El proyecto denominado «Gran Scala» es una promoción de International Leisure Development (ILD) que consiste en la instalación, en un área de 2.025 hectáreas (en un lugar aún sin definir durante la redacción de este artículo) de los Monegros oscenses, de un megacomplejo de negocios basados en ocio insostenible, consumista y derrochador, con 32 casinos, varios parques temáticos, 70 hoteles, 250 restaurantes, varios campos de golf, hipódromo, plaza de toros… Los promotores proyectan 25 millones de turistas anuales, 65.000 puestos de trabajo, en una nueva ciudad de 100.000 habitantes. Para ponerlo en marcha son precisas inversores privadas de 17.000 millones de euros, y han previsto poner la primera piedra en septiembre, al término de la Expo Zaragoza 2008, y abrir las primeras instalaciones en 2009.

Para garantizar que este proyecto arranca, los promotores firmaron con el Gobierno de Aragón (DGA) un acuerdo indefinido, impreciso, genérico, por el que la construcción y mantenimiento de todas las infraestructuras de comunicación (accesos por AVE, autopista, autovía, aeropuerto), energía, agua, sanidad, etc., corren a cargo de la DGA, además de todas las modificaciones legislativas necesarias para que este proyecto encaje, sea como sea, con la legalidad autonómica en materia de urbanismo, ordenación del territorio, medioambiente, juego, etc. Es por ello que decimos que el desarrollo de este proyecto de negocios privados requiere violentar y modificar, a peor, el actual sistema político democrático. Tal es así, que los promotores se jactan de que «Gran Scala» habría dicho «no» a Francia, antes de venir a Aragón, porque la velocidad requerida en la modificación de las leyes, allí no iba a ser la adecuada, mientras que esta velocidad en Aragón sí va a ser de vértigo, con el apoyo total y absoluto de la DGA, y una enorme presión política para minimizar y descalificar a quienes nos oponemos al proyecto.

En paralelo, y de forma sorprendente para un megaproyecto de las características tan descomunales como este, el monolítico respaldo de la DGA convive con una opacidad informativa casi absoluta, un secretismo insólito, más propio de guerras frías pretéritas o de proyectos militares relacionados con la guerra, como la Base de la OTAN que pretenden instalar en Zaragoza. Esto se traduce en ausencia de transparencia, y la negación a las posibilidades del debate y de la participación social y democrática, siendo este asunto lo suficientemente importante como para implicar en él a toda la sociedad de forma activa, y no para reducirla a mero espectador pasivo. Para este Gobierno ya no somos ciudadanos, o conjunto de entes políticos con los que se debe contar de forma activa y proactiva. Para el Gobierno de Aragón, somos simples individuos consumidores
Y así, el Gobierno está actuando con un despotismo iletrado muy preocupante, semejando una especie de correa de transmisión de los oscuros intereses económicos que hay detrás de los promotores del proyecto. Si no lo impedimos, en Aragón seremos testigos de cómo un ente privado es capaz de hacer ingerencia sobre los órganos de decisión y gestión democráticos, incluso modificando leyes a la carta (reduciendo la fiscalidad, los requisitos, los controles).

La mano invisible del mercado en el neoliberalismo parece seguir necesitando del Estado, del tan denostado «papá Estado», del dinero público, cuando se aventura en proyectos tan inciertos como éste. Porque a pesar de la aparente contundencia de las cifras del proyecto, hay mucho humo, mucha palabrería postmoderna, mucho discurso vacío.

Y todo esto sucede unos meses después de unas elecciones municipales y autonómicas que han dibujado el panorama institucional de esta Comunidad hasta el año 2011 y, aunque parezca increíble, este proyecto no fue objeto siquiera de una mínima referencia en debates, programas electorales… Y ahora, apenas unos meses después, lo vemos publicitado como «El proyecto más potente desde el punto de vista económico que se está haciendo en Aragón desde Fernando el Católico», tal y como lo describe la DGA, estableciendo un curioso paralelismo en la forma de planificar y desarrollar los proyectos socioeconómicos en el feudalismo y en el capitalismo, o en la monarquía y en la democracia.

El Gobierno de Aragón está respaldando este proyecto con formas y maneras que recuerdan las de oligarcas y caciques del siglo XIX, pero en el XXI: lo publicitan como un «regalo», dinero «que va a venir», siendo determinados políticos y partidos «quienes lo traen», dando la sensación de que no se está pensando en la cosa pública, en el «interés general», sino en la consolidación de redes clientelares preestablecidas, basadas en influencias y en intercambio de favores sociopolíticos, que han sobrevivido muy bien a transiciones, cambios formales de entramado institucional, etc.

Todas estas condiciones objetivas, y otras más, han originado un creciente movimiento opositor a este proyecto, tanto desde dentro como con solidaridad internacional, del que el PCE está participando activamente, porque también está en juego, entre otras cosas, la salud política del sistema de la España de las Autonomías, porque la gestión de este proyecto no es la que debe caracterizar una democracia participativa y avanzada como en la que se supone que vivimos.

El vicepresidente de la DGA comentó en cierta ocasión que el proyecto «Gran Scala» le gustaba mucho, al menos tanto como la película «Centauros del desierto». A nosotros este proyecto nos recuerda más bien a aquella otra película titulada «Miedo y asco en Las Vegas»: asco por la turbiedad de ciertos negocios que se plantean y que forman parte del corazón del proyecto, y miedo por las formas y actitudes políticas que se están empleando para imponer este proyecto, sin información, sin participación, sin democracia, sin respetar siquiera sus propias reglas del juego.

* Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Aragón