Mundo Obrero: ¿Para qué se han hecho estas Jornadas?
José Antonio García Rubio: Las razones son bien sencillas. El Gobierno, empujado por los grandes intereses financieros, ha iniciado el proceso de reestructuración del sistema financiero en España. Su objetivo más claro son las Cajas de Ahorro, cuya privatización es una de las finalidades de esos intereses. Nada más aprobarse el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con el voto en contra de IU en el Congreso de los Diputados, han empezado los movimientos en las cajas andaluzas y catalanas y en Caja Madrid se ha abierto el debate sobre la absorción o fusión con otras cajas. No podemos ir a remolque de esas iniciativas, porque esto sería lo mismo que aceptar una posición subalterna con relación al proyecto estratégico de esos grandes intereses financieros. Izquierda Unida debe tener, también en este campo, una política alternativa. Las Jornadas nos han permitido discutir esa política y afinar nuestros planteamientos en un debate muy abierto con organizaciones sociales y sindicales.
Por otro lado, el nuevo modelo productivo que defendemos como salida de la crisis exige un polo financiero público capaz de facilitar en buenas condiciones a las familias y a las pequeñas empresas y autónomos el crédito que necesitan para sus proyectos. Hoy, la banca privada no quiere o no puede jugar ese papel y el Instituto de Crédito Oficial no tiene los instrumentos ni siquiera para ejecutar sus propias líneas de crédito. Si hubiera una banca pública y la voluntad política para utilizarla, muchos problemas de liquidez, con su percusión sobre el empleo, no tendrían por qué darse. No hay que olvidar que, en España, hubo hasta principios de los 90 una banca pública que representaba el 20% del sistema financiero y que Solbes y Rato se encargaron de privatizar aceleradamente. En otros países de Europa existe Banca pública y juega un papel importante. En las Jornadas hemos avanzado en el diseño de un sistema financiero público, que tenemos que perfeccionar en una nueva edición de estas Jornadas, con el enfoque de que sea una herramienta eficaz para un nuevo modelo productivo alternativo al que nos ha llevado a la crisis. Un modelo que equilibre Estado y mercado, hasta el punto de que el mercado no pueda ser un impedimento para un desarrollo humana y medioambientalmente sostenible, que garantice el pleno empleo, de calidad y dignamente retribuido.
M.O.: ¿Cómo se articula la ofensiva del capital financiero para privatizar las cajas de Ahorro?
J.A.G.: Legalmente se intenta hacer mediante la aplicación del FROB y bajo la dirección ejecutiva del Banco de España. La ofensiva tiene tres ejes y no sería necesario que se lograran los tres; uno sólo bastaría para encajonar las Cajas en el redil del capital privado.
El primero de ellos es otorgar derechos políticos (es decir participación en la gestión) a las participaciones con las que el Estado entre en el capital de las Cajas. Estas participaciones se venderían después a inversores privados, aunque -se dice por ahora- desprovistas de esos derechos políticos. Pero surgen dos cuestiones: no parece que sea necesario que el Gobierno recurra a derechos políticos para condicionar la gestión de las Cajas participadas. Tiene recursos legales para hacerlo sin usar esos derechos. Pero, sobre todo, ¿qué inversor privado adquiriría unas participaciones sin reparto de beneficio (las Cajas no pueden darlo, porque los destinan a Obra Social) y sin derecho a votar en los órganos? Tanto los sindicatos como Izquierda Unida estamos convencidos de que esos derechos políticos se mantendrán y serán la punta de lanza de la privatización.
El segundo eje es permitir fusiones y absorciones fuera del ámbito de cada Comunidad Autónoma. Eso significa automáticamente que habrá Comunidades sin Caja (los expertos estiman que sólo quedarán 10 Cajas de Ahorro de las 45 actuales) y que, por tanto, se perderá en ellas las posibilidades de una banca parapública ligada a los objetivos regionales de desarrollo.
El tercer eje es denostar el actual modelo de gestión de las Cajas aprovechando la crisis de la CCM. Dicen que hay que profesionalizar la gestión y despolitizarla, como si los profesionales de la gestión financiera de este país no hayan sido de los más politizados del mundo. Además, las graves crisis financieras de la banca española, cito los casos de Rumasa y Banesto por sus costes de cientos de miles de millones para los contribuyentes pero hay más, han sido responsabilidad de banqueros autodefinidos como profesionales. El problema de las Cajas es precisamente que han copiado los modelos de gestión y la operativa de la banca privada para lo bueno y para lo malo. Y lo malo es muy malo.
M.O.: ¿Cómo sintetizarías la propuesta de IU sobre las Cajas de Ahorro?
J.A.R.: La propuesta de IU se coloca enfrente de cada uno de los ejes de esa ofensiva: queremos conservar la naturaleza jurídica parapública de las Cajas sin ninguna fisura, convertirlas en instrumento de banca comercial al servicio de los objetivos de desarrollo que, democráticamente, se establezcan en cada CC.AA. (y que no excluyen fórmulas de colaboración con cajas de otras CC.AA.) y asegurar un control público y democrático efectivo con responsabilidad real (incluso penal) de los gestores y rendimiento de cuentas ante los Parlamentos Autonómicos.
M.O.: ¿Por qué es necesaria una banca pública?
J.A.R.: Como decía antes, porque sin ella no habrá modelo productivo alternativo. A lo sumo un lavado de cara del actual. Además porque cuando la banca privada se ha hecho tan importante que su crisis entraña la crisis del sistema y obliga a gastar decenas de miles de millones de euros sólo en España, que son de todos nosotros, para intentar asegurar -sin lograrlo- que cumpla su papel de intermediación, una Banca Pública evitaría ese chantaje y ese gasto. Sería bueno para la economía productiva y para la mayoría de los ciudadanos, excepto los banqueros y sus amigos.
