El pasado 23 de enero, en el auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras (CC.OO), se celebró el acto anual que impulsa la Fundación Abogados de Atocha, en memoria de nuestros camaradas asesinados en el despacho laboralista del número 59 de la calle Atocha de Madrid. En esta ocasión, a los habituales premios concedidos a dos entrañables luchadores, Marcos Ana y Domingo Malagón, se unió un doble reconocimiento: a los abogados que desempeñaron la acusación particular en el juicio contra los asesinos, y a la organización clandestina de jueces, y fiscales Justicia Democrática.

El despacho de Atocha era un eslabón más de la red establecida por el Partido Comunista de España iniciada en el despacho de la calle de la Cruz de Madrid. La política de utilización de espacios legales en la lucha para derrocar la dictadura franquista encontraba un terreno adecuado en el ejercicio de la abogacía en las antiguas Magistraturas de Trabajo. Con notable acierto, la dirección de Madrid del Partido – Simón Sánchez Montero, Manolo López y María Luisa Suárez, entre otros- otorgó una gran autonomía a la célula de abogados para la estructura política interna – la elección de los responsables era directa desde la base- y facilitó la relación con las organizaciones clandestinas de Comisiones Obreras. Poco a poco los despachos se fueron ampliando y su presencia en los Juzgados se hizo habitual y mayoritaria frente al oficialista Sindicato Vertical que, de forma acelerada, perdía protagonismo y clientela mientras cada vez era mayor el número de trabajadores que depositaban su confianza en unos abogados radicalmente distintos a los que habían soportado durante tantos años. A la actuación en las Magistraturas de Trabajo se unió el asesoramiento a la organizaciones de barrio, las defensas en el Tribunal de Orden Público, y el apoyo directo – como un recurso organizativo más – al trabajo sindical clandestino. En fecha no muy lejana, con algo de sorpresa y mucho de alegría también se unió la noticia del nacimiento de Justicia Demo-crática como organización de Jueces, Fiscales y Secretarios judiciales que aceptaban convertirse en delincuentes, como autores de un delito de asociación ilícita, para colaborar en la tarea de tumbar la dictadura y con ella un aparato judicial servil y bochornoso.

El funcionamiento interno de los despachos respondía a la generosidad y hermandad que brota y es posible en las situaciones límites: desde el salario igual, sin distinciones, al horario incierto por la acumulación del trabajo. Y ejerciendo esa generosidad y entrega, cuatro abogados laboralistas y un trabajador del despacho, militantes del Partido Comunista de España, fueron víctimas del rostro más brutal del odio y el fanatismo. Los asesinos creyeron que la estupidez y la muerte pueden anotarse en el haber de la victoria. Se equivocaron: sólo obtuvieron la derrota. Y el día 23 de enero ,en el local de CC.OO., en la libertad que ellos querían truncar, en las palabras de los que fueron sus acusadores recibieron una nueva lección: «la decisión fue unánime: ninguno de nosotros pediremos en el juicio la pena de muerte».

José Luis Núñez Casal, Abogado laboralista. Participó en la acusación popular en el juicio contra los asesinos de los camarada de Atocha.

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El primer y último juicio del franquismo

Redacción

ha se sentaban en el banquillo de los acusados. La manifestaciones de repulsa al crimen fueron tan contundentes que se hizo inevitable juzgar a los culpables, eso sí, sólo a los sicarios. Los inductores se salvaron: fue imposible llegar hasta los servicios de seguridad del Estado y, menos aún, hasta sus superiores. La Fundación Abogados de Atocha premió a quienes ejercieron la acusación popular, aquellos ocho abogados que representaban a sus compañeros masacrados, que acostumbrados a defender las libertades llegaron a parar el juicio para que los asesinos tuvieron unos abogados que les defendieran debidamente. Porque las libertades, justicia e igualdad que reivindicabamos eran para todos, hasta para ellos.
Aquél fue el primer juicio al franquismo. Y también el útlimo, como recordó José Antonio Martín Pallín, “porque no hubo otro”. Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, agradeció el reconocimiento que la Fundación otorgó a Justicia Democrática aquella “asociación ilegal creada por jueces, fiscales y secretarios judiciales”, el primer reconocimiento público en 33 años.
Los premios anuales de esta sexta edicción fueron para dos veteranos comunistas: Domingo Malagón, “el falsicador del PCE”, obligado a vivir en una doble clandestinidad, la del franquismo, y la del Partido, -para proteger su identidad-, y el poeta Marcos Ana, que aprovechó para renovar una vez más su compromiso.