El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) cierra una legislatura marcada por la frustración de amplios sectores populares, que han comprobado que la derrota de Aznar no ha supuesto el abandono de las políticas que este preconizó desde la Moncloa. Zapatero ha hecho suya la melodía neoliberal del «aznarismo», articulando una política económica cuyos pilares (competitividad y superávit público) no se diferencian gran cosa de su predecesor. Y no diferenciándose no puede conducir a resultados muy distintos. De ello da buena cuenta no sólo este presupuesto sino el Programa Nacional de Reforma, en el cual se inserta, y que no es sino la plasmación del programa neoliberal acordado en la Cumbre de Lisboa (2001), con el PP en el poder.
Para el año 2008 se prevé que el conjunto de las Administraciones Públicas presenten un superávit del 1´15% del PIB y que, como contrapartida, la deuda pública se reduzca hasta el 34´3%. Unas cifras envidiables comparadas con las del resto de países europeos. Pero aquí omite el Gobierno un hecho incuestionable: que cada euro de superávit es un euro restado a la Inversión y al Gasto Social. Y si las finanzas de las Administraciones Públicas están saneadas, las de las familias no. La negativa a poner freno a la especulación inmobiliaria ha provocado que las familias tengan que endeudarse más de lo razonable para acceder a un bien de primera necesidad: la vivienda. Si al inicio del año 2004 (llegada de Zapatero a la Moncloa) el endeudamiento de las familias españolas ascendía al 57´6% del PIB, actualmente nos hallamos en el 82´7%: un crecimiento irracional que debilita la capacidad de gasto de las familias y las hace más vulnerables frente a subidas de tipos de interés.
Los efectos ya se han hecho notar: la tasa de morosidad de los préstamos hipotecarios, que en 2004 se situaba en el 0´33% , se ha duplicado hasta el 0´65%. Las capas menos pudientes de las familias españolas tienen serias dificultades para pagar sus hipotecas y se enfrentan a procesos de embargo judicial. Mientras, el Gobierno se vanagloria de la buena salud de las finanzas públicas.
El proceso se agravará durante 2008 porque, como hemos tenido ocasión de advertir en ediciones anteriores de Mundo Obrero, el modelo económico basado en la especulación inmobiliaria ha quebrado y eso va a traducirse en contracción del PIB y pérdida de puestos de trabajo. La Banca y la Moncloa tratan en vano de difundir la increíble idea de que nada sucede en nuestra economía, a pesar de los desequilibrios acumulados en los últimos años (inflación, déficit comercial, escaso crecimiento de la productividad…): «ajuste suave» es el término que repiten mancomunadamente. Pero lo cierto es que el Cuadro Macroeconómico, sobre el que se asientan las previsiones presupuestarias no resiste la más mínima comparación con la realidad.
Para el año 2008 los PGE prevé un crecimiento del PIB del 3´3% y un crecimiento del empleo del 2´2%. Pero estas estimaciones, hechas antes de que estallara la crisis de las «hipotecas subprima», están desfasadas: un precio del petróleo de 71´9 $/barril (actualmente cotiza a 95-100$) y un crecimiento del PIB en EEUU del 2´7% y del 2´5% en la eurozona (la última previsión del FMI las rebaja al 2´2% y al 1´9% respectivamente). La previsión de tipos de interés (4´5%) está a punto de ser rebasada: las tensiones inflacionistas en EEUU y en la eurozona provocarán subidas de tipos de interés, subidas que no se han producido aún por miedo a que la crisis hipotecaria se descontrole. Pero no por falta de ganas: el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense no tolerarán por mucho tiempo que la inflación supere, como ya sucede hoy, el objetivo marcado (2%). Además, el creciente déficit comercial estadounidense, que ya se está traduciendo en una depreciación continuada del dólar frente al euro, puede provocar una súbita crisis cambiaria de consecuencias insospechadas.
Crecer por debajo del 3% implica no crear puestos de trabajo. De hecho ya hay síntomas de contracción de la actividad y destrucción de empleo. El número de viviendas iniciadas ha caído en 151.000 unidades (un 17´5% menos) en comparación con septiembre del año anterior. De acuerdo con las Tablas Input-Output difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada vivienda que se deja de construir puede suponer la pérdida de dos empleos. De momento el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la Construcción ya ha retrocedido un 0`9% si lo comparamos con octubre de 2006. Y esto no ha hecho más que empezar.
Y la melodía presupuestaria de Zapatero no sólo hace caso omiso de las tendencias reales de la economía española (y mundial) sino que se parece sospechosamente, en sus acordes menos progresistas, a la que entonaran los gobiernos del PP.
El actual Gobierno ha asumido la política de rebajas fiscales como herramienta básica para impulsar la economía. En un sistema tributario progresivo los ricos tienen mayor posibilidad de hacerse con los beneficios fiscales: son los que más pagan y, por tanto, los que más pueden llegar a ahorrarse con cualquier recorte impositivo. El proyecto de PGE considera un recorte impositivo de 8.650 millones de euros, de los cuales un 37% corresponden al Impuesto de Sociedades (el que grava los beneficios empresariales). Una reforma peligrosa por dos razones. En primer lugar porque consolida el recorte impositivo como instrumento (falaz) al servicio del (deseable) crecimiento económico: ¿quién nos asegura que este recorte (a los ricos) será el último? ¿Por qué no habrían de reclamar las clases pudientes nuevos recortes más adelante?. En segundo lugar porque en situaciones de incertidumbre económica como la actual, los recortes impositivos no animan la economía: simplemente dejan más dinero en el bolsillo de los ricos, dinero a la espera de financiar oportunidades de ocio u oportunidades de especulación.
El crecimiento de la productividad es nuevamente la gran oportunidad perdida del proyecto de presupuestos. Desde el año 2004 el Sr Zapatero insiste una y otra vez en la necesidad de impulsar la productividad de nuestra economía.
Razón no le falta, hierra en el enfoque: utilizar los PGE para subvencionar cuantiosamente al sector privado (bien mediante subvenciones directas, bien mediante beneficios fiscales) no ha redundado en la consecución de dicho objetivo. En el empresariado español, rentista y poco dado al esfuerzo innovador, no puede descansar la mejora de nuestra productividad: de hecho, como en la época de Aznar, nuestra productividad ha registrado incrementos muy inferiores a los de la eurozona (no nos confundamos: el ladrillo genera endeudamiento, no riqueza). En el año 2006, por ejemplo, nuestra productividad creció un 0´7%: casi la mitad del 1´3% de la eurozona. Por el contrario, los PGE deberían por la inversión pública directa en I+D, ir reconduciendo hacia el sector público parte de los cuantiosos fondos que de forma infructuosa acaban en manos de la empresa privada. Sabido es que las condiciones laborales afectan a la productividad de los trabajadores: ¿por qué no fijan los PGE un objetivo en materia de temporalidad laboral?
Por desgracia, el Gobierno de Zapatero se despide escribiendo una partitura que podría interpretar sin reparos un Gobierno del PP.
*Economista
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