Frente a la opinión dominante, el primer paso a dar por las organizaciones de la izquierda política y sindical, es analizar que el gran problema no es la crisis, que afecta al ámbito financiero, productivo y alimenticio a escala mundial, sino quien la genera: la globalización capitalista; y, contraponer a las medidas adoptadas consistentes en el socialismo para los bancos y las grandes empresas, el socialismo/comunismo para todos/as; cuestión ésta nada sencilla, ya que dichas organizaciones siguen teorizando acerca de las bondades del mercado, y de la concertación social. Frente a estas recetas, ha llegado el momento de poner encima de la mesa otro análisis del estado de cosas, para trazar la verdadera alternativa a la refundación del sistema.
Ahora bien, si seguimos obviando la perspectiva de género, las soluciones que planteemos serán erróneas o, cuanto menos, incompletas.
A nivel internacional, muchas mujeres se han visto abocadas a adoptar estrategias de subsistencia a través de la inmigración y de la «industria del sexo», enviando remesas de dinero a sus países de origen, amortiguando el desempleo y la deuda externa. El dinero, a través del mercado, es el máximo valor y ésto explica que la sobreexplotación y la extrema violencia hacia las mujeres que supone el mercado prostitucional global, convierta, mediante aparentes fórmulas sociales contractuales «igualitarias y libres», a los estados en proxenetas.
España ocupa el «noveno lugar en el Índice de la Economía Internacional», pero esconde nueve millones de pobres, de los cuales la inmensa mayoría son mujeres. El gasto público que repercute en los hogares ha retrocedido considerablemente en el último período, al tiempo que aumenta la privatización de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones. Después de Estados Unidos, España es el segundo país receptor de población inmigrante, población que se ha insertado en los sectores y empleos de menor cualificación, y peor pagados de un sistema productivo de por sí ya muy precarizado: construcción, agricultura, comercio, hostelería y turismo; y en el caso de la inmigración femenina, en el trabajo doméstico y otras tareas con escasos derechos.
Incluso, una parte del feminismo, sostiene la creencia de que las condiciones de vida de las mujeres han mejorado sustancialmente, cuando la realidad muestra el creciente empobrecimiento material de las mujeres, y la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales. A las mujeres se les sigue negando el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y su derecho a la participación en todos los ámbitos de lo público en condiciones de igualdad con los hombres.
La situación de desigualdad y discriminación laboral de las mujeres en España es vergonzosa: inferiores tasas de actividad y empleo, superiores tasas de paro, mayor tasa de temporalidad y precariedad, brecha salarial de más del 30%, feminización insostenible de los sectores y empleos más precarios, segregación horizontal y vertical. Del total de empleadores sólo el 25% son mujeres. En todos los grupos de edad es mayor la tasa de pobreza relativa de las mujeres. El porcentaje de parados de larga duración es considerablemente mayor. Unido a que, al renunciar los estados a asumir las funciones de cuidados de la población dependiente, éstas vuelven a recaer en las mujeres, imponiéndoles este sistema el incremento de trabajo gratuito en sus hogares. La corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar y de cuidados, es casi inexistente.
Las mujeres han sido en el último año menos castigadas con su expulsión del mercado laboral que los hombres, porque es el sector de la construcción, y otros sectores «masculinizados», los que están prescindiendo de sus trabajadores, y por las condiciones materiales en que dichas mujeres están trabajando en él: inferiores salarios, en horarios irregulares, con fáciles despidos, con una alta desprotección a la salida del mercado de trabajo…
Las medidas adoptadas por el Gobierno de Zapatero en la consecución del objetivo de la igualdad real de las mujeres, han sido cantos de sirena. Las únicas medidas efectivas, aunque no para las mujeres, en materia de promoción del empleo femenino, han supuesto un trasvase de rentas del trabajo al capital. Demasiadas mujeres mueren o sufren violencia machista, y los recursos destinados a erradicar este problema estructural de desigualdad son insignificantes. La paridad dista mucho de ser una realidad en este país: únicamente el 36% de mujeres han sido elegidas para el Congreso, y el 25% para el Senado; sólo el 15% son alcaldesas y el 31% concejalas, y sólo el 32% de los escaños que corresponden a España en el Parlamento Europeo están ocupados por mujeres; si bien es cierto, que nuestra Organización Política, en las próximas elecciones europeas no parece que vaya a contribuir a mejorar esa cifra.
Frente a esta realidad, las mujeres y los hombres del Partido Comunista de España, lucharemos para conseguir: legislaciones y mecanismos de control efectivos que garanticen la igualdad laboral de las mujeres; desterrar definitivamente la Directiva de las 65 horas semanales, hay que reducir la jornada a 35 horas por ley, sin reducción del salario, consiguiendo la jubilación a los 60 años para repartir el trabajo y hacer posible la conciliación laboral y familiar; el desarrollo de un fuerte sector público, sin dejar de lado la nacionalización de los sectores estratégicos, pero haciendo especial hincapié en la necesidad de gestionar eficaz y públicamente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente, reclamamos una Ley de Dependencia realmente pública y universal, garantizada en la práctica con recursos suficientes para todas aquellas personas que lo necesiten; la aprobación inmediata de una Ley de salud sexual y reproductiva que despenalice totalmente la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que deberá ser garantizada de manera universal y gratuita en la red pública sanitaria; la modificación de la ley de extranjería, para que quienes viven y trabajan aquí sean sujetos con iguales derechos; la coeducación como el máximo garante de igualdad entre hombres y mujeres, en una red educativa pública, laica, y con participación en su gestión de toda la comunidad educativa; una ley que recoja la abolición de la prostitución, y medidas integrales que garanticen la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres; solicitamos la inmediata modificación de la actual ley contra la Violencia de Género; la equiparación en derechos del régimen especial de empleadas de hogar al régimen general de la seguridad social ; y por último, la paridad real, entendida ésta como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales, y no como la interpreta la actual Ley de Igualdad.
Debemos alcanzar un enorme grado de consenso, no sólo en la estrategia a desarrollar para trazar la alternativa al sistema capitalista, sino también en las demandas inmediatas, y cómo conseguirlas: el camino que debemos dibujar no es, en absoluto, el de la concertación social, sino el de la presión mediante las movilizaciones primero sectoriales, y luego territoriales, allí donde las condiciones vayan siendo más idóneas, que posibiliten las condiciones subjetivas de una huelga general.
Paloma Martín es miembro de la Permanente de la Secretaría de la Mujer del PCE
