Uno de los aspectos de la crisis global en que esta inmerso el sistema capitalista en los países desarrollados es el colapso de sus sistemas fiscales.
El neoliberalismo plantea que el Estado debe renunciar a tener un papel relevante en la vida económica, tanto en la provisión de servicios como en el proceso de creación de tejido productivo. Ello se argumentaba, sosteniendo que los capitalistas eran quienes que mejor sabían invertir, para obtener una máxima eficiencia, productividad, debido a que estaban motivados en obtener un alto rendimiento del capital si este era suyo. De ello deducían que permitir la codicia privada en la búsqueda de más beneficios, era la forma más adecuada para que la sociedad alcanzase el crecimiento económico.
Al Estado se le imputaban su tendencia a la corrupción, a la ineficiencia burocrática,sus gastos suntuarios, etc. Por lo que había que reducir su papel.
Dejando de lado el hecho de que crecimiento del capital no es bienestar ni desarrollo, que las burocracias y corruptelas no son patrimonio exclusivo del sector público, la actual crisis muestra que los capitalistas no sabían emplear esa supuesta capacidad de invertir.y que su único interés era tener más beneficios.
Efectivamente, durante un tiempo han mejorado sus beneficios de la forma más fácil, no mejorando sus empresas sino simplemente apropiándose de parte de lo que antes dejaban en forma de impuestos. Con ello han acumulado un enorme excedente financiero: han pasado a disponer en sus manos de mucho más dinero. ¿Y que han hecho? ¿Han creado más tejido productivo? No, lo que han hecho es crear una inmensa burbuja financiera de carácter especulativo: en los fondos de pensiones, en las empresas punto com, en las hipotecas basura, en la especulación del suelo inmobiliario, en la especulación de los recursos naturales e incluso de la tierra cultivable o el agua. La producción no ha aumentado al mismo ritmo que el beneficio.
Cuando el dinero crece más rápido que los productos, especialmente en mercados sin control, se produce un aumento de precios en una espiral alcista que primero da apetitosos rendimientos especulativos, pero que ha acabado por asfixiar al propio sistema, porque ha desplazado la inversión industrial. ¿Quién va a invertir en una fabrica que da un 10% al año, con conflictos laborales, de innovación, de gestión… cuando es posible sacar un 20 o un 30% especulando en el sector financiero?
La reducción de impuestos ha supuesto también otros aspectos negativos. Uno evidente es que como el Estado ingresa menos, se han degradado los servicios sociales, las prestaciones públicas o la inversión productiva. Ello implica que los países con el tiempo se han hecho menos eficientes porque su educación es peor, porque su servicio sanitario da menos nivel de bienestar, porque se abandona la inversión en las grandes infraestructuras ahora en manos privadas (energía, transporte, etc.) y ello supone al final encarecer y obstruir los procesos productivos que son los que generan empleo, bienes y servicios.
Pero hay otro impacto negativo al que no se le presta suficiente atención. Como el Estado debe seguir prestando servicios (administración, ejército, etc.) ahora los impuestos salen de otra parte. Se ha pasado a un modelo fiscal en que son básicamente los trabajadores los que financian los servicios del Estado. Los impuestos han dejado de ser un instrumento de redistribución de la riqueza entre los más ricos y los pobres. Ahora los pobres pagan a escote los servicios del Estado.
Los datos empíricos que muestran una evolución escandalosa, en que de hecho hoy son los trabajadores quienes soportan el pago fundamental de los presupuestos del Estado, con lo que al final pagan las subvenciones a las empresas y los bancos, mientras que estas en la práctica han dejado de pagar impuestos. Es el trabajo quien paga y autofinancia la sanidad, la educación o las jubilaciones. Pero además, cuando llega la crisis son quienes al final subvencionan a los bancos, las industrias del automóvil o la construcción.
Hay que reconocer que los neoliberales y las patronales en España tienen razón cuando dicen que el hecho que el IRPF sea tan gravoso para los trabajadores, es un elemento que no permite recuperar el empleo, ya que cada puesto de trabajo sale muy caro. Efectivamente con el actual sistema impositivo, que bascula sobre los trabajadores, al soportar la fuerza de trabajo el peso central de los impuestos, se desincentiva la creación de empleo. ¿Pero que proponen como solución? La Patronal y toda la derecha económica proponen bajar los impuestos sobre el trabajo (para poder bajar los sueldos, no para que los trabajadores cobren más) y aumentarlos sobre el consumo por medio de subir el IVA.
Esta realidad, no obstante, oculta dos problemas: Primero que los impuestos sobre el consumo son los más injustos. Los impuestos indirectos gravan con la misma intensidad al que tiene mucho y al que tiene poco. Un 30% de IVA sobre el pan, el tabaco o el cine lo paga igual el pobre que el rico. Una persona rica que tenga un ingreso 100 veces mayor que una persona pobre, no consume 100 veces más pan, ni tabaco o cine que el pobre.
En realidad el impuesto indirecto (sobre el consumo) beneficia a los ricos y perjudica relativamente a los pobres. Y en segundo lugar, los impuesto indirectos deprimen la economía, porque se consume menos, hay menos demanda de bienes, las fábricas producen menos y por tanto se genera menos empleo. En un ciclo depresivo, más impuestos sobre el consumo, llevan a deprimir aún más la economía.
Viendo lo ocurrido en nuestra economía es fácil deducir la solución. Como se ha explicado, al abrigo del discurso neoliberal se les han bajado los impuestos a los grandes capitalistas y sus empresas. Los impuestos han dejado de ser un mecanismo para redistribuir de ricos a pobres, ahora con ellos los pobres financian los servicios del Estado. Muchas veces en beneficio de los ricos, que reciben subvenciones, aprovechan la investigación pública, las infraestructuras de transporte o el uso de unos trabajadores bien formados.
Los ricos con lo que se han ahorrado en impuestos se han dedicado a especular en lugar de invertir y han llevado con su modelo especulativo-inmobiliario al colapso del país.
Luego la solución es volver aumentar los impuestos sobre el beneficio y el patrimonio y que el Estado planifique el transito a un nuevo modelo productivo que se base en sectores que no sean el turismo y el tocho.
Efectivamente hay vida más allá del modelo actual: sector agroalimentario, nuevas tecnologías, energías renovables, servicios de proximidad, bioingeniería, etc. Todo ello sobre bases cooperativas y creadoras de empleo, de crecimiento endógeno y no hacia la deslocalización y la precarización de los trabajadores del país.
El Estado debe modificarse, hay que prestar atención a las críticas a la ineficiencia y corrupción del Estado y buscar formas de ponerles coto. Pero en la medida que el Estado es representativo de sus ciudadanos, en la medida que estos a través de el pueden controlar participativamente la política económica, en la medida en que la cosa publica en lugar de quedar en manos de los lobbies financieros y mediáticos, sea gestionada en beneficio de todos, a través de procesos públicos, transparentes, basados en datos no manipulados, en debates públicos, en control efectivo (por ejemplo también con una Justicia que funcione a tiempo e igual para todos); la superioridad de la planificación y la gestión participativa es evidente.
Se trata, pués, de que sea la propia gente que decida las políticas económicas que quiere, no que dejemos la economía en manos de codiciosos (comportamiento propio del capitalista) que siguen balbuceando que con su comportamiento de latrocinio social, por medio de una supuesta mágica una mano invisible en realidad actúan en beneficio de todos: hay que denunciar esa patraña digna de cualquier mito religioso de la peor calaña y recuperar el discurso propio de las tradiciones emancipatorias.
Desde la izquierda debe exigirse con valor y sin tapujos sustituir la brújula orientadora de la economía. Esta brújula ya no puede seguir siendo la búsqueda del beneficio privado, sino que lo que debe orientar la política económica es la búsqueda directa del empleo, bienestar y sostenibilidad de todos. Para ello es necesario una profunda reforma fiscal y una profunda reforma del Estado, para que la democracia llegue también a la economía.
*Militante del PSUC, Economista de la Universidad de Barcelona