Acabo de compartir dos interesantes eventos relacionados con la información y los medios de comunicación. Se han desarrollado consecutivamente en Caracas y en la bella ciudad boliviana de Cochabamba. El primero de ellos fue organizado los días 18, 19 y 20 por el canal de televisión Telesur bajo el título «El derecho a informar y estar informado. Un debate sobre la propiedad de los medios de comunicación».
Durante tres días medio centenar de periodistas, responsables de medios de comunicación o académicos aprovecharon el debate social que se está desarrollando en Venezuela ante la decisión del gobierno de no renovar la concesión de la licencia de emisión a una televisión privada, para ir más allá y analizar cuál debe ser el papel de los estados, cómo están manejando la información la mayoría de medios de comunicación y cómo puede desarrollarse la participación ciudadana y la propiedad social de estos medios.
En Cochabamba, también durante dos días, el 23 y el 24 de mayo, se celebraba el V Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad bajo la temática «En defensa de la verdad y contra la manipulación mediática».
La sensación que se respiraba en el ambiente de ambos encuentros era similar: una ciudadanía y un relevante colectivo intelectual y social indignado con un modelo comunicacional controlado por un élite económica. La percepción era la de que, apropiándose para su provecho de los nobles conceptos de la libertad de prensa y libertad de expresión, los habían cercenado para convertirlos sólo en su exclusiva potestad por controlar quién puede acceder y quién no a los medios para poder difundir su mensaje, y qué se puede difundir y qué no. Para millones de personas esos derechos no significan nada porque nunca van a poder utilizar esos medios de comunicación para hacer llegar sus informaciones y pensamiento a sus iguales, ni nadie les va a garantizar que el contenido que esos medios les envíe será veraz y garantizará su derecho ciudadano a estar informado. Como se dijo en una de esas jornadas, estamos ante «un sordo hablándole a millones de mudos».
En estos dos encuentros, un clamor gritaba que ya era hora de que la democratización, la participación ciudadana y el imperio de la ley llegasen a los medios de comunicación. Es evidente que los bandos de esta confrontación que se acerca se van delimitando. Por un lado, grandes medios, propiedad de poderosas empresas asociadas en torno a instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el caso de ese continente, asociaciones que se presentan como defensores de la libertad de prensa pero financiadas por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de embestir contra gobiernos no sumisos como es el caso Reporteros sin Fronteras, gobiernos cómodos en un modelo informativo que no deja lugar para ideas que se replanteen el neoliberalismo o el mercado, acusen a las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea de intervenciones militares y saqueos en los países pobres o defiendan y quieran contar los avances de los procesos populares emergentes en América Latina.
Frente a este eje conservador existen organizaciones masivas de periodistas concienciadas en la necesidad de que su profesión no dependa de decisiones empresariales como la Federación Latinoamericana de Prensa (FELAP), proyectos informativos de los que se espera posiciones alternativas al modelo de información vigente en las grandes agencias como Al Jazzera o Telesur, numerosos profesionales de la comunicación que no dejan de organizarse y coordinarse para señalar las manipulaciones, mentiras e intereses a los que sirven los grandes medios, y gobiernos que están sufriendo y comprendiendo la necesidad de que la misma democracia y participación ciudadana que los aupó al poder y les exige reformas en su país, debe llegar a los medios de comunicación si no quieren tenerlos como principal batería de desestabilización política. Son todos estos últimos los que han dicho basta, y ya comienzan a levantarse contra la dictadura mediática vigente, esa que quita la voz de los críticos al sistema económico imperante, no permite que las leyes democráticas erosionen los privilegios de los empresas multinacionales de comunicación y se arroga el derecho a quitar y poner gobiernos.
No podemos ser neutrales.
