores y trabajadoras con contratos indefinidos, como propone el documento, ni tampoco por una mayor permisividad en la movilidad de los trabajadores en el contexto de las actividades de las empresas y del suministro de servicios transnacionales. Estos extremos además se basan en que, como el mismo documento reconoce, los estados nacionales tienen distintas definiciones sobre el concepto de trabajador y como consecuencia de las normas que regulan sus condiciones.

En el curso de la reunión se expuso además la necesidad de que el debate abierto tenga continuidad para elaborar propuestas y estrategias que de forma consensuada entre los sindicatos europeos y el grupo Izquierda Europea, logren la inclusión en el documento de medidas que garanticen el empleo estable y con derechos.
Bajo la idea de «modernizar el derecho laboral» se quiere ocultar el fracaso en la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Para que la economía europea gane competitividad habrá que aumentar el valor añadido de la actividad productiva mediante la innovación, el desarrollo tecnológico y la cualificación de la población trabajadora, y no trasladando la responsabilidad de los gobiernos europeos, en dicho fracaso, a la regulación laboral y a los derechos de los trabajadores.

España es el país de la UE que más ha visto crecer su economía y la ocupación, y que más ha reducido el desempleo en los últimos años de forma continuada. Pero al mismo tiempo, es también el país que no consigue aumentar su productividad porque el crecimiento se concentra en las actividades y en los empleos mas desregularizados, menos productivos, más intensivos en mano de obra y menos intensivos en capital tecnológico y en conocimiento. El caso español ejemplifica que el problema no es de regulación laboral, ni de crecimiento, sino de modelo de crecimiento.

Consideraciones respecto de las propuestas del documento.

1. Centrar todas las estrategias de mejora del empleo en la modificación del Derecho Laboral, para debilitarlo («modernizarlo») repercute negativamente en las condiciones laborales de los trabajadores en su conjunto -no sólo de los fijos- y no resuelve los problemas y límites del modelo de crecimiento económico.

2. Las empresas ya han conseguido niveles muy importantes de flexibilidad mediante la negociación colectiva y a través de la utilización de nuevas formas de organizar el trabajo (descentralización productiva), No debe eliminarse ni sustituir la tutela de las relaciones laborales en la empresa desde el Derecho del trabajo. La combinación del Derecho del trabajo para asegurar derechos individuales (el contrato) y derechos colectivos (la negociación colectiva), debe seguir manteniéndose para garantizar la seguridad en las relaciones de trabajo.

3. La seguridad fuera de las relaciones de trabajo no es una alternativa al Derecho laboral y, en todo caso, los elementos de seguridad externos a las relaciones de trabajo deben asegurarse paralelamente, y son básicamente:

La economía debe crear empleo para asegurar que la pérdida de un empleo es sustituido por otro. Sin crecimiento no se puede hablar de seguridad para los trabajadores.

No basta con crear empleo, sino que éste debe ser de calidad. Si hay una brecha cualitativa grande entre los empleos que desaparecen y los nuevos que se crean -de mayor calidad los primeros que los segundos, y si hay un fuerte desajuste entre demandantes de empleo cualificados y oferta de empleos poco cualificados, la sustitución de un empleo por otro no aporta seguridad.

El binomio flexibilidad/seguridad no funciona para los grupos de trabajadores y trabajadoras que tienen muchas dificultades de inserción laboral en mercados de trabajo discriminatorios, por ejemplo para las mujeres o para los trabajadores de más edad, por lo que es imprescindible hacer otras políticas activas con estos grupos.

El sistema de protección social debe asegurar una prestación suficiente mientras se encuentra otro empleo y los servicios públicos de empleo deben ser más potentes en la ayuda necesaria y el acompañamiento individualizado para la búsqueda de empleo.

Los poderes públicos y las empresas deben asegurar un sistema de formación permanente para conseguir la adaptabilidad de los trabajadores, en el mantenimiento del empleo, o para encontrar otro.