La presidencia alemana del Consejo Europeo de la UE aparenta querer insuflar nuevos bríos a un proceso de desarrollo institucional que se encuentra estancado desde el fracaso del proceso de venta del Tratado Constitucional a los ciudadanos de Francia y de Holanda.

Aprovechando que en este primer semestre de 2007 se cumplen los 50 años de la aprobación del Tratado de Roma, las instituciones comunitarias, con la presidencia alemana al frente, han pretendido generar en la opinión pública europea nuevas expectativas de que algo se mueve en Europa, a fin de recuperar el consenso social en torno al proyecto europeo, muy erosionado, no solo en los países citados, sino en gran parte de los nuevos socios del centro y el este de Europa, en los países nórdicos y por supuesto, como siempre, en Gran Bretaña.

Al menos desde que se definió la Estrategia de Lisboa, que persigue el liderazgo económico mundial, a costa obviamente de los Estados Unidos, la UE está embarcada en una disputa por la hegemonía mundial poco transparente, pero que cuenta con importantes decisiones estratégicas, como la creación de la Agencia Europea de Defensa, como embrión del futuro ejército europeo que debe garantizar políticamente dicha expansión del poder («influencia», en la jerga política al uso) de la UE en el mundo. Pero el problema es que si no cuenta con el apoyo social de la mayoría de los ciudadanos, una gran potencia se ve limitada en la disputa de la hegemonía mundial.

Las dificultades que se están encontrando los dirigentes de la UE para lograr ese apoyo derivan de que en realidad no hay nada nuevo en el panorama comunitario que pueda «encantar» a la ciudadanía, fundamentalmente por el mantenimiento del consenso entre conservadores, liberales, democristianos, y socialistas – es decir, entre el espectro político de potenciales gobiernos europeos- en torno a las orientaciones socioeconómicas básicas de la construcción europea.

Equilibrios macroeconómicos,
desequilibrios
sociales
Las decisiones estratégicas en materia económica de la Unión en los últimos años apuntan hacia la construcción de ese polo hegemónico, como la decisión de establecer una moneda única, para sustraerse a la dependencia financiera de un espacio global dominado por las finanzas norteamericanas (bancos, fondos de inversión, reserva federal), o el intento de crear un complejo militar industrial europeo, comenzando por la puesta en común de los recursos industriales y tecnológicos en materia de armamento pesado (tanques, aviones, satélites).

Este objetivo se inscribe en una dinámica de recomposición de la acumulación del capital a costa de los trabajadores europeos. Estos han perdido gran parte de su capacidad de presión política, a consecuencia de la desaparición de las reivindicaciones obreras de socialización del trabajo y de las decisiones sobre la distribución de la riqueza que genera.

Por eso, la política económica persigue fundamentalmente el sostenimiento de la tasa de ganancia, y solo secundariamente objetivos como el crecimiento económico. Y por supuesto, la redistribución del ingreso ha desaparecido del mapa de las preocupaciones políticas. En consecuencia, la política de gestión de la coyuntura macroeconómica aplicada en la UE es más radicalmente neoliberal que la de Estados Unidos.

Los gráficos que acompañan este comentario ilustran el caso: en la zona Euro, la rentabilidad del capital financiero ha estado durante casi todo el periodo de vigencia de la moneda única por encima de la tasa de crecimiento, o dicho de otra forma, el capital financiero ha absorbido una parte creciente de la renta generada, aun a costa de generar una recesión cíclica más aguda de lo necesario. Por el contrario, en Estados Unidos, la gestión de la tasa de interés se ha subordinado al objetivo del crecimiento económico.

El resultado, es que los trabajadores europeos no dejan de perder participación en la riqueza y la renta que generan. Lejos de las expectativas de mejora de las condiciones de vida de los años sesenta, o incluso de los setenta, ahora los trabajadores europeos luchan por las migajas de las rentas generadas con los incrementos de la productividad logrados tras décadas de cambios tecnológicos y organizativos en la producción.
Este es el principal escollo para lograr obtener de nuevo la adhesión de los europeos al proyecto comunitario. En ausencia de autocrítica sobre los límites estructurales que derivan del Pacto de Estabilidad, todo lo más que puede intentar Angela Merkel es encaje de bolillos propagandístico hacia los ciudadanos, con escasos resultados como se pudo comprobar con las celebraciones en marzo del 50 aniversario del Tratado de Roma.

¿Una política industrial europea?
En las bases comunes acordadas por los tres gobiernos que presidirán el Consejo en 2007 y la primera mitad de 2008(1), se señala la voluntad de avanzar hacia algún tipo de política industrial europea. Esto puede ser una importante novedad, dependiendo del alcance de la iniciativa, porque hasta ahora la única política preactiva europea en materia industrial ha sido en el terreno de las industrias con componente militar (aeroespacial).

Ahora se señalan nuevas prioridades sectoriales, en primer lugar la industria del automóvil. Como los gobiernos no se han dignado a explicar lo que pretenden hacer, podemos especular que el objetivo es forzar el proceso de centralización de capital para competir con las compañías norteamericanas y japonesas – y en los próximos años, con nuevos competidores en el mercado europeo como los fabricantes chinos e hindúes de automóviles.

Otros sectores señalados explícitamente son el de las biotecnologías (en el cual el liderazgo de las empresas norteamericanas se mantiene por ahora incontestado), y sectores sometidos a fuerte competencia externa, como la construcción naval y el textil. Dado que de este último queda bien poco en la UE, queda para imaginaciones más fértiles que la mía el sospechar que pueden estar pensando como medidas de política industrial comunitaria para dicho sector.

Tan importante o más que lo que se dice en este documento es lo que no se dice. En concreto, ninguna referencia a la evolución de las rentas salariales; ninguna referencia al bienestar material de los ciudadanos europeos, ninguna referencia a las tendencias recientes en materia de distribución de la renta y la riqueza generada por los trabajadores europeos.
Privatizar hasta los sellos
Una de las señas de identidad de las presidencias semestrales, que les otorga «caché» y prestigio entre los colegas de la clase política consiste en señalar algún servicio público como objetivo para avanzar en el proceso de privatización. También la presidencia alemana ha designado el suyo, en este caso, en forma de anunciada «liberalización de los servicios postales».

Considerando el grado de penetración que tienen en la mayoría de los países europeos empresas multinacionales como UPS, FedEx y otras similares, parece que la medida va orientada en este caso, sobre todo, a los países de reciente incorporación, porque en otros, quizá todavía es demasiado pronto para pasar a la privatización de las fábricas nacionales de moneda y timbres.

La estrella de la temporada: la energía
En torno a la política energética se están produciendo los principales de bates de estrategia comunitaria. Y es en este campo donde las posiciones están más encontradas, con dos ejes de enfrentamiento: entre partidarios y detractores de la energía nuclear, y por otro lado, en materia de seguridad de los abastecimientos, entre quienes priorizan la retaguardia rusa como fuente de abastecimiento y quienes apuestan por el Mediterraneo sur (Argelia, Libia etc.). Es claro que en torno a estos debates confluyen fuertes intereses económicos, industriales (qué tipo de tecnología se va a potenciar) comerciales y políticos.

En este mismo terreno, otro elemento constituye focos de disputa entre las fracciones dirigentes del capitalismo europeo. Por un lado, la formación de un mercado único de la energía tropieza con la ausencia de líderes empresariales europeos. En casi todos los países, las empresas energéticas forman parte del patrimonio táctico de gestión de la política económica, por la incidencia que tiene el sector en los precios y en todas las actividades económicas. Por eso, el enfrentamiento del gobierno de Rodríguez Zapatero con los intereses de Alemania puede tener un efecto político similar al que tuvo la venta de Santa Bárbara por parte de Aznar a una multinacional norteamericana (General Dynamics) contraviniendo los intereses tecnológicos y políticos de Gerhard Schröder: el aislamiento político de España en el escenario europeo es palpable.

Hacia la convergencia fiscal
Aparte de lo señalado, pocas novedades en la agenda económica europea para los próximos meses. Si acaso, señalar que la declaración contra el fraude fiscal y la voluntad de definir a corto plazo una base fiscal consolidada común para la tributación de las empresas apunta hacia la decisión de acabar con la competencia interna entre países comunitarios para atraer inversiones por la vía de las reducciones y «olvidos» de impuestos.

Lo que no se analiza en el programa común para los próximos 18 meses es que la tendencia generalizada hacia la reducción de los tipos máximos y medios de referencia en los impuestos sobre el capital conduce hacia una armonización a la baja que está modificando la filosofía general de la política tributaria; el objetivo redistributivo de la política fiscal ha sido abandonado a favor del criterio de simplificación, suficiencia y equilibrio, es decir, una sustitución de impuestos directos (que exigen una mayor atención administrativa en su gestión) por impuestos indirectos y tasas como mecanismo básico de financiación.

Construir la alternativa
La izquierda europea (el amplio espectro que se reúne en el grupo del parlamento europeo de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica ha jugado hasta ahora un papel marginal en la construcción de un pensamiento económico alternativo, por su escasa dimensión global – en 14 países no tiene ningún representante en el Parlamento Europeo-, por su excesiva diversidad y por las dificultades para conectar con los sectores sociales más duramente golpeados por las políticas de la estabilidad, jóvenes y mujeres, trabajadores poco cualificados…

Sin embargo, el nivel de deterioro del discurso dominante en términos de creación de legitimidad abre nuevas perspectivas, en mi opinión, para ampliar las bases sociales de influencia y también las alianzas políticas (la alianza del PSD con la izquierda sindical socialdemócrata en Alemania, a pesar de todas sus contradicciones, debe ser vista como la prefiguración de un proceso que debería extenderse al resto de Europa).

Un elemento que puede contribuir a acelerar este cambio de ciclo político para la izquierda es el planteamiento de una alternativa coherente de gestión de la coyuntura económica y de transformación social de Europa. La viabilidad de las estrategias alternativas en los ámbitos nacionales mostraron su agotamiento ya a principios de los años ochenta, con el fracaso provocado del programa común de la izquierda (gobierno Maurois) en Francia.

Un programa común de la izquierda se tiene que plantear por tanto en el ámbito de la UE, por ser este espacio el que tiene la dimensión suficiente para resistir las presiones del capital financiero global. Por tanto, frente a la renacionalización de las políticas económicas, que buscan establecer la aplicación coordinada entre los estados miembros de las reglas de la reciente explotación del trabajo, el programa alternativo debe nacionalizar de forma coordinada las luchas que den pie y visos de viabilidad a la estrategia europea de cambio económico y social.

El punto central de esta alternativa consiste en reorientar los flujos de plusvalía desde el trabajo hacia el capital, permitiendo una mejora de las condiciones salariales acordes con el crecimiento de la economía; una reorientación de las tendencias privatizadoras hacia el suministro de bienes y servicios públicos en volumen y calidad crecientes, sustrayendo al mercado el suministro de los bienes esenciales para la vida: vivienda, salud, alimentos, conocimiento…

Elementos programáticos, los hemos expuesto en otro lugar . En resumidas cuentas, un programa de luchas que incorpore la exigencia de salarios mínimos que permitan la reproducción de la vida familiar en condiciones de calidad y bienestar; sistemas universales de garantía de rentas y de servicios públicos, y una nueva concepción de las relaciones internacionales que sustituya el desarrollo de relaciones de subordinación y dominación a escala internacional por un programa de codesarrollo global.

En términos de actuaciones institucionales ello significa revertir la independencia del Banco Central respecto a las autoridades económicas, incorporando el objetivo de velar por el crecimiento económico junto al de garantizar la estabilidad de precios. Abandonar el FMI y la OMC; crear una Agencia Industrial Europea para canalizar la formación de gripos empresariales públicos y público-privados en sectores estratégicos y garantizar el empleo industrial y elegir un ejecutivo europeo a partir de elecciones constituyentes a un Parlamento europeo al que se dotaría de poderes legislativos en el establecimiento de bases legales comunes para todos los estados, acelerando los procesos de armonización, única garantía de convergencia real de los estados europeos.

(1) Consejo de la Unión Europea: Programa de 18 meses de las Presidencias Alemana, Portuguesa y Eslovena, Bruselas 21 de diciembre de 2006

* Economista