La incapacidad de las mujeres ha sido históricamente alegada para negarnos no el deber de trabajar, de cuidar a la familia y a la sociedad, sino el reconocimiento del valor de nuestro trabajo, la disposición de nuestra persona y de nuestros bienes, la igualdad en la pareja, la educación de nuestros hijos o el derecho al voto. En 1931, la oposición al derecho al voto femenino universal reivindicado por Clara Campoamor alegaba principalmente que la mayoría de las mujeres ni estaban preparadas ni pedían activamente el derecho a votar.

Se plantea ahora en España la creación del Consejo de Participación de la Mujer, prometido hace dos años por la Ley de Igualdad, como limitado pero innovador cauce de democracia participativa, reconociendo a las asociaciones de mujeres la misma interlocución con los poderes públicos que tienen las asociaciones juveniles desde 1983, sindicatos e interlocutores sociales y empresariales desde 1990, asociaciones de consumidores y usuarios desde 1995, asociaciones ecologistas y de mayores desde 1994, las de cooperación al desarrollo y las de integración social de los inmigrantes desde 1995, las de Personas con Discapacidad y las ONGs de Acción Social desde 1999 y las del pueblo gitano desde 2006.

¿Qué tenemos, o qué no tenemos, las asociaciones de mujeres para merecer veinte años de retraso respecto a las organizaciones de otros movimientos sociales en el reconocimiento del derecho a la interlocución?.

La incidencia del movimiento feminista es incuestionable en avances sociales como el derecho a votar y a ser votadas, en la autonomía económica que ha supuesto pasar de 3,4 millones de mujeres con empleo en 1976 a 8,5 en 2008, en el acceso a la educación, al reconocimiento de la sexualidad femenina y al control de la propia fecundidad, la inclusión en la agenda política de la lucha contra la violencia de género y del reparto familiar y social del cuidado de la infancia y de las personas dependientes. Igual que la tenacidad sufragista de la diputada Clara Campoamor respondía a su militancia en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y el movimiento feminista internacional, la acción de los poderes públicos y los cambios sociales hoy tienen detrás la presión y el trabajo capilar y constante de cientos de miles de feministas organizadas en la sociedad civil.

¿Cuántas y cómo son las organizaciones de mujeres en España? A falta de datos oficiales recientes (la falta de datos es un dato), el Instituto de la Mujer en 1997 cifraba en 186 las asociaciones de mujeres de ámbito estatal y 2.536 las de ámbito autonómico o local, y estudios de organismos autonómicos de igualdad indican que hoy la cifra es superior, a la vez que distinguen las que tienen carácter social, concretado en la promoción de la igualdad, que el estudio El tercer sector social en España (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003) estima en 3.282 asociaciones, de las que el 9 % son de ámbito estatal y el 91% de ámbito autonómico o local.

El Ministerio de Igualdad ha abierto sus consultas para decretar la composición y funciones del Consejo de Participación de las Mujeres a 20 asociaciones, y tiene previsto que sean 20 las que participen en él, lo que (aún ampliando el espectro de las 5 que designó a dedo en 2006 para el Observatorio de la Violencia de Género y otros foros), es insuficiente. Insuficiente porque la participación es, según los artículos 9.2 y 23 de la Constitución, un derecho fundamental y universal, al que cuadran mal los numerus clausus y la concurrencia competitiva. E insuficiente para incorporar a todo el tejido civil realmente existente al ambicioso objetivo de dar rango ministerial real a las políticas de igualdad. Como decía el 8 de marzo de 2007 el Manifiesto por un Consejo Estatal de las Mujeres Representativo, Plural, Autónomo y Reivindicativo firmado por 60 asociaciones y consejos de mujeres, «su composición debe reflejar el pluralismo territorial, social, ideológico y político del movimiento de mujeres, con una Asamblea en que participen directamente las asociaciones de mujeres de ámbito estatal y los Consejos Autonómicos de Mujeres que estén representados por ONGs, no por gobiernos».

Es comprensible, pero no justificable, que quienes hasta ahora han detentado el privilegio de la interlocución -5 u 8 asociaciones de mujeres, las secretarías de la mujer de los sindicatos mayoritarios, e incluso la CEOE, que con cuotas del 3% de mujeres en sus órganos de decisión se considera legitimada para asesorar en igualdad- prefieran mantener ese estatus a sumar sus fuerzas a otras, abriéndose a nuevos diálogos y consensos; que otras pidan un baremo de antigüedad, locales e incluso subvenciones para competir, e incluso que dos organizaciones hayan pedido literalmente al gobierno «tutela, porque desde la autonomía y los pactos entre mujeres no llegaremos a nada».

Precisamente lo contrario es la esencia del movimiento feminista que ha logrado instituir el principio de igualdad: que las mujeres no somos eternas incapaces necesitadas individual y colectivamente de tutela, sino capaces de impulsar el avance hacia la igualdad desde la autonomía, los pactos entre mujeres diversas y la interlocución inteligible y eficaz con los hombres y con quienes están en posición de poder, sea en la pareja, la empresa o el Estado.

Tampoco es representativo ni propio del Estado de las Autonomías que el Ministerio de Igualdad, que admite que el Consejo de la Juventud de España integre de pleno derecho la representación no gubernamental de los Consejos Autonómicos de Juventud, rechace la de los Consejos Autonómicos de Mujeres, como tampoco que las directoras autonómicas de igualdad de las mujeres, con la honrosa excepción de la de Cataluña, quieran detentar tanto la representación gubernamental como la de las asociaciones de mujeres de su territorio: conciudadanas, o se es gubernamental o no- gubernamental.

La creación del Consejo de Participación de las Mujeres también es un reto para las asociaciones de mujeres, para fortalecer nuestra representatividad cooperando, no compitiendo; para superar el corto horizonte de nuestros compartimentos estancos, sean territoriales, sociales, ideológicos o de gestión de nuestro pequeño proyecto o nuestra pequeña subvención.

Para estar a la altura de representar la necesidad de igualdad de los 23 millones de mujeres de nuestro país: en el acceso al empleo y la protección por desempleo; en las pensiones que sumergen a una de cada tres mujeres mayores de 65 años bajo el umbral de la pobreza; en la equiparación laboral de las empleadas de hogar; en la autonomía para la contracepción y el aborto; en la autonomía de dependientes y de cuidadoras haciendo que la Ley de Dependencia aumente los servicios públicos y no perpetúe la feminización del cuidado en el entorno familiar con el señuelo de una paguita; en la superación de unas relaciones de pareja que empiezan con la tutela supuestamente protectora del amante y terminan en subordinación y violencia.

Nosotras, que hemos reivindicado el voto y la paridad de representación, queremos y podemos ejercer ya, también, la democracia participativa.

* Secretaria del Forum de Política Feminista