El monopolio privado del sector telefónico hunde sus raíces en la crisis internacional de los 70 y 80, que dio lugar a la caída de la tasa de ganancia de las empresas, quienes vieron el modo de recuperarse en la privatización del sector público, apropiándose de sectores fundamentales de la economía, uno de los cuales es el de las telecomunicaciones. Esta necesidad empresarial se vio favorecida por el papel ideológico del neoliberalismo, que abanderaba la privatización como fórmula para acabar con la deuda del Estado. La consecuencia práctica era la manutención del monopolio en manos de empresas privadas. Así, las telecomunicaciones suponían una inversión segura para el capital privado, principalmente para el sector de la banca, enriquecido gracias a la construcción (caso de Telefónica), y más tarde para el capital transnacional (caso de Vodafone y Orange). En definitiva, el discurso liberal se revela falso: no existe el mercado libre, lo que hemos hecho es pasar de un sector regulado por el Estado a un sector también regulado, pero por el capital privado.

El afán de lucro del capital privado se concreta en la precarización de los trabajadores del sector para reducir costes laborales, la disminución de la calidad del servicio por ahorrar en infraestructuras y la subida concertada de precios como consecuencia del oligopolio.

En referencia a la situación de los trabajadores del sector, José Antonio Gallego, responsable de la Sección Sindical de Telefónica en Salamanca y Secretario General del Sindicato de Comunicación y Transportes de CC.OO. en la misma provincia, observa que las peores condiciones laborales del sector se encuentran en las subcontratas. «Aunque también en las empresas madre hay muchas necesidades que cubrir, el gran problema lo tienen los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por las grandes empresas de telecomunicaciones, que trabajan fundamentalmente para la telefonía móvil», afirma Gallego. Marcos García, delegado sindical en la Empresa de Telemarketing Qualitel, confirma este diagnóstico: «es muy difícil luchar por unas condiciones laborales dignas en este sector, amenazan con deslocalizar nuestros puestos de trabajo a Latinoamérica y eso hace muy dura tanto la movilización y la negociación».

A los beneficios producidos por la precariedad y la deslocalización se suma esta subida de precios de la telefonía móvil, subida que se suma a las ya practicadas durante los últimos años. Enrique García, Portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, explicó a Mundo Obrero la ilegalidad de esta subida: «la subida es abusiva porque según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones los costes de telefonía móvil han bajado de forma sistemática, e ilegal porque es una práctica monopolística, que no sólo vulnera la Ley de mejora de la Protección del Consumidor sino también el Artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y otras leyes: en definitiva, la función económica se salta la voluntad democrática, con el agravante de que utilizan el cableado público». La OCU ha presentado una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia, además de dirigirse a los Ministerios de Sanidad y Consumo e Industria.

La respuesta del ministro de Industria Joan Clos el pasado miércoles 21 de febrero ha reconocido una situación de oligopolio, pero asegura que los precios del resto de Europa son más altos, comparación que resulta inadmisible para García, pues no se cuentan otros datos como la diferencia salarial entre los trabajadores españoles y los del resto de Europa.