El sistema electoral español fue diseñado para favorecer el bipartidismo entre las fuerzas políticas de ámbito estatal y posibilitar la presencia en el Parlamento a grupos del nacionalismo vasco y catalán de más implantación en sus territorios. Así el porcentaje mínimo del 5% de los votos de todo el Estado que se les exige a los partidos para obtener grupo parlamentario propio se sustituyó por el mínimo del 15% del voto emitido solo en los ámbitos territoriales en los que concurrían los partidos nacionalistas, de tal forma que por ejemplo CIU que obtuvo en las elecciones generales de 2004 el 3,24% del voto del conjunto del Estado tiene grupo parlamentario propio porque en el ámbito de Cataluña supera ese 15% del voto.

El férreo bipartidismo que se pretende consolidar en España no está provocado por la aplicación de la ley d’Hont, como algunos creen, sino por la fijación de la provincia como circunscripción electoral recogida en el artículo 68 de la Constitución Española. Así se castiga a las fuerzas políticas más modestas de ámbito estatal, como al PCE o posteriormente a IU, cuyos votos en las provincias que no obtienen escaño solo sirven para obtener el mínimo exigido del 5% para formar grupo parlamentario. En base a lo anterior, en las elecciones generales de 1977, al PCE le costó cada escaño en las Cortes 90.000 votos mientras que la UCD y el PSOE obtenían cada diputado con 38.000 y 45.000 votos respectivamente. En las últimas elecciones de 2004 el castigo del sistema electoral a IU fue escandalosamente intolerable: cada acta de diputado costó a IU 261.000 votos, en cambio el PSOE obtuvo cada escaño con 66.522 votos y el PP con 65.071.

Si en lugar de a la circunscripción provincial la ley d’Hont fuera aplicada directamente a los votos que cada fuerza política obtiene en el conjunto del Estado, estaríamos muy cerca de un sistema realmente proporcional y todos los votos tendrían prácticamente el mismo valor electoral. Así IU más ICV tendrían en éste momento en el Parlamento 19 escaños en lugar de los 5 actuales. Los 14 escaños restantes ya se sabe que se los reparten, legal, pero indignamente el PP y el PSOE. Como dato curioso señalar que con un sistema proporcional, PSOE e IU tendrían hoy solos mayoría absoluta en el Parlamento.

Los partidos nacionalistas, salvo excepciones, y contrariamente a lo que suele afirmar, no son en número de escaños los favorecidos de éste sistema electoral. Por ejemplo a ERC le ha costado cada uno de los 8 diputados que tiene en Madrid 81.249 votos; a CIU, con 10 escaños, cada uno le cuesta 82.904; a Coalición Canaria, con 3 escaños, le cuesta cada uno 73.678 votos; al BNG, con 2 escaños, le cuesta 102.806 votos cada uno. En cambio, NA-BAI es el partido más privilegiado de España por el sistema electoral al obtener, con solo 60.645 votos, el único escaño conseguido. En el polo opuesto se encuentra el PA que con 181.261 votos no obtuvo acta de diputado en el Parlamento.

Los intentos de IU de reformar la ley electoral abrieron la posibilidad recientemente de constituir una comisión en el Congreso que estudiara la posible reforma, iniciativa que fue rechazada por el PP y algunos partidos nacionalistas. El primero porque sigue cómodo usurpando parte de los escaños de IU y debilita el crecimiento de la izquierda. Los nacionalistas porque aunque un sistema electoral más justo nos les perjudicaría en el número de escaños, podrían perder influencia en el Estado para configurar mayorías de gobiernos. Los treinta años de democracia dan pruebas de ésta afirmación. El PSOE y el PP han pactado con los partidos nacionalistas gobiernos más o menos estables a cambio de concesiones territoriales entre otras. Ejemplo de lo que afirmamos fueron los pactos del último gobierno de Felipe González con CIU o la modificación del sistema de financiación autonómica con la primera descentralización del IRPF que el Gobierno de Aznar concedía a CIU y que después se haría extensiva al IVA y los Impuestos Especiales. Más tarde el Gobierno de Rodríguez Zapatero también haría concesiones al nacionalismo catalán, escenificándolo con Artur Mas en una operación de largo alcance que ya se verá, ampliando ésta descentralización de recursos y blindando en el Estatuto de Cataluña un porcentaje fijo de inversiones en función de su PIB.

Resumiendo, durante 30 años, salvo por obtener el mínimo del 5% del voto para tener grupo parlamentario, ya comentado, el voto al PCE o a IU en 39 provincias españolas no ha servido nunca para elegir escaño, hecho que en las pasadas elecciones de 2004 alcanzó a 49 provincias. Esta situación es propiciada por el injusto sistema electoral que impide que los votos de las provincias en las que no se obtiene escaño pueda sumarse al de otras, aunque fuera en un fondo de restos, para que IU tuviera realmente los escaños que la ciudadanía si quiere que tenga al otorgar su confianza. Así la mayoría del 1.300.000 ciudadanos que votan a IU e ICV son estafados por el sistema electoral.
Es cierto que el PCE primero e IU después, no se desarrollan por muchas razones internas, externas y por nuestros propios errores cometidos, que sin duda han sido muchos. Pero nadie negará que un factor esencialmente determinante y obvio, está en que los poderes clásicos dominantes en este país seguirán tratando de impedir como sea que en España se desarrolle una fuerza política de ámbito federal a la Izquierda del PSOE. La ley electoral es un campo minado para la izquierda de IU y mientras exista esta ley electoral nunca tocaremos poder seriamente para ir a transformaciones profundas.

Este sistema electoral es injusto, indigno y hasta usurpador de derechos. Una farsa por el que el voto de los votantes de IU no tiene el mismo valor electoral que el de los que votan al PP, al PSOE y al de la mayoría de los nacionalistas, y o somos capaces de acabar con ésta farsa o la farsa acaba con IU.

* Coordinador de IU de Castilla-La Mancha.