M.O.: Unos medios de comunicación que están en manos de grandes corporaciones, incluso bancos, ¿hasta que punto pueden llamarse independientes?

J.C.: El tema de la comunicación es un tema que hasta en cierta forma define la característica de la democracia. Yo creo que es un tema para reflexionar si realmente hoy en algunos países el poder lo está ejerciendo el Estado o lo están ejerciendo las grandes corporaciones mediáticas.

Esta pregunta de alguna manera tiene que llevarnos a reflexionar acerca de si realmente en lo práctico el espectro es un bien del dominio público. Uno llega muchas veces a pensar que únicamente es una formalidad. Cuando tu ves que existen consorcios que tiene cincuenta años utilizando un recurso limitado, que por eso es un bien de dominio público porque es limitado, ¿por qué ese recurso no rota?, ¿por qué no se define un modelo que permita que vaya a otras manos que también desean explotar o utilizar ese recurso? Por eso se hace necesario debatir sobre si la televisión de servicio público puede llenar ese espacio y, sobre todo, con qué mecanismo de financiamiento se logra montar un sistema de servicio público, más allá de la vía impositiva. ¿Es la publicidad la única solución?, ¿o hay alguna manera de crear un modelo de negocio para televisión donde la publicidad tal como la entendemos hoy no sea el mecanismo de financiamiento de este modelo?. Estos son retos que están allí.
Si no resolvemos estos retos orita, en un futuro serán todavía más complejos. Ya es una realidad la llegada de la televisión digital. Entiendo que en España en 2010 ó 2012 tiene que estar ya la red de televisión digital funcionando plenamente. Nosotros también lo estamos trabajando aquí. A finales de 2020 gran parte del mundo va a estar en versión digital; sin embargo, en televisión digital por cada trasmisor van por lo menos cuatro canales, ¿qué va a pasar si no se logran resolver estos problemas?, ¿esa nueva tecnología va a convertirse en un democratizador o por el contrario va a concentrar aún más los grandes medios?, porque la gran pregunta que todo el mundo se hace es quién controla el transmisor. En Venezuela estamos analizando cómo la regulación maneja esta nueva capacidad tecnológica de manera que democratice en lugar que concentre.

M.O.: Venezuela a nivel internacional es centro de atención, entre otras cosas, por el caso de RCTV. Su director, Marcel Granier, incluso hizo una gira por el Parlamento Europeo, donde el eurodiputado español Willy Meyer salió en defensa de la soberanía del gobierno venezolano ante esta decisión. ¿Cómo valoraría el tratamiento que se le está dando del caso en Europa y especialmente en España?.

J.C.: La administración del espectro, y el espectro radioeléctrico como tal, entra en la soberanía de los Estados. La decisión que se está tomando en Venezuela no es tan distinta a muchas decisiones que se han tomado en España.
En el caso venezolano se trata de la no renovación y yo he visto decisiones en el caso español que son incluso revocatorias por incumplimiento. Esto entra dentro del ámbito del poder soberano de cada Estado.
Es interesante la declaración que ha hecho el secretario general de la OEA, que no ha sido muy destacado en la prensa venezolana, que de una manera muy precisa dice que eso es materia de política interna del Estado Venezolano, que es el que tiene la potestad legal y constitucional de renovar o no. La decisión que estamos tomando es constitucional y es legal. Se puede hacer una discusión política sobre si conviene o no, si era la mejor forma o no, pero desde el punto de vista jurídico es legal y esta bien sustentada y razonada.
No creemos que esta decisión vaya a tener ninguna consecuencia con España, pero ya sabemos que el Partido Popular siempre va a criticar todo lo que haga el gobierno venezolano. Todos sabemos la muy buena relación que existió entre Aznar y Marcel Granier durante el golpe de Estado.

* Corresponsal
de Mundo Obrero en Venezuela