Como decíamos en entregas anteriores, explicar cómo las corrientes políticas dominantes (oposición y régimen) lograron caer de pie tras este salto desde el acantilado del odio (el franquismo asesinaba -garrote vil- en marzo de 1974 al militante anarquista Puig Antich y fusilaba en septiembre de 1975, aplicando la pena capital, y nadie -salvo los pequeños círculos «politizados»- pidió explicaciones a posteriori), es una cuestión que merecería una detenida mirada sobre el olvido y la pérdida de la condición humana de los españoles sometidos a la dictadura gris, y sobre la desvergüenza de algunos dirigentes políticos de la izquierda.
Sería preciso un análisis cualitativo que incluyera desde la idea de orfandad colectiva -se descorchó bastante menos champán del comentado- hasta la indiferencia con la que la ciudadanía aceptó -trágala- el giro del aparato franquista -sin bajarse del coche oficial- y su cambió sustancial de discurso para analizar con detalle esta evolución. En esta línea argumental, sería injusto olvidar la labor moderadora ejercida, con sumo cuidado y equilibrio, por el diario El País, auténtico vertebrador -sine die- del pensamiento progresista nacional. «Durante años El País lo fue todo: unidad de medida, medio de cambio, medio de pago. Pero detrás de un periódico hay deseos e intereses. El País no lo reconoce: si los reconociera, la verdad que produce sería provisional y relativa. Para producir una verdad definitiva y absoluta hay que ser totalmente independiente (neutral, ni con el uno ni con el otro). El País ha sido el espejo de la transición hacia la democracia» escribió Jesús Ibáñez en Por una sociología de la vida cotidiana (1994).
Bajo estas maniobras cupulares latía el problema central de la legitimación popular de la democracia heredera del franquismo. El objetivo perseguido era, entre otros, que la izquierda antifranquista, es decir, los elementos situados a la izquierda del PSOE, no buscara -en el caso de que lo pretendiera- su fundamento histórico y testimonial en la II República, en la legalidad rota tras el golpe de estado de los africanistas. La ley electoral y la maquinaria del poder simplificaron después la confusión producida por la aparición de docenas de partidos, creando una especie de bipartidismo imperfecto alterado, tan sólo, por la significativa presencia de las burguesías nacionalistas y los restos del naufragio del PCE-IU. Se trataba, por tanto y de forma imperiosa, de crear una joven «sociedad civil» que actuara como motor e impulso -tutelada siempre por el rey vestido, al principio, de uniforme- del progreso institucional, una «sociedad civil» que careciera de historia política reconocible: una sociedad sin memoria. Para eso se aplicó la innovadora fórmula del consenso (ver J. M. Buchanan y G. Tullock,. El cálculo del consenso: fundamentos lógicos de la democracia constitucional) consiguiendo que la democracia representativa fuera una especie de creación ex-nihilo (no constituyente) e inmaculada, una «sensación de vivir» más que una forma concreta de gobierno cotidiano. Esta democracia de mercado debía tener suficientes elementos comunes, tanto en lo referido a la elección de las reglas óptimas de eficiencia económica como a los criterios en la toma de decisiones, para aglutinar, previo acuerdo y sin fricción, las diferentes clases sociales y sus intereses naturales, teniendo en cuenta que la España de 1975 estaba destrozada tras la violencia física y psíquica ejercida por el franquismo. Era fácil. Juan Carlos I, sabedor de la importancia de la imagen en el mundo espectacular, volvió a la carretera -años antes, por orden de Franco, siendo príncipe, ya había recorrido la geografía dándose a conocer- para hablar de consenso, concordia y reconciliación. Eran tres conceptos clave, intangibles fundamentos del poder público, que escondían, en realidad, los tres ejes del nuevo orden político: negociaciones con los grupos de poder hegemónicos (iglesia, banca, ejército) y con las burguesías nacionalistas; paz social (tarea encargada a los sindicatos) y olvido (empresa de la que se encargó la cultura subvencionada). Resulta curioso constatar como hoy -en el año 2008- frente al empuje de las burguesías nacionalistas, el rey sigue cabalgando a lomos de estos tres conceptos esenciales. Nada cambia.
Para inventar esta «sociedad civil» había que resolver el obstáculo que suponía la ausencia de identidad nacional. Tanto para los teóricos del derecho franquista como para los pensadores de la «condición democrática» se trataba de ajustar el principio de soberanía -de cara a lo que denominaban «proceso constituyente» y teniendo en cuenta la crisis económica: inflación más desempleo- a la realidad socio-política. Lejos de estos consultores orgánicos recuperar una de las tesis centrales de Carl Schmitt: «soberano es aquel que decide sobre el estado de emergencia». Para que las esencias del régimen no chocaran con las aspiraciones de cambio de una parte de la colectividad, era urgente recuperar una cierta idea de identidad nacional (unidad de destino transformada en acción común) hasta convertir al antiguo «cautivo y derrotado» pueblo en ejemplo de concordia, protagonista directo o trascendental, sujeto activo de la historia del renovador proceso. El reconocimiento de los derechos históricos, consagrado más adelante en el Título VIII de la Constitución, podría verse como una prueba fehaciente, jurídica, de la necesidad de crear pueblo soberano, sujeto de derecho -al tiempo que se reconocían aspiraciones históricas de autogobierno- allí donde existiera un vestigio, un caldo de cultivo social. La redacción final del texto constitucional, con la formulación conocida del Título VIII, no garantizó la igualdad -las consecuencias llegan hasta la actualidad- pero remendó, hasta que han terminado por explotar, dos desgarros. En primer lugar, la ausencia de identidad nacional -una o varias, el caso era recuperar este «sentimiento», inventando tradiciones o costumbres si era preciso, tras la destrucción sistemática de la posguerra- y, en segundo, la cuestión del autogobierno o la redefinición de España impulsada por las burguesías financieras nacionalistas. (Continuará)
