El proyecto de Ley de Educación Catalana (Lec) ha sido aprobado en el Parlamento de Cataluña.Un gran consenso político lo ha encubierto. El acuerdo entre el Consejero de Enseñanza Ernest Maragall (PSC), padre de la criatura, ERC y CiU ha contado con el beneplácito de la gran patronal religiosa. La no beligerancia y la aceptación tácita de los socios supuestamente más «izquierdistas» del tripartito, IC-V-EUiA, que sólo han votado en contra de unos pocos artículos, ha dotado de una pátina de legitimación progresista al articulado. Esta coalición de izquierdas negoció la votación parcial de las enmiendas para enmascarar y preservar una cierta imagen de distanciamiento del proyecto, mientras los sindicatos mayoritarios se posicionaban en contra. ¡Las fuerzas que representaban a la izquierda en contra de los mismos trabajadores que dicen defender! El apego de estas fuerzas al gobierno y sus beneficios ha generado posiciones tan esperpénticas como la que se produjo unos días antes de producirse la tercera huelga general contra el proyecto, el 18 de febrero concretamente. Ese día la coalición de izquierdas sacaba pecho apoyando en sus reivindicaciones a los sindicatos; el día 19, tras una «llamada» del President, tanto IC-V como EUiA, rectificaban el discurso; del «…damos apoyo a los sindicatos y la huelga…» se pasó a elogiar «…… les grandes realizaciones de la Consejería…». La debilidad política de Iniciativa per Catalunya al reprimir a los estudiantes anti-Bolonia, la defensa del presidente Montilla de la actuación del Consejero Saura, ha obligado a esta formación a aceptar el susodicho Plan y matizar las criticas a la LEC. No se puede estar en un gobierno a trozos, las opciones tomadas son decisiones que implican a los miembros, a todos, del Consejo Ejecutivo.
La contestación contra este desaguisado ha venido del campo sindical. Las tres huelgas masivas en el sector han hecho aflorar las graves contradicciones del propio Tripartito.
Sometidos a la presión de lo institucional, estos grupos más «izquierdistas» han acabado por enmudecer delante del clamor sindical. Es especialmente triste y vergonzante que esta ley, anhelada en el imaginario progresista y síntesis de grandes aspiraciones igualitarias, haya sido promovida por el segundo tripartito. Envuelta en los oropeles del neo-lenguaje, no puede ocultar aunque quisiera, su contenido rancio ni su ideología Neoliberal. Se quiere definir un modelo social más allá de lo propiamente educativo. El aumento de la oferta privada reforzará la segregación y el dualismo social por un lado, mientras la división social del trabajo en función del tipo de escuela, se convierte en elemento central por otro.
Son cinco les grandes líneas rectoras que confluyen subterráneamente en la ley. La primera, se define en el marco de las grandes instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario y OCDE) desde ahí se proyecta en la política educativa. Los ojos de estas organizaciones hace tiempo se fijaron en este mundo. El objetivo como ya sabemos es claro:
privatizar los servicios públicos y aumentar les tasas de beneficio empresarial. La educación se ha convertido, no únicamente por su valor ideológico o simbólico, sino también por el económico, en un enorme y sabroso pastel. Las más altas instituciones del gobierno catalán han asumido este credo. Las declaraciones del Presidente Montilla dan fe de su ideario Neoliberal. El día 10 de marzo en el «Cercle Financer de la Caixa», auténtico poder financiero y fáctico de Catalunya, desnudó su rostro y se nos mostró sin cosméticos ni parafernalias: la privatización, la reducción de lo público, son las grandes soluciones a las dificultades de la sociedad catalana. No es un recurso dialéctico más, la actuación del segundo gobierno tripartito participa claramente de esta orientación. La propuesta de privatización del proyecto de ley al que hacemos referencia es un ejemplo clarificador, la apuesta por la energía nuclear, el copago a los medicamentos, el rechazo a la ILP contra los transgénicos para la que contó con el apoyo inestimable de CiU, mientras la sociedad civil reunía más de 100 000 firmas, son otros elementos que evidencian la deriva Neoliberal del gobierno catalán.
Una segunda corriente «telúrica» emana del proyecto; la necesidad de reducir la financiación pública. Se arbitran nuevas fórmulas de intervención de la empresa privada en el mundo educativo. La eliminación de los bachilleratos nocturnos (uno de los caballos de batalla de la Conserjería) per ejemplo, generará nuevos nichos de negocio ocupados vía telemática o presencial por las entidades privadas. Ya no es tan irrisorio pensar en la instauración en las escuelas de primaria o de los institutos el día de la Coca-Cola o el día del Mac Donal, como se hace en los EEUU y el Reino Unido. En su momento algunas cajas y bancos propusieron crear el «día del ahorro» en las escuelas, tal vez esté cerca su momento. Desde hace años algunas cajas y bancos catalanes financian concursos de dibujo o redacción, como fórmula para aumentar su carga propagandística, lo que aún hoy son acciones puntuales, ley en mano pueden tener su propia carta de naturaleza, pasando a ser consideradas como un fuente más de ingresos económicos por los centros cada vez más infradotados financieramente. ¿Alcanzaremos a incluir propaganda de marcas de ropa y bebidas en los exámenes de nuestros hijos, como se está introducción en los EEUU?
La tercera tendencia es la transferencia de recursos públicos al sector privado. Las directrices emanadas de la ley, han encontrado amplio apoyo en los sectores más conservadores de la derecha, (CiU y PP- este último partido solo ha presentado enmiendas en el tema lingüístico) puesto que amplía la posibilidad de aumentar la financiación pública a las escuelas privadas – concertadas. La presión de la patronal religiosa y de CiU también ha conseguido introducir la posibilitad de crear escuelas privadas con fondos públicos. La ampliación de los conciertos, no va ha excluir las segregadas per razón de sexo. El Opus Dei está de enhorabuena. Más 200 euros por niño y niña serán transferidos a las escuelas mas elitistas; así escuelas para clases sociales altas, con cuotas de 500 o más euros mensuales, estarán subvencionadas con los impuestos de los trabajadores, los jubilados o parados. Contrasta todo esto con la reducción en el presupuesto de inversiones en un 15% este año, con la masificación escolar en la pública ( según cifras no oficiales, per efecto de la crisis se calcula la marcha de más de 15000 alumnos de la escuela privada-concertada a la escuela pública)
La cuarta corriente es la municipalización de la enseñanza pública (al tener ideario propio la privada tendrá otro tipo de consideración), el objetivo oculto es el mismo, la reducción y la transferencia. Tal y como se deriva del proyecto, la dispersión y el desmembramiento serán el resultado. Las experiencias educativas de municipalización en América Latina o el Reino Unido por ejemplo, son responsables en gran medida del bajo nivel educativo de esos países.
Se potencia la jerarquización de escuelas (la obligatoriedad de las evaluaciones anuales conduce necesariamente al establecimiento de rankings escolares de «mejores» o «peores» escuelas. El proyecto trasluce el deseo de convertir la escuela pública no solamente en subsidiaria de la privada – concertada sino en asistencial (escuelas de pobres) la consecuencia es la segregación social.
La quinta corriente fija un modelo de gestión gerencial, jerarquizarte y autoritario. La consecuencia perseguida queda al descubierto; la desregularización de las actuales condiciones de trabajo del profesorado. El modelo de dirección propuesto es el medio para profundizar en la precarización y reducir los costos. La retórica utilizada de la necesaria defensa de lo público, choca con la realidad práctica de la propia Consejería; en el primer trimestre de este año el Departamento de Educación ha otorgado 23 millones de euros a la enseñanza concertada mientras se dota con 3 millones la construcción de nuevos equipamientos públicos. Paralelamente la Consejería de la Vicepresidencia (Carold Rovira, ERC) otorga subvenciones millonarias a escuelas del sur de Francia para potenciar el catalán o subvencionar a los Indios Ecuatorianos para mantener les lenguas indígenas.
Paralelamente a la tramitación de la ley, otras medidas se han articulado en el horizonte, se ha propuesto ya, el aumento en la carga lectiva de los maestros (la propuesta fluctúa alrededor del 20%) esto provocará la supresión de miles de puestos de trabajo, que ahora ejercen como interinos o contratados, no será necesario contratarlos; profesionales, por otro lado, imprescindibles si se quiere mantener o mejorar los niveles de calidad. Estamos pues frente a un ERE silencioso pero igual de efectivo y terrible.
La ley de educación catalana se dispone a dar un giro de tuerca más a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Quiere penetrar en el ideario colectivo progresista aprestándose a destruir unos de los elementos más queridos y diferenciadores de la política de izquierdas; la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
La patronal religiosa esta satisfecha, se están cumpliendo sus demandas mas deseadas. La nueva LEC conserva y amplía sus privilegios. En un momento del debate sobre la ley, se cuestionó la autonomía de la patronal sobre el sector educativo. Las primeras redacciones de la ley, finalmente abandonados completamente, exigían un cierto control sobre las escuelas privadas -concertadas en temas como la atención a la diversidad. Todo eso ha desaparecido en la redacción final. Lejos de defender lo público como un valor central de la política educativa, la ley permite que la segregación escolar tome carta de naturaleza. Por otro lado, este proyecto de ley se ha convertido en una gran oportunidad de probar un futuro gobierno socio-convergente. Al mismo tiempo se aprovecha de la incapacidad de articulación de una acción antagónica de la izquierda social, prisionera como está del más estrecho institucionalismo, para preparar las condiciones de un giro aún más Neoliberal en lo social y lo económico.
* Investigador universitario
