Nos encontramos en un momento crucial de la lucha de clases en España. Frente a la crisis, los proyectos políticos de todas las clases y capas sociales que operan en la formación social española se están articulando de una manera más o menos consciente y efectiva. El efecto catalizador de la propia crisis sobre la conciencia de los trabajadores y el resto de los ciudadanos es evidente.
Por parte de la derecha económica y social la propuesta es meridianamente clara y repite, en lo fundamental, los esquemas con los que ha abordado las crisis de 1974-75 y 1990-91.
Se trataría de disminuir sustancialmente el coste de la fuerza de trabajo, mediante la reducción de los costes salariales reales, el descenso de las cotizaciones de la Seguridad Social, la desregulación aún mayor de las relaciones laborales y el descenso de su contribución fiscal.
La gran patronal española excluye en su modelo de salida de la crisis cualquier tipo de política de aumento de la demanda, buscando la realización del beneficio exclusivamente por la reducción de costes y la concentración del capital, eliminando del mercado a un buen número de pequeñas empresas.
Es necesario subrayar este último aspecto porque hace posible alianzas amplias desde la izquierda. Trabajadores y pequeños empresarios están interesados en soluciones que refuercen la demanda. Para las pequeñas empresas y los autónomos el problema esencial es que no venden porque no hay demanda y si venden no cobran porque sus clientes no tienen liquidez.
Por parte del Gobierno, las bases de su anunciada Ley de Economía Sostenible, que ha dado recientemente a conocer, son profundamente decepcionantes y superficiales. En lo económico, se limitan a mejorar el entorno regulatorio, por cierto llevando a sus últimos extremos la Directiva Bolkestein a través de la llamada Ley “ómnibus”, ya en trámite parlamentario. En cuestiones medioambientales, propone como objetivo garantizar el uso sostenible de los recursos, especialmente los energéticos y en lo social (por seguir la terminología del documento) no pasa de la mejora de la formación del capital humano. Como puede apreciarse no llega siquiera a la “refundación” del modelo, aunque se esfuerce en una ligera mano de pintura verde.
La alternativa desde la izquierda transformadora
Una caracterización del actual modelo productivo español podría resumirse en algunos rasgos esenciales: bajos salarios y escasa protección social; economía sumergida, fraude, baja contribución fiscal y escasa progresividad, potenciación de la construcción residencial especulativa (ladrillo) y de los servicios de poco valor añadido (hostelería),endeudamiento de las familias y las empresas, importador, contaminante, dependiente tecnológicamente y estructuralmente corrupto, hasta dañar la calidad democrática de la política. No hay alternativa al modelo, sin alternativas a cada uno de sus rasgos esenciales.
Es evidente que ese cambio no es un cambio de sistema, pero nos situará en mejores condiciones para un cambio de sistema: es decir para avanzar hacia el socialismo.
Coincido con lo expresado por Joaquín Arriola en su ponencia presentada recientemente en la Escuela de Formación de IU. La polémica histórica entre reforma y revolución no se da hoy en los mismos términos. Hay reformas paliativas, reformas defensivas y reformas transformadoras (o si se quiere revolucionarias, en el sentido de que se proponen modificar la correlación de fuerzas al mismo tiempo que procuran atender las reivindicaciones de los sectores que defendemos)
Debemos plantear un cambio cualitativo de modelo que subordine el beneficio privado al interés general y ponga en primer plano el valor social de la producción y del trabajo. Se trata de un modelo productivo que sea sostenible, tanto desde el punto de vista humano -generando empleo estable, digno y de calidad- como medioambiental y que cuestione, incluso, los conceptos de crecimiento y desarrollo.
Este nuevo modelo productivo se fundamenta en un cambio de modelo fiscal (con una reforma fiscal progresiva) y un fuerte sector público que lidere los cambios necesarios en la época del post petróleo y que garantice mediante una banca pública el papel de intermediación financiera al servicio de los intereses colectivos. Debe apoyar la economía social, la soberanía alimentaria y las empresas agrícolas familiares. Para aplicarlo es imprescindible la planificación democrática de la economía y un control de los trabajadores sobre las decisiones estratégicas de las empresas.
El primer paso para avanzar en ese modelo es reconocer que nos encontramos esencialmente ante una crisis profunda del sistema que en lo esencial es una crisis de demanda. Es decir hay una sobreproducción porque lo que se fabrica no se puede comprar por los bajos salarios y pensiones, la escasa inversión pública y el raquitismo de los servicios sociales.
La lucha por este modelo depende de una mayor cohesión política e ideológica en el seno de la izquierda transformadora, que nos permita avanzar en la hegemonía. Hay que debatir de estas cosas si queremos llegar con un discurso coherente a los trabajadores y al conjunto de la sociedad.
En esa izquierda, incluidos el PCE e Izquierda Unida, hay sectores que pueden estar de acuerdo con el cambio de modelo, aunque no estén convencidos de que el objetivo estratégico sea el socialismo, en su acepción clásica y fuerte. Hay otros que consideran que no hay alternativa, no sólo al sistema capitalista, sino incluso a su versión neoliberal. Por tanto, para ellos es una pérdida de tiempo cualquier debate en esa dirección e incluso un autoengaño. Simplemente se trataría de la gestión de lo cotidiano.
Por tanto, hay que hacer aflorar el debate de fondo, como única forma de continuar avanzado en la coherencia del discurso. De esto se puede hablar en otro artículo.
* Secretario de Economía y Trabajo de Izquierda Unida
