Como ya se planteaba en un comentario en el anterior número de este periódico (enero 2009) el año 2008 ha acabado con más de 3 millones de parados, en un país como el nuestro en el que esa cantidad no ha bajado de los 2 millones a partir de 1982, salvo en algunos meses de 2000 y 2001, confirmándose las previsiones menos halagüeñas. Esto confirma la dureza de la crisis, aunque debemos recordar que el paro no es el único problema de los trabajadores, ya que una gran parte de ellos se encuentra en situación de precariedad laboral, y social, y de falta de derechos, o de práctica imposibilidad de ejercerlos.

El paro, de este modo, se ha convertido en portada de los medios de comunicación, pero ¿Cuáles son las reacciones desde las instancias del «diálogo social», desde gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales? Gobierno y sindicatos mayoritarios, cada cual a su manera, han planteado que no van a permitir el recorte de las prestaciones al desempleo, e incluso el presidente del gobierno ha comenzado la campaña electoral para su partido en las próximas elecciones autonómicas prometiendo que ningún parado dejará de percibir ayuda, sin explicar, como es habitual en este tipo de promesas, ni cómo ni en qué momento.

Porque claro, lo que juntamente con el incremento del desempleo ha saltado a los medios, o al menos a algunos de ellos, es que no todos los que han perdido un empleo tienen derecho a la prestación; además este derecho está limitado, entre cuatro meses y dos años en función del periodo en que han cotizado, espacio de tiempo que en principio parece que es inferior al tiempo que va a durar la crisis, a la cual se enfrentan muchos de los perceptores con el tiempo ya acabado o a punto de hacerlo. A ellos hay que añadir los que no tienen ningún derecho, los sumergidos, los que no han cotizado lo suficiente, los que no cumplen los requisitos para inscribirse como parados, aunque no tengan ni encuentren trabajo, los que buscan su primer empleo, los desanimados por la imposibilidad de encontrarlo.

Eso, en lo que respecta a gobierno y a sindicatos, pero, ¿y los empresarios? Digamos las cosas claramente, el mercado de trabajo fuertemente precarizado (1), lo mismo que el nefasto modelo productivo sin ningún futuro, existentes en nuestro país son el producto de las estrategias empresariales, ellos son los responsables, no de la crisis, pero sí de las particularidades con las que ésta se está desarrollando en España, y desde luego, sin eximir en nada a los gobiernos que han apoyado y a veces impulsado, esas estrategias.

Y ¿cuáles son sus propuestas? Lisa y llanamente, más de lo mismo, otra vuelta de tuerca en lo que ellos eufemísticamente llaman «flexibilización» del mercado laboral, que se reduce a disminuir salarios, incrementar jornadas, eliminar derechos laborales, es decir precarizar condiciones de vida y trabajo. La CEOE ya lo ha dicho en toda su crudeza, hay que abaratar, o anular, los costes de despido. De todos modos esto se puede decir brutalmente o con un toque de sofisticación y unas gotas, leves, de autocrítica.

Este último es el adoptado por Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios en una reveladora entrevista aparecida recientemente en «El País»(2), en donde, en palabras del entrevistador, Manuel V. Gómez: «Sus recetas no son nuevas, ya en plena expansión reclamaba menor regulación, reducción del coste del despido o bajadas de impuestos; pero ahora, inmersos en la crisis, lo hace con más fuerza», desde luego, todo ello a favor del capital y en detrimento de los trabajadores y sus derechos.

Centrando el comentario en el mercado laboral, se reconoce que lo hecho ha sido «abusar claramente de la contratación temporal para trabajos que no son temporales»; en realidad, a pesar de reformas y acuerdos por la estabilidad del empleo, este tipo de contratos, los temporales, se ha movido entre el 80 y el 90% de los contratos firmados cada año, con todo tipo de abusos y fraudes de ley por parte de los empleadores, encadenando contratos temporales uno tras otro, destruyendo empleo fijo y sustituyéndolo por temporal, acogiéndose al contrato fijo de conversión, con derechos laborales recortados, mientras se cobraban subvenciones.

Por ello, desde las mismas coordenadas, se puede decir que «tenemos que reducir el empleo temporal en este país, pero a cambio habría que flexibilizar el mercado de trabajo», esquema que ha demostrado ser un auténtico fracaso en los últimos años (3), y cómo se propone esa flexibilización: son dos recetas, 1) «aumentar el trabajo a tiempo parcial», un tipo de contratación que es rechazado sistemáticamente por una mayoría aplastante de trabajadores, teniendo en cuenta fundamentalmente la reducción proporcional del salario, y considerado como una imposición empresarial. De hecho, los patronos ya han empezado su particular campaña en esta sentido, ofreciendo trabajos de 12 a 20 horas a la semana, pero indicando que se trabaja la jornada completa y cobrando en negro(4), y 2) con una «reducción de los costes de despido para los nuevos entrantes», medida que cuando se ha adoptado (por ejemplo, con los contratos de conversión) ha mostrado su absoluta ineficacia, no sé si para flexibilizar el mercado, pero con toda seguridad para disminuir la temporalidad, aunque ha conseguido aumentar la inseguridad del trabajador.

Pero el Sr. Boada, se muestra progresista, para lo que tienen que hacer los otros, desde luego. Así, «los que tenemos trabajo tenemos que ser más solidarios con los que no lo tienen. Por ejemplo, entre los funcionarios sería razonable que hubiera una moderación salarial, incluso una congelación del sueldo, como solidaridad y ejemplo hacia los que tienen un puesto más precario». El cinismo surge con toda claridad cuando a raíz de esta afirmación se le pregunta por los «aumentos espectaculares de retribuciones de ejecutivos», ya que «son dos cosas distintas, aunque ambas tengan que ver con remuneración», y eso, porque «la remuneración de los directivos de las empresas se aprueba por parte de los consejos de administración» (por cierto, ¿quién, directamente o indirectamente, aprueba las políticas de gestión de recursos humanos, incluyendo las salariales, en las empresas?).

Y ya, por finalizar, se llega al colmo del surrealismo (por utilizar un calificativo suave) al comentar que «no puede ser que alguien que ha destruido empleo en su empresa o no ha generado valor tenga derecho a unos ‘bonus'», cuando en multitud de empresas la política de ‘bonus’ en los departamentos o direcciones de recursos humanos ha estado, y está, ligada casi exclusivamente a la cuantificación de la desaparición de puestos de trabajo desde allí gestionados.

Quisiera acabar con una reflexión al margen de la entrevista comentada. Probablemente la mayor rigidez del mercado laboral se encuentre en el blindaje de los contratos de ejecutivos. ¿Por qué no se declaran sencillamente ilegales?(5)

NOTAS.
1. Para ello remito al lector a D. Lacalle, «Precariedad y falta de derechos. Los trabajadores españoles a comienzos del siglo XXI» (El Viejo Topo, Barcelona, en prensa).

2. «El País. Negocios» domingo 21 de diciembre de 2008, pg. 6. Todos los entrecomillados proceden de la misma.

3. D. Lacalle, «Las reformas laborales ¿para qué sirven?» en «Noticias Obreras» nº 1435 (HOAC, Madrid, julio 2007). Según los cálculos allí realizados, al ritmo de descenso anual conseguido, y por desgracia no mantenido, en las últimas reformas, se alcanzaría una tasa de temporalidad del 10% en el año 2080, y tras 29 reformas laborales más.

4. Tomado de una intervención en el pleno de la Secretaría de Mundo del Trabajo del PCE celebrado en Madrid el sábado 17 de enero de 2009.

5. Con este artículo casi acabado y los plazos de entrega establecidos el diario «El País» ha publicado un reportaje que da un excelente soporte documental a la situación del mercado laboral en la crisis. Amanda Mars, «¿Más flexibilidad laboral en tiempo de crisis? (jueves 15 de enero de 2008), pp.26-27.

* Fundación Investigaciones Marxistas