Sobre la sentencia del Tribunal Supremo en relación a Baltasar Garzón

El PCE considera que la sentencia absolutoria de Garzón esconde un manto de impunidad judicial sobre los crímenes del franquismo

El Partido Comunista de España (PCE) lamenta la lectura sesgada e interesada que se está realizando de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra el exjuez Baltasar Garzón. Su absolución representa, en última instancia, un manto de impunidad judicial de los crímenes del franquismo.

El procedimiento judicial no ha permitido a las víctimas ser parte y expresar sus divergencias por considerarse que se trataba de un juicio que afecta solo al Magistrado y a los querellantes, a la sazón, organizaciones de extrema derecha. Ningún organismo de derechos humanos, ninguna asociación de víctimas, ningún familiar o representante de víctimas, ha podido exponer la otra visión jurídica sobre las cuestiones que ha tratado el Tribunal Supremo.

El PCE afirma que las víctimas han sido silenciadas y no tenidas en cuenta en un procedimiento que, en última instancia, les ha afectado en su condición de víctimas al quedar desamparados por parte de la administración de justicia.

El Partido Comunista seguirá defendiendo y buscando el encaje jurídico para demostrar que existen pruebas evidentes de que en España, tras el golpe militar, se produjo una brutal persecución prolongada durante casi 3 años y una feroz dictadura que reprimió durante 40 años a la población civil mediante asesinatos, torturas y desapariciones con el fin de acabar físicamente con una parte de la población.

Por último el PCE considera que la Ley de Amnistía de 1977 no es un instrumento que pueda ser utilizado por los Tribunales para impedir investigaciones de delitos contra la humanidad. Las víctimas, asociaciones de derechos humanos y  organismos internacionales de derechos humanos, no acuden a los tribunales sólo en busca de la verdad. Únicamente a través de la intervención de los tribunales y de la aplicación de las leyes penales en materia de derechos humanos podemos llegar al resarcimiento de las víctimas y levantar el manto de la impunidad.  Conseguir, en definitiva, los tres objetivos que cualquier país civilizado debe anteponer para completar su sistema democrático: la justicia, la verdad y la reparación. Esta sentencia es un nuevo atentado contra el avance y consecución de la defensa de los derechos humanos.

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