El pasado 16 de junio, un conjunto de organizaciones y plataformas sociales (ACSUR, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Campaña «CIE’s No» de Valencia, CEAR, Convivir Sin Racismo, Federación estatal de Asociaciones de SOS Racismo, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, Fundación Acción Pro Derechos Humanos, Inmigrapenal, Médicos del Mundo, Migreurop, Mugak, Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga, Pueblos Unidos, Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y Centro Parroquial San Carlos Borromeo de Madrid) llevaron a cabo la presentación pública en Madrid de un manifiesto encabezado con el lema que hemos recogido en el título de esta crónica: «Que el Derecho no se detenga a la puerta de los Centros de Internamiento»

El día anterior, en una práctica que se está convirtiendo en habitual y que parece pretender acallar las críticas con medidas publicitarias, el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentaba también en rueda de prensa un acuerdo con Cruz Roja para permitir su asistencia en los CIE de Madrid, Valencia y Algeciras.

En el manifiesto se solicita en primer lugar, y como posición de principio, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ya que son espacios contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por España, se muestra preocupación por el oscurantismo con que el Gobierno español está elaborando el reglamento que regulará su funcionamiento y se reivindican medidas urgentes. Con la falta de información pública y debate se margina a la sociedad civil en el tratamiento de una de las medidas más cuestionadas de la política migratoria: la privación de libertad por una simple infracción administrativa a aquellas personas que no han podido obtener o renovar la autorización de residencia.

No se ha cumplido con el plazo de seis meses para aprobar esta regulación, tal y como lo estableció la última modificación de la ley de extranjería, pactada por el PSOE y CiU en diciembre de 2009, y la preocupación aumenta.El oscurantismo y la ausencia de diálogo social, señas de identidad de la actuación del Gobierno en esta materia, sólo puede presagiar la imposición de una norma restrictiva y limitadora de derechos, que dé continuidad a la actual inseguridad jurídica propiciada por la imposición unilateral y arbitraria de las normas por los directores de cada centro. Por eso las organizaciones sociales apelan a sumarse al llamamiento público y a la movilización.

Las denuncias documentadas sobre el funcionamiento de los CIE, formuladas en los últimos años desde distintos puntos de vista (movimiento asociativo, organizaciones internacionales, comisiones del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo y sus equivalentes autonómicos, o la propia Fiscalía General del Estado, etc.), no deberían obviarse si se quieren superar las graves vulneraciones a derechos detectadas en las que todos coinciden:

– Insuficiencia y deterioro de las instalaciones y la asistencia prestada, lo que genera situaciones de desamparo, humillación y peligro permanente para la salud física y mental.

– Incomunicación con el exterior y privación de derechos básicos de los internos sin ninguna base legal, como la utilización de los teléfonos privados o las visitas de los familiares.

– Continuas denuncias de abusos y malos tratos, sin que existan mecanismos de control eficaz que permitan su esclarecimiento, a pesar del supuesto control judicial.

Nos podemos preguntar qué sucedería si este grave diagnóstico se conociera en un país que no compartiera los patrones políticos o económicos.

A pesar de que el único derecho limitado por la ley es el de la libertad de movimientos (el internamiento es una medida cautelar en un procedimiento sancionador administrativo), hasta ahora la situación de los internos es mucho peor de la que se da en las prisiones. Por ello, el reglamento que debe aprobarse ahora debe garantizar el cumplimiento de todos los derechos que no repercuten en esa privación del libre desplazamiento, como la integridad física y psicológica, la salud, la asistencia jurídica y social, la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, el conocimiento y ejercicio de sus derechos, unas instalaciones en condiciones…

Es evidente que el problema originario radica en una ley de extranjería injusta y con un marcado sesgo represivo, pero el manifiesto reclama, en tanto no se logre alcanzar el cierre de estos centros, que se acabe con el oscurantismo sobre su funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los internos e internas, el acceso de las entidades sociales y proporcionando información pública y estadísticas precisas sobre las personas que pasan por los CIE, su situación jurídica, la duración del encierro y la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad. Una reivindicación de sentido común y estricto cumplimiento de la legalidad que supondría un claro alivio para una situación intolerable que lleva prolongándose demasiados años.

Secretario de Migraciones del PCE