La Misión Internacional de Derechos Humanos sobre Honduras, organizada por la Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Red CIFCA se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante y después del golpe de estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU y a, la Unión Europea.
La Misión recibió testimonios de distintos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades golpistas a lo largo de todo el territorio hondureño, constanado la gravedad y sistematicidad de esas violaciones.
El 28 de junio de 2009, efectivos del Ejército de Honduras, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, donde fué abandonado.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes que en ella se encontraban. El 28 de junio, el Congreso de la República selló el golpe de estado, procediendo a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, “cesándolo” en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional que posibilitara tal cese, y designando al entonces Presidente del Congreso y conocido empresario con turbios antecedentes como delincuente económico, como “Presidente Constitucional de la República”. Se consumaba asi la conpiracion golpista en la que han estado implicados buena parte de los miembros de la Cámara Legislativa, la Fiscalia de la Nacion, parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los grandes empresarios del país y las iglesias católica y evangélicas norteamericanas, quienes en todo momento actuaron con la complacencia y el conocimiento de la Embajada de EEUU, según manifestaron a la Misión distintos diputados del Partido Liberal que siguieron de cerca los hechos previos al golpe de estado.
El 30 de junio, las autoridades golpistas emitieron un Decreto, firmado por el golpista Micheleti, restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad personal, prohibición de “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.
El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio – conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio- por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo.
La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad.
El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continua siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión.
Asímismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del Toque de Queda impuesto en la capital y en el interior del país.
La Misión mostró su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y por su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste.
La Misión ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de estado. Ha constatado la desprotección de numerosos afectados ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas.
En particular, la Misión llamó la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de sus obligaciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio, antiguo defensor de los Derechos Humanos que hoy día se ha aliado incondicionalmente con el conglomerado golpista compuesto por civiles y militares.
Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos-as extranjeros, entre otros.
Merece la pena mención especial la represión de que estan siendo objeto los periodistas y medios de comunicacion -pocos- que han permanecido fieles a la legalidad constitucional, quienes han padecido detenciones arbitarias, ametrallamientos de sus intalaciones, allanamientos por los militares y asesinatos de destacados periodistas. Muy grave es la aparicion de fuerzas paramilitares, compuestas por miembros de compañias privadas de seguridad al servicio de los grandes empresarios agrícolas hondureños, quienes vistiendo uniformes militares operan en distintas zonas del pais junto a unidades del Ejército, señalando a los civiles que deben ser objeto de la represión.
Blancos principales de esta violación sistemática de derecho son los militantes y dirigentes del único partido de izquierdas con representación en la Cámara legislativa hondureña, Unificación Democrática, partido que está liderando la Resistencia popular al golpe de estado, lo que está pagando con la vida, la desaparición forzosa, la detención y las torturas de numerosos de sus militantes.
*Miembro de la Mision de observacion sobre DDHH en Honduras
